El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, junto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un acto de enero. Foto: JAVIER LIAÑO (EFE)MURCIA. Defender exactamente las mismas ideas en todo el país es una máxima que promulgan todos los partidos, pero no siempre se lleva a la práctica. La posición ante el Trasvase Tajo-Segura ha vuelto a evidenciar las fisuras de las principales formaciones políticas de la Región de Murcia: los dos socios de Gobierno, PP y Cs, y el principal grupo de la oposición, el PSOE, han contemplado cómo sus compañeros de siglas de Castilla-La Mancha suscribían en Toledo un pacto que pretende, a la larga, acotar los envíos de agua "a situaciones de necesidad real".
El documento, impulsado por el presidente manchego, Emiliano García Page, contó con el respaldo de todos los grupos representados en las Cortes de La Mancha y el de otros partidos, como Izquierda Unida, así como recibió el apoyo de unas cuarenta entidades, entre sindicatos, empresarios, organizaciones agrarias y colegios oficiales. El acuerdo aboga por el uso de agua "para regadíos sociales y para el desarrollo del territorio, tanto del medio rural como del urbano". Y plantea como prioridad "la cuenca cedente frente a la receptora" y propone acotar "las transferencias de agua a momentos de necesidad real en otros lugares". Es decir, recortar el Trasvase Tajo-Segura.
En la firma, García-Page destacaba que todos los firmantes coinciden en "dar una vuelta por completo a la estrategia del agua" al tiempo que se dirigía a los territorios vecinos: "Que nadie se alarme en el Levante", espetaba, alegando que su idea es "muy conciliadora". Pero sí hubo -y vaya si hubo- alarma en la Región de Murcia. Todo salieron en tromba a rechazar el pacto. No hubo nadie que no se pronunciara.
"El agua no es patrimonio de los castellanomanchegos", respondía la portavoz del Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal. "El Tajo no pasa sólo por Castilla-La Mancha", apostillaba. "Es una pose sin ningún tipo de validez", reaccionaba el presidente regional, Fernando López Miras, restando importancia a la decisión de una comunidad sobre el agua, "adoptada de forma unilateral".
Pero dos días después, el mandatario murciano escribía una carta a sus homólogos de Valencia y Andalucía -Ximo Puig y Juanma Moreno, respectivamente- para convocar una cumbre de urgencia y exigir un plan nacional hidrológico, una demanda histórica de la Región que todavía sigue sin ver la luz en el Congreso de los Diputados. "Necesitamos alcanzar un pacto nacional del agua que, de una vez por todas, evite estos enfrentamientos interesados entre comunidades autónomas", argumentaba Miras.
El líder socialista regional, Diego Conesa, también se posicionó en contra e incluso criticó al presidente manchego, su compañero socialista. "El PP, López Miras y García Page se han aprovechado más del Trasvase que los propios regantes", recriminaba. "El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura imprescindible e irrenunciable, la necesitamos para beber y para vivir", mantenía. "No se puede mentir a los agricultores de Murcia y La Mancha y decirles lo que quieren oír", agregaba, lamentando que Miras no ha hecho seguimiento del pacto regional que firmó la Asamblea en 2018.
Pocas veces se ha mostrado Conesa crítico con un colega nacional del PSOE o ante una decisión del Gobierno central. Fue precisamente a raíz de un asunto hídrico, el 'trasvase cero' ordenado en diciembre de 2019 por el Ministerio de Transición Ecológica, la última ocasión que se vio al secretario general del PSRM discrepar con contundencia sobre una medida de su propio partido. "El Mar Menor no es excusa para dejar sin agua a los regantes", dijo entonces.
En Ciudadanos, la coordinadora regional, Ana Martínez Vidal, ya avisó de que protestaría ante la ejecutiva de Inés Arrimadas por la firma naranja en el pacto de Toledo. Su partido en La Mancha cuenta con cuatro diputados y ejerce en la oposición. La dirigente murciana dejó clara su disconformidad y abogaba por la necesidad de un pacto nacional por el agua: "Los españoles somos iguales en derechos, en oportunidades, en deberes, y todos tenemos que tener la facilidad de acceder al agua".
Este lance ha sido aprovechado Vox y Podemos para meter baza y marcar distancias con populares, socialistas y liberales. "El consenso progre vuelve a unirse para perjudicar a los españoles; se creen que el agua les pertenece", reprochaba José Ángel Antelo, el líder de Vox en la Región, quien también presumía de que "sólo" su formación defiende "un único mensaje en toda España". El grupo parlamentario de Vox, por su parte, registraba una moción en la Asamblea para declarar 'personas no gratas' a los tres dirigentes manchegos que firmaron el "Pacto de la Sed", como así lo calificó el portavoz Juan José Liarte.
Podemos también se sumaba a las críticas del "pacto antitrasvase" y sacaba pecho de defender "una misma posición" en toda España. "Quedan retratados PP y Ciudadanos, pero también un PSOE que en esta materia no tiene una línea más allá del seguidismo", declaraba María Marín, portavoz en la Asamblea. "Ha quedado descubierto el juego de trileros que tienen montado con el Trasvase", que según la diputada morada consiste en "alimentar una guerra del agua en la que populares, socialistas y naranja arman a los dos bandos, lo que les lleva a defender en la Región de Murcia una cosa y en Castilla-La Mancha justo la contraria".
El agua, tan vital para miles de personas, otra vez en el centro de las disputas políticas. Pero esta vez incluso dentro de los propios partidos, incapaces de sostener una misma posición en todo el país. El agua, tan importante para la Región, otra vez en la diana política.
