CARTAGENA. Todos, compañeros de partido incluido, dan por hecho que Yolanda Muñoz tiene las horas contadas al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. El consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad, Marcos Ortuño, no ha dejado lugar a dudas en sus manifestaciones este mismo jueves: "La presidenta de la Autoridad Portuaria estará a la altura de las circunstancias y tomará la decisión más adecuada", decía al ser preguntado por su situación. Noelia Arroyo, la alcaldesa de Cartagena, no ha tenido más remedio, una vez que la jueza ha abierto diligencias por las presuntas irregularidades detectadas en su gestión, que adherirse a la petición de su compañera de Gobierno, Ana Belén Castejón, para pedirle su dimisión.
La imputación de la jueza, a instancias de la denuncia de la Fiscalía hace una semana, ha abierto la caja de los truenos. Yolanda Muñoz se ha quedado sola al frente de su cargo, sin que nada ni nadie la sostenga, a tenor de lo que hemos podido oír y ver en las últimas horas. Por tanto, su futuro parece más que decidido. Ya no cuenta con el respaldo de los suyos, que antes no pedían su cabeza, pero esperaban acontecimientos. La imputación ha sido la gota que colmaba el vaso de los populares para cambiar la táctica, a pesar de que insistan en la presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera en un estado de derecho.
El resto de partidos políticos, sin distinción de color ni signo, también han pedido su dimisión, aunque han empleado algunos términos más contundentes como "expolio", "despotismo" y "nepotismo", como relataban desde MC Cartagena o, aun peor, las palabras de Diego Zaplana, representante en el consejo de administración del comité de empresa son incluso duras de digerir: "Esta señora funciona como lo hacían otros en Sicilia (…), es preocupante que siga gobernando el Puerto con esa actitud", acusaba Zaplana.
Muñoz habló el pasado lunes -¡qué lejos queda y cuántas cosas han sucedido después!- y explicaba a los medios de comunicación que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, le había pedido "máxima colaboración, transparencia y agilidad para que se aclare todo esto y eso es lo que estamos haciendo". Pero este propósito no parece mantenerse ya, aunque a la presidenta no se salga ni un ápice de este discurso. Nos encontramos en el periodo en el que la jueza, tras las pruebas expuestas por Fiscalía -presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos- deberá determinar si los hechos son punibles y si hay juicio o no. Recordemos que José Vélez, delegado del Gobierno, se ha agarrado a este argumento, para no dimitir tras ser imputado por unos hechos presuntamente acaecidos durante su etapa como alcalde de Calasparra..
Ayer mismo, después de la oleada de peticiones de dimisión, Yolanda Muñoz insistía en que espera que la justicia "trabaje con celeridad para no seguir manchando el buen nombre de la Autoridad Portuaria y del gran personal de la casa". Al contrario: se muestra convencida de que es más fácil aclararlo todo desde dentro que fuera. Nada decía de saltar del barco.
La presidenta portuaria es consciente de que está a una llamada de ser apartada, pero no va a dar el paso hasta que López Miras se lo diga y como siempre ha hecho, acatará las órdenes del jefe.
