MURCIA. Si alguien, más ingenuo que entusiasta, creyó que la experiencia de la pandemia 'nos haría mejores' y por ende la clase política corregiría algunos de sus vicios, la sesión de control demostró que todo permanece como antes: un pleno entre políticos equivale a un trueque de reproches, ataques y vituperios. Las preguntas al presidente del Gobierno regional acarrearon un intercambio de golpes, más destructivos que constructivos, entre diputados que, al menos en la tribuna, parecen olvidar su tregua por el coronavirus y sus propósitos de sellar un gran acuerdo político. La crispación no es sólo cosa del Congreso, también en la Asamblea Regional se respiró por momentos un clima tenso. Sirva un ejemplo: hasta tres veces se escuchó el nombre de ETA.
La oposición exigió explicaciones por los decretos que modifican la ley de Protección Ambiental. La portavoz de Podemos, María Marín, que fue la primera en abrir fuego, lamentó que el brote haya servido de excusa a la Comunidad para seguir con sus políticas, advirtió de que "son un clamor" las alertas por la contaminación y manifestó que los entornos de Cabo Cope, Calblanque y el Mar Menor "no van a estar más seguros" con la nueva normativa. Marín también mencionó los nombres de tres exconsejeros de Medio Ambiente imputados (Francisco Marqués, Antonio Cerdá y Adela Martínez-Cachá). "Esa lista llega ya a su puerta y mucho nos tememos que sacudirá en breve a su Gobierno", profetizó.
Fernando López Miras negó que el decreto implique consecuencias negativas para el medio ambiente. "El Gobierno regional jamás aprobaría una norma que perjudicase nuestro patrimonio histórico y natural", defendió. El presidente sostiene que la reforma "protege exactamente igual que antes" y aduce que por "más que se repita una mentira no se convierte en verdad". El texto, mantiene Miras, "cumple escrupulosamente la legislación del Estado" y "garantiza la protección pero elimina duplicidades". Ahora, zanjó, una empresa tardará meses en resolver un trámite que antes se demoraba durante años. "Hasta ocho años tardó una empresa de Jumilla", puso como ejemplo. Ese es el propósito, "agilizar y crear oportunidades", remarcó a pesar de que las asociaciones ecologistas hayan afeado que la reforma permite contaminar un 30% sin necesidad de solicitar una nueva evaluación ambiental.
Cinco meses llevaba López Miras sin someterse a una sesión de control ordinaria en la Cámara, una espera que se alargó por la tramitación de los Presupuestos -que centró toda la actividad legislativa del inicio del año- y la irrupción de la pandemia. Y así se lo recordaba Diego Conesa, que le daba la bienvenida "medio año después". El socialista, en una de sus intervenciones más ásperas que se le recuerdan, cargó con dureza contra el presidente. Le culpó de practicar "poca democracia" y de "tener repelús" a la transparencia; le recriminó que no ha generado "ningún tipo de libertad individual ni empresarial", sino "inseguridad jurídica" y le describió como sinónimo de "negligencia, inacción e irresponsabilidad".
Pocas veces se vio a Conesa tan vehemente en su diatriba contra el presidente -un discurso que, eso sí, llevó escrito y leyó-. "Usted coge el tren de la vía de Bolsonaro y de Trump. No ha gestionado nada en tres años: su gestión es inmadura e irresponsable". El líder del PSOE dio un ultimátum -verbal- ante el "atraco ambiental", perpetrado a su juicio con nocturnidad y alevosía: "Hasta aquí hemos llegado, señor Miras", dijo. "Ha tirado a la basura tres años de gestión ambiental. Ha hecho mucho daño a la salud de esta Región: a la económica, la social y la ambiental". Y de paso le echó en cara que no ha ganado nunca unas elecciones, a propósito de la efeméride de los comicios autonómicos de 2019, con guiño incluido para Ciudadanos: "Seguro que Arrimadas se acordará de la regeneración que pedían para la Región".
Miras, que atendía las críticas de Conesa con una sonrisa irónica, replicó que "el PSOE esta vez sí se podía ir satisfecho a casa" con la actuación de su portavoz. El presidente murciano, que vive demoscópicamente su mejor momento -las encuestas aprecian subidas del PP, su socio en el Gobierno cae en apoyos, el PSOE no se impone y Vox sufre una crisis interna-, se inmutó poco y tiró de clásicos para replicar: criticar al Gobierno de España. "Hemos tomado estas decisiones en parte por la irresponsabilidad de su amigo, el presidente Pedro Sánchez". También le acusó "de callar" ante algunas de las iniciativas del Ejecutivo nacional, como "pactar con los herederos políticos de ETA" (Bildu), y le regañó por desconocer la normativa ambiental. "Se ha leído poco los documentos, porque incluyen el pin que lleva usted en la chaqueta: los objetivos de desarrollo sostenible de la ODS", aseveró. "Usted demuestra con sus palabras que está donde tiene que estar: en la oposición", remachó.
Joaquín Segado, el portavoz del PP, aprovechó su turno para controlar -era una sesión de control, recuerden- más a Sánchez y a Conesa que al propio Miras. "El Consejo de Ministros se ha convertido en una caja de pandora", señaló. "Sánchez ha iniciado una desescalada democrática para evitar las críticas", añadió. "Pero Conesa no se sonroja, aprende rápido de los ministros como Marlaska y es un aspirante de aprendiz a la manipulación como se ha visto en la instrumentación de la Federación de Municipios", censuró. Incluso lanzó un dardo al delegado del Gobierno: "Con la imputación del delegado en Madrid, Vélez no está solo". Y nombró, por supuesto, a Bildu, "la rama política que surge del tronco ETA. "Conesa aplaude el pacto, porque no lo censura".
Ante tan 'complicada' e irresistible pregunta de Segado para Miras, el presidente no tuvo más que recoger el guante. "Estamos muy preocupados, se avecina un nuevo episodio de maltrato, de castigo y de injusticia para el millón y medio de murcianos", respondió. El jefe regional lamentó el criterio del reparto del fondo no reembolsable que prometió el presidente del Gobierno. "Los murcianos van a recibir menos de 100 euros, cuando los madrileños obtendrán más de 400 y los riojanos, casi 300", protestó.
Ciudadanos cerró el pleno, ya que Vox -cuyos diputados ya no son reconocidos por su partido, salvo Pascual Salvador- no registró preguntas. Juan José Molina, el portavoz liberal, reclamó saber con qué dinero se va a impulsar la cultura en la Comunidad. Ah, la cultura, esa vieja olvidada de la política. El presidente se comprometió a extender el plan Crea hasta el año 2022. Molina concluyó sin pasar por alto la pulla de Conesa. "Cada uno elige sus socios. Ustedes optaron por unos en Madrid, y nosotros por otros aquí. Pero [puestos a elegir] les aseguro que no hay color".