CARTAGENA. La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha acompañado hoy a varias de las familias afectadas por el inminente desalojo de las viviendas de la casa cuartel de Cartagena en la reunión mantenida con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Murcia, Francisco Jiménez, quien ocupa este cargo desde el mes de junio último.
Los representantes de JUCIL y las parejas de varios de los guardias civiles presentes en la reunión han apremiado al representante del Ejecutivo nacional para que se busquen alquileres dignos y de precios asequibles para las familias afectadas, a las que se ha indicado que el desalojo final y definitivo se producirá el 1 de septiembre próximo. "Todavía viven en el cuartel algunas de estas familias", ha apuntado el portavoz de JUCIL en Murcia, José Antonio Moya quien ha recriminado a la Administración pública “la escasa información que se nos ha ofrecido hasta este momento, tanto por parte de la propia Dirección General de la Guardia Civil como por la Administración central”, ha expresado. "Sólo el Ayuntamiento de Cartagena ha mostrado interés por resolver el problema que se ha planteado para estas 86 familias, pero aún estamos a la espera de que el director general de la Guardia Civil nos reciba, y eso que se lo pedimos con urgencia hace ya más de un mes" ha recordado Moya.
Si bien el delegado del Gobierno ha indicado que en este momento se buscan a través de distintas iniciativas alquileres a precios adecuados para las familias para las que aún no se ha encontrado una vivienda alternativa, JUCIL ha querido dejar claro que "a pesar del tiempo transcurrido, y de que nos digan que el proyecto de construcción y reforma tiene un presupuesto de 27, de 28 o de más de treinta millones, que no se ponen de acuerdo, lo que no nos han dicho es cómo se van a materializar las ayudas para las familias de los guardias civiles".
"Si en dinero, en ayuda para el alquiler, en el abono de estos alquileres directamente por la Administración…, todavía estamos pendientes que nos aclaren este concepto", ha explicado Moya, quien ha dado importancia sobre todo "al drama humano que viven muchas de estas familias. Tenemos un compañero de baja que había hecho una reforma en su vivienda por valor de 20.000 euros hace sólo tres meses. ¿¡No podrían haber informado!?", se pregunta el representante de JUCIL. La madre de este compañero, presente en la reunión con el delegado del Gobierno, ha añadido que "algunos de los muebles que habíamos comprado podrán ser devueltos. Pero, ahora ¿quién nos indemniza por los gastos que no se podrán recuperar?", preguntaba.
Las problemáticas son muchas y diferentes unas de otras. "Lo que buscamos es que los políticos, la Administración, entienda que no hablamos de plazos de edificaciones, hablamos de la suerte de las personas, de familias que tendrán que cambiar la escolarización de sus hijos, o de casos como el de una familia con ocho hijos a los que no se puede ofrecer un piso con dos habitaciones para que se arreglen", ha apunta José Antonio Moya- "JUCIL va a seguir cerca de estos compañeros y de sus familias a los que esperamos que se ofrezca una solución, adecuada y digna. No nos valen alquileres alejadísimos, o en lugares inadecuados y además, queremos saber cuánto tiempo van a durar esas ayudas. Se habla de que el alquiler de los guardamuebles se mantendrá durante 30 meses, pero queremos que eso se escriba en el contrato y que se especifique quién se hará cargo si finalmente ese plazo se supera. Lo que queremos es que la Administración se haga cargo de un problema que ha generado exclusivamente su desidia a lo largo de estos años y el abandono que han sufrido quienes han habitado durante este tiempo en las casas de ese cuartel", ha concluido el representante de la asociación profesional JUCIL.
