La ley que blinda el Mar Menor ya es una realidad... para disgusto de los agricultores

MURCIA. Hizo falta un colapso y una masiva manifestación para que la recuperación del Mar Menor se convirtiera en una prioridad para el Gobierno regional y en un clamor de la sociedad murciana. El episodio de anoxia acaecido en octubre, que dejó la imagen de miles de peces muertos en las playas de San Pedro, puso de manifiesto la necesidad de tomar medidas en la laguna, maltrecha tras décadas de agresiones. El Gobierno regional se encaminó, obligado por las urgencias, a preparar una nueva normativa para proteger el ecosistema. El primer texto veía la luz en diciembre, acordado por decreto en Consejo de Gobierno. Sin embargo, Ciudadanos, miembro de la coalición, se desmarcaba y pedía tramitar la norma como proyecto de ley. Siete meses después, pandemia incluida, y tras muchos 'toma y daca' entre las fuerzas políticas y el rechazo de los agricultores, que han manifestado sus discrepancias con el proceso, la ley que pretende blindar a la laguna contra la contaminación ya es una realidad.

La norma, que finalmente ve la luz con el título de Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor -se cae al final el adjetivo 'integral' que usó el Gobierno murciano en su primer decreto-, salió adelante en la Asamblea Regional gracias al acuerdo de los partidos del Ejecutivo, PP y Ciudadanos, y del PSOE. Los tres grupos alcanzaron un consenso en casi el 90% de las enmiendas mientras que los cuatro diputados de Vox (esta vez el grupo votó unido) y los dos de Podemos rechazaron el texto. "El proyecto de ley se convierte a partir de este momento en ley de la Comunidad Autónoma", proclamaba desde la Mesa el presidente de la Cámara, Alberto Castillo. Los 39 diputados populares, liberales y socialistas se ponían en pie mientras aplaudían. Acababan de aprobar una de las leyes más importantes de la legislatura.

La ley pone especial énfasis en alejar los fertilizantes químicos del Mar Menor, uno de los grandes quebraderos de cabeza. El texto final prohíbe cualquier tipo de actividad agrícola en los primeros 500 metros y tan sólo permite la agricultura sostenible y de precisión entre los 501 y 1.500 metros siguientes. Es la llamada franja de protección, recogida en el artículo 29 y por la que han chocado y negociado los grupos políticos a lo largo de los últimos meses. El PSOE fue el primero en pedir su ampliación hasta el kilómetro y medio frente al criterio de la Comunidad, que optaba por situarla sólo en 500 metros. Pero con el transcurso del tiempo, Ciudadanos se alineó con el discurso de los expertos científicos y aceptó ampliar la franja. Y poco después, con la cercanía del pleno final, el PP al final daba su plácet y se unía.

Únicamente se permitirán, como excepción, los cultivos que no superen los 170 kilos de nitratos por hectárea al año. Además, cada parcela deberá reservar un 20% de su superficie a crear setos, filtros verdes, humedales o espacios forestales que minimicen las escorrentías en caso de lluvias. De esta forma, quedará prohibido el empleo de todo tipo de fertilizantes químicos, estiércoles no compostados ni abono en verde; tampoco se podrá implantar nuevos invernaderos o ampliar los que ya existen. 

Tres años para el plan de ordenación territorial

La norma contiene otros puntos importantes: reduce de cinco a tres años el plazo para aprobar el plan de ordenación territorial y obliga a la restitución de regadíos ilegales. Recoge además un régimen sancionador para las desalobradoras irregulares. Y los puertos deberán ser evaluados en el plazo de un año. Igualmente se constituirá el llamado Consejo del Mar Menor, con presencia de las administraciones públicas, técnicos y organizaciones sociales; así como se crea la figura del operador agroambiental para asesorar a los agricultores y cerciorarse de que cumplan la ley.

El presidente regional, Fernando López Miras, pidió la palabra una vez sellada la norma. "No es la mejor ley para el PP, ni es la ley que más le gusta a Ciudadanos ni al PSOE, pero hemos sacado una buena ley", defendía. "Es una gran solución a un gran problema", manifestaba. "Hoy hemos dado ejemplo. PSOE y Cs y PP hemos conseguido entre todos sacar adelante una buena ley que compatibiliza la recuperación y protección del Mar Menor con una agricultura sostenible", apostillaba Miras.

Vox y Podemos se opusieron a este texto, con distintos argumentos. Para los tres diputados expulsados de Vox se debe crear un órgano eminentemente técnico y los partidos deben dejar de hacer política con la laguna. Pascual Salvador, el único parlamentario de Vox reconocido por su partido, justificó su negativa contra "el pacto de la vergüenza" porque, arguye, la ley perjudica al sector agroalimentario. Para Podemos, por su parte, el acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox, que califica como "el pacto del nitrato", es "una artimaña para legalizar los vertidos", como así lamentaba la portavoz del Grupo Mixto, María Marín. La parlamentaria morada fue, además, muy crítica con el líder socialista, Diego Conesa, por pactar con el Ejecutivo.

Los regantes se movilizarán

No son los únicos que reniegan de la ley. También están en desacuerdo los agricultores, que hace una semana emitían un duro comunicado pidiendo que no se criminalice al campo y que hubiera un amplio consenso. Para ellos, algunas de las condiciones impuestas como las tablas de aportes de nutrientes imposibilitarán "una producción normalizada". Y en cuanto puedan, advierten, convocarán movilizaciones en protesta contra esta norma y también por su rechazo a las últimas decisiones de la Confederación Hidrográfica del Segura, como así indicaba a Onda Regional el presidente de COAG, Vicente Carrión.

Los ecologistas, insatisfechos

Otras voces, como la plataforma SOS Mar Menor, avisaban de que la norma "no salvará" a la albufera porque no es lo "suficientemente ambiciosa" como para creer que suponga una "mejora considerable" en este ecosistema. Para este colectivo, "la mayoría de medidas no constituyen avances reales" y lamentan que quien se ve "claramente beneficiado" es el sector agroindustrial.

Desde el PSOE, en cambio, justifican que, aunque no es ley que ellos habrían deseado elaborar, sí es, aseguran, "la mejor posible" que se podía acordar en la Asamblea. "Siempre hemos tenido claro que esta ley tiene una incidencia directa sobre el futuro de la Región y hemos cumplido el objetivo de corregir el proyecto de ley deficiente que traía el Gobierno regional", afirmaba Diego Conesa, portavoz y líder socialista.

Ciudadanos, por su parte, subrayó el "el consenso" para validar esta ley. "El consenso logrado hoy por Ciudadanos asienta el diálogo como base de trabajo para la recuperación, tal y como nos demandaba la ciudadanía", valoraba el portavoz naranja, Juan José Molina. El diputado arguyó que "no es momento de victimismos", sino de que los agricultores y empresarios murcianos "lideren los cambios que permitirán contar con un Mar Menor sano, con una agricultura sostenible y un turismo rentable y compatible con la salvaguarda del medio ambiente". Molina agregó que los sectores afectados por la normativa tendrán a su lado a la Administración regional. "Los ayudaremos". 

Y el PP destacó que "en ningún lugar del mundo se va a aplicar un sistema de agricultura tan pionero, innovador y novedoso como en el Campo de Cartagena". El portavoz popular, Joaquín Segado, que aplaudió "el gran acuerdo político" y calificó la norma como una "ley histórica", pidió además al Gobierno de España que se implique porque, de lo contrario, "la ley será papel mojado". Pedro Sánchez, reclamó, "tiene que ejecutar el plan vertido cero para frenar las escorrentías".