Los diputados Valle Miguélez (Ciudadanos) y Juan José Liarte (Vox), en el debate del estado de la Región. Foto: LA ROCAMURCIA. Julio ha sido tradicionalmente un mes inhábil para la Asamblea Regional, cuyos diputados 'cortaban' una vez que atisbaban la llegada del verano. La pasada legislatura, sin embargo, acababa con esa tradición y la Mesa de la Cámara habilitaba sesiones para el séptimo mes del año. Y ahora, en este 2020, no iba a ser para menos. La pandemia del coronavirus ha dejado sin excusas la prolongación del curso legislativo, ya que los proyectos se estancaron a consecuencia del cierre de la Cámara, cuya actividad legislativa se redujo considerablemente durante un mes -funcionó con los servicios mínimos-, y hay que recuperar parte del tiempo perdido.
Algunos de los asuntos pendientes tienen una especial envergadura, como el proyecto de ley de Protección Integral del Mar Menor, tal vez el más importante de la legislatura. Y también hay que solventar 'urgencias' de última hora, como el futuro de los tres diputados de Vox expulsados por su partido. Los Servicios Jurídicos deben dictaminar si permanecen o no en el grupo o si, por el contrario, los manda al Grupo Mixto, junto con Podemos. Los tres parlamentarios (el portavoz Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mábel Campuzano) ya han manifestado que se aferran a las siglas de su grupo mientras que la dirección del partido amenaza con impugnar judicialmente cada iniciativa parlamentaria que lleven adelante con su nombre. Si no se deshace el grupo, Pascual Salvador, el único representante de Vox reconocido por los suyos, deberá elegir entre seguir en una bancada cuyos miembros ya no son sus compañeros o... acabar en el Grupo Mixto, junto con los dos parlamentarios de Podemos.
Fuentes parlamentarias explican que la Cámara "aplicará el reglamento, sin entrar en ninguna cuestión interna". El artículo 28 del reglamento aborda la disolución de un grupo parlamentario y establece expresamente dos postulados: "Cuando los componentes de un grupo parlamentario se reduzcan durante la legislatura a un número inferior al mínimo exigido para su constitución, este se entenderá disuelto integrándose sus miembros en el Grupo Mixto". El segundo punto dice lo siguiente: "Si con posterioridad a la constitución de la Asamblea dejara de existir o se declarase la disolución o suspensión judicial del partido o coalición electoral cuyos representantes electos hubieren formado grupo parlamentario, ello dará lugar a la disolución de este, integrándose sus diputadas y diputados en el Grupo Mixto".
No habrá vacaciones, pues, hasta agosto, ya que los 45 parlamentarios deberán estar activos. La Diputación Permanente dirigirá el Hemiciclo, tal y como estipula el reglamento. Este órgano estará presidido por el presidente de la Cámara, Alberto Castillo, acompañado de los portavoces parlamentarios y el resto de integrantes de la Mesa. Entre ellos seguirá el socialista Emilio Ivars, quien anunció su renuncia como parlamentario, pero no dejará el acta hasta agosto. Otra cuestión bien distinta es el futuro de Francisco Carrera en este órgano. Si se confirmara su salida del grupo debería dejar también la Mesa, ya que esta se configuró para un representante del grupo parlamentario de Vox.
Todos los miércoles se celebrará un pleno. El más importante se desarrollará el día 22, fecha prevista para tratar el proyecto de ley de Protección Integral del Mar Menor. Este texto, aprobado en diciembre como decreto por el Gobierno regional, se tramitó como proyecto de ley para que se pudieran incluir las enmiendas. Así lo decidió Ciudadanos, para disgusto de su socio de Gobierno, el PP, partidario de sacar cuanto antes la norma por decreto. Hasta la fecha, las negociaciones van por buen camino, según aseguran desde la formación liberal, que apuntan que apenas faltan "flecos" por resolver. Esta ley persigue blindar el Mar Menor de la contaminación, con sanciones muy duras, de hasta 500.000 euros.
En ese mismo día, la Cámara tratará otro proyecto de ley: la mitigación del impacto del covid en infraestructuras y viviendas. Antes, el 1 de julio, el Parlamento analizará dos iniciativas legislativas sobre 'La derogación del plazo máximo para la Ley de Enjuiciamiento Criminal', planteada por el PSOE, así como 'La modificación del Código Civil para la custodia compartida', propuesta por Vox. El 8 de julio será el turno para convalidar decretos. Y el 29 de julio se dedicará al decreto de medio ambiente -fuertemente criticado por la oposición-, se plantearán mociones de impulso al Gobierno, así como se resolverán las votaciones de órganos pendientes.
Julio también servirá para controlar al Gobierno, una de las obligaciones de la Asamblea. Ese pleno tendrá lugar el 15 de julio, con la presencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y en el que se han registrado ya diez preguntas orales para los miembros del Ejecutivo regional. No ha sido un año 2020 muy prolijo para las sesiones de control al jefe del Gobierno: sólo se ha sometido a un pleno de control, que tuvo lugar el pasado 27 de mayo. A ello ha contribuido la tramitación de los Presupuestos, que marcó el inicio del año, y después la pandemia.
Tres comisiones permanecerán activas. La Comisión de Reactivación proseguirá con sus comparecencias, con siete sesiones en las que intervendrán catorce personalidades. Además, la Comisión Especial del Mar Menor, que recientemente veía la luz, también se reunirá con el objetivo de elaborar un dictamen final para delimitar las competencias de las administraciones en la laguna, aunque este documento no se publicará hasta el año que viene. Y la Comisión de Financiación Autonómica también tendrá que trabajar. Después ya será el momento de las vacaciones, que para los diputados acabarán el 23 de agosto, pues la última semana retomarán la actividad.
