La diputada autonómica Valle Miguélez, el portavoz parlamentario Juan José Molina, la portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, y el consejero de Empleo, Miguel Motas. Foto: MPMURCIA. Ciudadanos ha decidido finalmente que el decreto de protección integral del Mar Menor se tramite como proyecto de ley, y no como decreto-ley, como en un principio estaba previsto. Tras dos reuniones celebradas en apenas 24 horas, los consejeros de Ciudadanos -miembros del Gobierno regional- y la dirección del partido naranja han acordado que se abra una vía parlamentaria en la Asamblea Regional y se escuchen las propuestas del resto de partidos. Esta decisión supone un varapalo a los planes de Fernando López Miras y significará que la ley, aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 26 de diciembre, no verá la luz hasta dentro de unos cuatro o cinco meses.
La intención fijada en un principio por el Gobierno regional era que el decreto se convalidara como ley para que se pudiera aplicar cuanto antes sin necesidad de abordarla en un pleno. Contaba con el voto favorable del PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, otras formaciones como el PSOE reclamaron que se tramitara como proyecto de ley para poder incluir sus enmiendas.
"Tras sopesar los pros y los contras, hemos decidido que se tramite como proyecto de ley", anunciaba el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, que compareció en la sede del partido arropado por la portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, el consejero de Empleo, Miguel Motas, y la diputada y secretaria de Organización de Ciudadanos, Valle Miguélez.
La Diputación Permanente de la Asamblea tiene previsto reunirse este viernes y el voto de la formación naranja es decisivo, ya que con el PSOE suma mayoría absoluta. "Ahora es el turno de que los partidos que han exigido reclamaciones sobre el Mar Menor se pongan a construir", indicó Juan José Molina.
Ciudadanos, no obstante, sigue defendiendo que el decreto es positivo. "Es bastante restrictivo y valiente, pues toca todos los ámbitos implicados en la laguna", apuntó Molina antes de subrayar por qué piden que se aborde en la Cámara autonómica: "Queremos que tenga más participación y más consenso".
La ley endurece las sanciones -con multas de hasta 500.000 euros por infracciones graves-, prohíbe el empleo de fertilizantes en los primeros 500 metros de franja costera, limita los ciclos de cultivos en el Campo de Cartagena y suspende temporalmente los nuevos desarrollos urbanísticos. El decreto también impide la navegación de embarcaciones de motores de dos tiempos, de alta velocidad o con niveles sonoros excesivos, mientras que los pescadores tendrán un nuevo reglamento.
"Buscaremos lo mejor para la Región y los murcianos por encima de las críticas y las presiones", exponía Molina, en alusión a la petición de Diego Conesa, que este mismo jueves emplazaba a los dirigentes de Ciudadanos a que fueran valientes. "Incluso por encima de las amenazas, sean del tipo que sean, como la moción de censura del señor Conesa", añadió.
"La política sobre la laguna que han llevado a cabo PP y PSOE en los últimos años ha sido totalmente deficiente y mala", criticó Molina al tiempo que reivindicó que su formación ha defendido su implicación la laguna.
