Miras, inflexible ante Celaá con el 'pin parental': "Sólo lo retiraremos si un juez nos obliga"

MURCIA (EFE). El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, mantiene su desafío al Gobierno central: no retirará el 'pin parental' en la Región de Murcia a menos que un juez lo obligue. El jefe del Ejecutivo murciano ratifica así la negativa de la consejera de Educación de acatar el requerimiento del ministerio que dirige Isabel Celaá y que exige su retirada de las aulas de la Comunidad. 

Este lunes, 17 de febrero, termina el plazo que dio el Gobierno central para que Murcia eliminara las polémicas autorizaciones familiares para que los alumnos puedan hacer actividades complementarias en los centros educativos. La Comunidad implantó esta medida en septiembre y ahora quiere convertirla en decreto en contra del Gobierno de España, que ya ha avisado que recurrirá a los tribunales.

López Miras considera, no obstante, que el 'pin' "es legal" porque cuenta con informes favorables tanto de los servicios jurídicos de la Consejería como de la inspección educativa. "Si las instancias judiciales nos dicen que hagamos otra cosa, lo haremos, pero no lo haremos porque nos lo diga un Gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", afirmó a los medios en la inauguración de un parque de bomberos en Alhama de Murcia.

El Gobierno murciano adoptó esa medida al principio de acuerdo tras el acuerdo de investidura con Vox y ahora lo quiere ratificar en un decreto tras el acuerdo de Presupuestos.

En semanas será una "sopa verde" si el Estado no actúa

El presidente de Murcia mantiene otros frentes abiertos contra el Estado. El más reciente se ha producido a costa del Mar Menor. El Gobierno de Murcia exige al Ejecutivo nacional que tome cartas en el asunto en la Rambla del Albufón y frene los vertidos de agua dulce a la laguna, que amenazan con dañar al Mar Menor. 

Miras, ante las preguntas de los periodistas, negó que haya autorizaciones autonómicas pendientes para frenar los vertidos de la rambla del Albujón que llegan al Mar Menor, y ha advertido que la laguna "se degrada cada día y será cuestión de semanas" que vuelva a ser una "sopa verde" si el Gobierno central no actúa.

"No es verdad" que queden trámites de la Comunidad para que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) pueda actuar en los vertidos de la rambla del Albujón, como afirmó su presidente, Mario Urrea, y ha insistido en que todas las competencias sobre esa rambla, por la que entran cada día 6 toneladas de nitratos al Mar Menor, son del Estado a través del Ministerio de Transición Ecológica.

“Basta ya de echar balones fuera, porque nadie lo entiende”, ha subrayado, y ha apuntado que la laguna se degrada cada día y “será cuestión de semanas” que vuelva a ser una “sopa verde” si no se actúa.

Celebra la sentencia contra Aeromur

Por otra parte, Miras también ha mencionado la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Aeromur a integrar en las arcas de la comunidad autónoma los 182 millones de euros del aval del aeropuerto, una decisión, ha considerado, que "reafirma que la verdad solo tiene un camino y un resultado" y corrobora la opinión del Gobierno al decir que el aeródromo no costaría un euro a los murcianos.

En cuanto a la protesta de los agricultores convocada para el próximo 21 de febrero, les ha trasladado el apoyo del Ejecutivo y ha pedido al Gobierno central que vele para que no se produzca competencia desleal con terceros países, que venden productos a “precios ínfimos” gracias a que no se les exige ningún tipo de control, al contrario que a los productores murcianos.