MURCIA. PP y Vox pondrán a prueba su recién estrenada coalición con los Presupuestos. Las cuentas constituyen la primera misión que el presidente Fernando López Miras encargó a sus consejeros en la toma de posesión. Dos semanas después, el proceso ya ha comenzado de forma oficial. La Consejería de Luis Alberto Marín, cuyo departamento es el encargado de perfilar el texto definitivo, dio el primer paso oficial al publicar este viernes en el Boletín Oficial (BORM) la Orden de Elaboración de Presupuestos.
Las cuentas pondrán de manifiesto la sintonía entre los dos socios del Gobierno. No es una negociación fácil. Esta semana el propio consejero Marín lanzaba una advertencia al vicepresidente y líder de Vox, José Ángel Antelo, y su propuesta de crear un cuerpo con 200 guardias rurales. "No puedo empezar pensando cuánto me voy a gastar sin saber cuánto voy a tener", avisaba, eso sí, admitiendo que estudiaría la propuesta "como cualquier otra que llegue de otra Consejería". Antelo replicaba que "varias comunidades y ayuntamientos cuentan con figuras similares" y estimaba que la creación del cuerpo costaría 15 millones, un cantidad no muy significativa en un Presupuesto que asciende a unos 6.000 millones. "Esa ley se puede hacer", decía en Onda Regional, convencido de que se puede "dotar presupuestariamente" para tener agentes en zonas donde no llegan la Policía Nacional ni la Policía Local.
El Gobierno regional también se ha marcado el objetivo de tener listo el borrador definitivo antes de final de año. Es decir, no quiere retrasos. Las coaliciones han acarreado un gran problema a la hora de llegar a tiempo y forma con el Presupuesto. Sucedió en la pasada legislatura (2019-23), y también ocurrió en la anterior (2015-19), donde el PP gobernaba en minoría y necesitó de Ciudadanos para sacar adelante sus cuentas. Aunque ninguna ley obliga a que las cuentas salgan sin atrasos, sí es una cortesía cumplir con los tiempos para que la ley entre en vigor antes de que empiece el año. El propio López Miras esgrimió esta razón en su investidura como uno de sus argumentos para justificar su alianza con Vox. "Una repetición electoral dejaría a la Región sin tiempo para los Presupuestos, como pide Europa", dijo.
La pasada legislatura se saldó con tres presupuestos fuera de fecha. El Ejecutivo solamente llegó puntual en el último año, que fueron aprobados en noviembre en Consejo de Gobierno y vieron la luz en la Asamblea Regional a finales de diciembre, al borde de la bocina. Salieron además con la mayoría absoluta justa, de 23 parlamentarios. Los dos diputados de Ciudadanos, que eran partidarios de apoyarles, finalmente tuvieron que acatar las directrices de su partido y votaron en contra. El resto de la oposición también los rechazó salvo Vox, que se abstuvo.
Los tres años anteriores registraron sendos atrasos. Los motivos fueron varios: fricciones en la coalición, la pandemia, la moción de censura... En el primer año, el proyecto de ley no vio la luz hasta el mes de abril de 2020. Aquella demora se justificó por los problemas para sellar un acuerdo entre PP y Cs (era su primer negociación como socios de Gobierno) y con Vox (entonces eran aliados parlamentarios). También influyó la irrupción de la pandemia, que, recordemos, acaeció en marzo. Finalmente las cuentas fueron una realidad en abril, cuatro meses fuerza de plazo. En 2021, marcado por la ruptura de PP y Ciudadanos, los Presupuestos se validaron en julio, con siete meses de retraso. El Ejecutivo culpó a la moción de censura, pero lo cierto es que no hubo acuerdo hasta enero. Luego, en efecto, la moción dilató todo el proceso. En 2022, ya con López Miras dueño de una mayoría de facto, aceleró y los aprobó en Consejo de Gobierno en diciembre, pero a la Cámara no llegaron hasta enero.
La nueva coalición no quiere que se repita el error. "Trabajamos para tener un proyecto de Presupuestos antes de que acabe el año", manifestó Luis Alberto Marín, quien tiene la experiencia de la elaboración de los dos Presupuestos anteriores. Asegura que llevan "meses trabajando" por "responsabilidad·" y porque es el encargo del presidente López Miras. La Consejería que pilota Marín es la competente para "determinar los principales criterios a seguir en la presupuestación de los ingresos y gastos públicos, las fases, plazos y documentación a aportar y las clasificaciones presupuestarias que deben aplicarse".
Con todo, el consejero avisa que el Gobierno central también debe colaborar para evitar demoras y lamenta que todavía no ha recibido "los datos de los ingresos del sistema de financiación de las comunidades, una información que depende única y exclusivamente del Estado y que se tenía que haber comunicado el pasado mes de julio", apuntaba. El siguiente gran paso será el techo de gasto, que marca el primer trámite antes de su aprobación en Consejo de Gobierno y su posterior curso parlamentario. El límite máximo de gasto no financiero del año pasado fue el más alto de la historia, con 6.029 millones de euros, equivalente a una inversión diaria de 16,5 millones.