Todos votan a favor de la proposición de ley (230 senadores), salvo Vox. Hubo 30 abstenciones
MURCIA. Casi tres años después de que la iniciativa promovida en 2019 por la profesora de Filosofía del Derecho de la UMU Teresa Vicente se convirtiera en un tsunami que arrastró a más de 600.000 firmas ciudadanas, la iniciativa popular legislativa (ILP) que quiere proteger al Mar Menor dotándole de personalidad jurídica ya es una realidad. El Senado ha aprobado la proposición de ley con los votos a favor de todos los grupos, salvo el de Vox. En julio, el Congreso de los Diputados dio un paso importante, pero faltaba uno más: el visto bueno del Senado. El que se ha producido hoy, un día ya para la historia. La Cámara Alta, reunida este miércoles, ha culminado el último de los trámites parlamentarios, por lo que la ley se verá reflejada públicamente en el BOE en los próximos días.
El Mar Menor, la gran joya medioambiental de la Región de Murcia, se convierte así en el primer ecosistema europeo dotado de derechos propios, al igual que los tienen las personas y las empresas. La protección de la laguna y su cuenca, dañadas durante décadas, se refuerza con este novedoso enfoque jurídico. También se fortalecerá la conservación, el mantenimiento y la restauración de la albufera. Además, una vez que entre en vigor, cualquier persona podrá presentar una acción judicial en nombre de la laguna.
La proposición de ley, votada en pleno, se ha tramitado por el procedimiento de urgencia y ha recibido 230 votos a favor, tres en contra (los tres senadores de Vox) y 30 abstenciones. La noticia fue recibida con aplausos y júbilo por la delegación de murcianos desplazados hasta Madrid para presenciar un día histórico. Pero para llegar a esta votación definitiva hubo que sortear numerosos obstáculos. Se recogieron hasta 639.826 firmas (se necesitan un mínimo de 500.000 para que una iniciativa legislativa llegue a las Cortes), toda una muestra del clamor popular que suscitó la iniciativa.
El pleno contó con la participación de hasta cinco senadores de la Región, que pudieron tomar la palabra en una jornada ya histórica para la Región de Murcia: fueron el caravaqueño Miguel Sánchez (portavoz de Ciudadanos), el aguileño Juan María Vázquez (PP), el unionense Francisco Bernabé (PP), la bilbaína pero senadora por Murcia Lourdes Retuerto (PSOE) y el madrileño pero murciano desde joven José Manuel Marín (portavoz de Vox).
Con tanta presencia murciana en la Cámara, fueron inevitables las alusiones nostálgicas. "Conozco perfectamente el Mar Menor. Lo conocemos a las mil maravillas los murcianos, que somos muy conscientes cómo era hace unos años y cuál es la gravedad del problema", reflexionaba Miguel Sánchez, quien recordó en su intervención los recuerdos de su infancia, con los caballitos de mar, "hoy desaparecidos" de la laguna. Por su parte, Bernabé, que fue alcalde de La Unión, decía: "De los 265 senadores que componemos esta Cámara soy el único que vive junto al Mar Menor, y lo hago, además, desde el mismo día que nací, hace ya más de 52 años".
Solamente Vox se opone. Lo ha hecho desde el principio, a diferencia de otros grupos. El PP, de hecho, que en su día se mostró ambiguo (sin pronunciarse ni a favor ni en contra), decidió en noviembre de 2021 sumarse al tren de la ILP. Vox la rechaza porque entiende que los ecosistemas no pueden ser considerados como sujetos de derechos, al no poder asumir obligaciones. El senador José Marín Gascón, que fue el primero en intervenir, tachó de "disparate jurídico" esta proposición de ley que supone, a su juicio, "más despilfarro y más legislación", en lugar de gestionar bien y sin aumentar el gasto público.
Vox presentó una propuesta de veto, pero fue rechazada con 258 votos en contra, tres a favor y una abstención. También se ha debatido una enmienda del PP que pedía citar textualmente en la norma a la Universidad Politécnica de Cartagena para que pueda proponer miembros del Comité Científico (un órgano de supervisión que contempla la ley), pero fue finalmente rechazada con 137 votos en contra, 105 a favor y 21 abstenciones. Los promotores de la norma aseguran que el texto ya incluye a la UPCT al englobarla dentro de "universidades de Murcia".
El PSOE replicó a Vox. El senador socialista Fernando Lastra arguyó que las actuales leyes ambientales en la Región han demostrado ser "claramente ineficaces" para proteger el Mar Menor y por eso defendió la nueva propuesta que no fue fácil de sacar adelante en las Cortes Generales porque "es la primera vez que algo así sucede en España". Para Lastra, "el ser humano no es el centro de la naturaleza ni superior a la biodiversidad en la que se integra". El socialista comparó esta "expansión de derechos" con la lucha que, en su día, libraron los esclavos o por la igualdad entre hombres y mujeres.
El aguileño Juan María Vázquez Rojas opinó que el veto de Vox únicamente conseguiría "cercenar" el debate de un texto legislativo que aprobó mayoritariamente en el Congreso y que pone voz a miles de ciudadanos que trasladan con su firma, "una propuesta para avanzar en los mecanismos de protección de uno de los ecosistemas que más valor tienen en España y en Europa".
No obstante, desde el PP subrayaron que es una "ley con luces, pero también con sombras", pues aducen que es una ley que no se debería haber tramitado en régimen de urgencia y debería haber permitido un debate reflexivo, pero al tiempo es una ley que "la exigen unos ciudadanos cada vez más comprometidos con la conservación".
Por parte de Ciudadanos, Sánchez aseveró que la ILP constituye "una prueba del fracaso de la política regional y la nacional". Así lo argumentaba: "Ha obligado a la sociedad civil a movilizarse para encontrar una solución al problema que hemos creado los políticos". Y apostilló: "Mientras la laguna agoniza lentamente, la política, lejos de actuar, se sacudía las culpas y se arrojaba el 'tú más' al contrario".
El portavoz de Izquierda Confederal, Vicenç Vidal, renunció a responder a cualquiera de los argumentos de Vox. "Si ya no podemos convencerles con la ciencia o el cambio climático, les pido que retiren el veto alegando la Encíclica del Papa o el artículo 45 de la Constitución española, entendiendo que sí son un referente válido para ellos", ratificó, en palabras recogidas por Europa Press.
La senadora del Grupo Parlamentario Vasco, María Mercedes Garmendia, reconoció que, a pesar de tratarse de una iniciativa "novedosa", su grupo no ve "con claridad" que este estatus jurídico "sea una garantía eficaz" para que la laguna salada salga de la situación en la que está.
Bernabé, por otra parte, hizo hincapié en que "es obligación de todos los partidos solucionar para siempre la situación del Mar Menor". Y disertó sobre otros desastres medioambientales del pasado, como el Prestige y Aznalcóllar, donde hubo "una respuesta inmediata, coordinada e impulsada por el Gobierno de España en el ejercicio de sus competencias sobre los dominios públicos marítimos".
Y finalmente la socialista Lourdes Retuerto cargó contra las "políticas erráticas y codiciosas" de los últimos 28 años de gobiernos del PP, con la "falta de un modelo de gestión" y apostó por el "cambio de paradigma" auspiciado por la ILP. Y se preguntó "qué hubiera pasado si la ley de protección y armonización de usos del Mar Menor que puso en marcha el PSOE en 1987 no hubiera sido tumbada por el PP".
Terminado el debate, la aplastante mayoría parlamentaria convirtió el sueño que en 2019 comenzó a alentar la profesora Teresa Vicente en una novedosa e insólita realidad: el Mar Menor, tan castigado en los últimos años, ha hecho historia al reconocerse sus derechos propios como ecosistema, un reconocimiento jurídico nunca antes visto en Europa.
