Pascual Salvador y José Ángel Antelo. Foto: VOXMURCIA. Vox no se da por vencido tras el rechazo del Tribunal Constitucional a su recurso contra la ley del Mar Menor y apela al último cartucho que le queda: gobernar para poder derogar la norma. "¡La derogaremos!". Así reaccionaba José Ángel Antelo, líder regional del partido, tras conocer la noticia de que el Constitucional desestimaba por unanimidad el recurso que había presentado el partido contra la llamada Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor.
Esta norma, la más importante que ha aprobado la Asamblea Regional en esta legislatura, fue fruto de la respuesta a la crisis de la laguna que sufrió en 2019. El Gobierno regional (PP y Ciudadanos) sacó adelante la norma primero por decreto pero después la tramitó como proyecto de ley y la sacó adelante en julio de 2020 con la suma del PSOE, que se sumó al acuerdo tras pactar el 90% de las enmiendas. En cambio, Vox y Podemos, con argumentos distintos, se opusieron a esta norma y votaron en contra.
El partido que lidera Santiago Abascal dio un pasó más y recurrió a la Justicia para frenar la ley con el argumento de que "rompe absolutamente el equilibrio entre desarrollo social y económico y protección del medio ambiente", lo que, a su juicio, convirtiendo en "imposible" la actividad económica "más característica, que más empleo y riqueza proporciona al Campo de Cartagena y que constituye la forma de vida de miles de personas en la Región de Murcia". Los 52 diputados de Vox en el Congreso presentaron un recurso de inconstitucionalidad.
Sin embargo, el Constitucional no estima los argumentos de Vox porque considera que "la regulación de las condiciones para el ejercicio de la actividad agrícola y la protección medioambiental del Mar Menor no vulnera las competencias estatales invocadas por los recurrentes, sino que, por el contrario, es una actuación que encuentra acomodo en el acervo competencial autonómico". También esgrime el tribunal que "las autorizaciones estatales reguladas en la Ley de Costas deben entenderse referidas a la protección ambiental de la integridad del dominio público y, por lo tanto, sin perjuicio de las licencias, permisos y otras autorizaciones que sean exigibles por otras normas autonómicas o incluso estatales, según el marco constitucional de distribución de competencias".
¿Qué opciones tiene ahora Vox para seguir plantando cara? Gobernar o tener mayorías amplias en la Cámara para derogar la ley. El diputado murciano Luis Gestoso, en declaraciones a Onda Cero, se mostraba convencido de que su partido va a derogar la norma "en cuanto empiece la próxima legislatura, tanto si forman gobierno solos o en coalición con el PP". Y añadía en la citada emisora de radio: "No vamos a consentir que se criminalice a la agricultura y se acabe con ella por la agenda ideológica de la izquierda ni por los complejos progres de este gobierno de tránsfugas e ineptos". El propio Antelo declaraba que "es una mala ley, que estigmatiza al sector agrícola y ataca frontalmente a los agricultores". En su opinión, "la responsabilidad del Mar Menor es absolutamente de las administraciones".
