CARTAGENA. La presidenta del Puerto de Cartagena, Yolanda Muñoz, ha anunciado que no presentará su dimisión, después de conocerse que la Fiscalía de la Región de Murcia y la Policía Nacional investigan un presunto caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena que afecta, entre otros, a la actual regidora de la APC y al expresidente Antonio Sevilla. "Mi afán es arrojar luz en todos los asuntos y puedo trabajar desde dentro para aclararlo todo y trabajar con la Justicia".
Dijo que en el plano personal se siente "dolida", pero más aún en lo que se refiere a la imagen que se puede estar ofreciendo del Puerto de Cartagena "porque es el motor económico de la Región. Está en un nivel de reconocimiento, expansión, crecimiento y desarrollo imparable".
En una comparecencia y tras un consejo de administración en el que el representante de los trabajadores, Diego Zaplana, y la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, pidieran su renuncia, la mandataria del Puerto anunció que seguirá en el cargo y comunicó una auditoría externa y otra interna, "para poder esclarecer lo máximo y despejar toda duda.
"Cuando tenga la oportunidad de explicarme se aclarará con total seguridad", arrancó diciendo Muñoz. "Queremos poner blanco sobre negro, para despejar todo tipo de duras, sobre todo frente a aquellos que quieren obtener rédito político".
Además, anunció que va a solicitar una auditoría interna y otra externa que evalúe la toma de decisiones y si "ha sido conforme a derecho".
"Los procedimientos de contratación que ha realizado la APC lo hace conforme a la ley, con la supervisión de los servicios jurídicos y la tutela de la abogacía del Estado" apostilló. "Con el fin de colaborar con la Justicia", subrayó, se ha encargado a la Intervención General del Estado "una auditoría interna de los contratos de personal y de servicios, que son objeto de investigación. Además, he informado al consejo de administración que vamos a encargar una auditoría externa de forma paralela, para mayor agilidad y celeridad, con una opinión experta, para que nos haga un diagnóstico de la situación actual en materia de personal -procedimientos, contrataciones, bolsa, selección- y nos emita un informe que nos diga si la toma de decisiones ha sido conforme a derecho. En el periodo comprendido objeto de la investigación. El mismo se dará cuenta inmediata al Consejo y al órgano judicial pertinente".
Reiteró que mantendrá una estrecha colaboración con la Justicia, de ahí que haya propuesto estas auditorías interna y externa "para poder esclarecer lo máximo y despejar toda duda. Se va a aclarar todo. Vamos a colaborar con la Justicia. Queda claro que esta presidenta y el Puerto de Cartagena hemos trabajado mucho para que el Puerto crezca y abrirlo al mundo y somos los primeros interesados en que todo esto se aclare", reiteró.
Respecto a si ha recibido llamadas desde el seno interno de su partido mostrando su apoyo o, por el contrario, pidiéndole que diera un paso al lado, la presidenta reiteraba lo mismo, en un intento de dejar claro la colaboración "máxima" para que todo quede esclarecido. "Lo que me transmite el presidente es que tengamos máxima colaboración, transparencia y agilidad para que se aclare todo esto y eso es lo que estamos haciendo".
Dice que desde el Comité de Empresa se ha seguido una "estrategia", en gran medida avalado por su presidenta, Isabel Rosique, para "denunciar supuestas irregularidades que esta presidenta quiere aclarar y explicar largo y tendido. Nadie nos ha llamado para explicarnos".
Diego Zaplana, delegado de CC.OO y representante también del Comité de Empresa, explicaba a la conclusión del consejo de administración que le habían pedido la dimisión, sobre todo, "por cuidar la imagen de la propia Autoridad Portuaria de Cartagena", afirmaba.
"El problema es que no nos ha dejado hablar. Ha dado su explicación al consejo y no hemos podido hablar, solo en el momento de los ruegos y preguntas y con sus continuas interrupciones", relataba Zaplana. "Los consejeros siempre hemos tenido libertad para hablar, pero, por lo visto, no le convenía que los demás consejero conocieran nuestra versión de ls hechos".
Añadía que si la Fiscalía ha encontrado motivos suficientes para hacer una denuncia en los juzgados "a pesar de la presunción de inocencia, esta señora debe de dimitir, porque la Fiscalía no acusa a la buena de dios, lo hace con fundamento. Entendemos que algunas explicaciones están tergiversadas o miente".
"Estamos deseando que se fije Juzgado para personarnos y poder conocer la denuncia de la Fiscalía", subrayó Zaplana.
Además, Zaplana explicó que en la reunió de este lunes se había puesto sobre la mesa una modificación del organigrama de personal de la APC, que "el actual organigrama no cumplía con la ley, el que se iba a votar con el estatuto de los trabajadores, en el proceso de consultas, obedece, parece a represalias o motivos nada justificados de traslados de un directivo de un sitio a otro. Por eso lo ha retirado. Con esta señora tenemos el récord de modificaciones de organigrama. Ahora, en un año es la tercera vez que se intentaba".
