Los responsables de Asaja, Alfonso Gálvez; de COAG, Miguel Padilla, y de UPA, Marcos Alarcón, en una imagen de archivo. Foto: EPMURCIA (EFE). No es suficiente con un acuerdo entre el PP, PSOE y Ciudadanos. Quieren el consenso de todos. Así lo han manifestado las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja, que en un comunicado conjunto han exigido este sábado que los partidos alcancen un amplio consenso para aprobar una ley de conservación "ambiciosa medioambientalmente y equilibrada" de cara a garantizar la viabilidad económica de la agricultura sostenible. Los agricultores también exigen que cesen los ataques al sector por su responsabilidad en el estado del Mar Menor.
Los productores, "ante las decisiones adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura y la inminente finalización de la tramitación en la Asamblea Regional de la Ley de Protección Integral del Mar Menor, con una más que evidente falta de coordinación y sintonía", subrayan su pesar por el deterioro de la albufera y su compromiso con la recuperación.
Por eso, afirman, exigen el "cese de los ataques que, en no pocas ocasiones con evidente menosprecio a la dignidad de los agricultores y ganaderos, persisten de forma obsesiva e irracional no sólo en responsabilizar casi en exclusiva al sector agrario del estado del Mar Menor, sino incluso en presentarlo ante la sociedad como el principal enemigo para su recuperación".
Según los agricultores, los puertos, urbanizaciones, construcciones residenciales (algunas de ellas sin conexión a alcantarillado), redes de saneamiento obsoletas con pérdidas y filtraciones "a pie de playa", vertidos mineros, actividades náuticas a motor o depuradoras de insuficiente capacidad, sin obviar el grave daño por no haberse puesto en marcha medidas que corrijan los efectos de las lluvias torrenciales, constituyen presiones sobre el ecosistema y aportes contaminantes que "sistemáticamente son minimizados cuando no directamente ignorados por quienes se obsesionan en poner a los productores de alimentos en el centro de la diana social".
Tachan de irresponsabilidad "hacer creer que actuar esencialmente sobre la agricultura salvará el Mar Menor" y condenan que la "deficiente actuación de las administraciones durante décadas, así como su muy deficiente colaboración y cooperación institucional, persistan pese a la gravedad de la situación".
Tras considerar "urgente" que se alcance un "punto de inflexión para afrontar de forma compartida las medidas previstas en el Plan Vertido 0", las organizaciones de productores rechazan las críticas "tendenciosas y malintencionadas a cada propuesta del sector agrario de introducir mejoras en la redacción de la Ley para la protección integral del Mar Menor sustentadas en las soluciones técnicas y el conocimiento científico, mientras se aplauden alternativas "homeopáticas" sin ningún rigor científico desde posiciones dogmáticas".
También subrayan que incurren en grave desconocimiento o directamente en "mala fe" quienes desprecian o ignoran las mejoras introducidas por los agricultores en sus prácticas agrarias y técnicas de producción con "costes elevadísimos a lo largo de los años que vienen reduciendo la “huella medioambiental” de la actividad agraria" y opinan que hubiera sido deseable que "otras actividades hubieran corregido su impacto en el mismo nivel que lo ha hecho la agricultura durante este tiempo".
En su escrito, critican que "no sólo no se reconozcan las mejoras introducidas por los agricultores, sino tampoco su importante contribución a la gestión de las aguas residuales urbanas regeneradas mediante su dilución y reutilización en el regadío", al tiempo que ven "ridículo" que se pretenda hacer creer que un producto ecológico necesite menos nutrientes para ser cultivado que uno convencional.
Por otro lado, subrayan su condena "sin paliativos" sobre las superficies ilegales de regadío y exigen la " actuación comprometida y eficiente de las administraciones en cumplimiento de la ley para que la noticia sea su erradicación y reivindicamos con firmeza disponer de agua suficiente, de calidad y a un precio razonable y rechazamos y rechazaremos cualquier actuación dirigida a reducir los recursos hídricos disponibles para la agricultura".
