La Justicia no se moja con el 'pin parental': el TSJ archiva el recurso de Celaá porque no hay clases

MURCIA. Al no haber clases escolares, no puede haber 'pin parental'; al no haber hecho que juzgar, la Justicia no interviene ni se pronuncia. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia zanja la polémica cuestión del 'pin parental' cerrando el caso pero sin dictaminar si fue o no contrario a la legalidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha archivado el recurso contra el también denominado 'veto parental' y lo hace aduciendo "pérdida sobrevenida de objeto al haber concluido el curso escolar", según indican fuentes judiciales.

El TSJ archiva así el recurso contencioso-administrativo que interpuso el Ministerio de Educación, que dirige Isabel Celaá, contra la resolución del 29 de agosto que ordenó la Consejería de Educación, por la que se dictaban instrucciones en el comienzo del curso 2019-2020 para que los centros docentes de la Región recabaran la autorización expresa de las familias de los alumnos para participar en actividades complementarias. 

La Región fue la primera comunidad española en implantar esta medida. Pero el Ministerio se opuso y en febrero llevó el caso a los tribunales. Un mes después, en marzo, el TSJ suspendía cautelarmente la resolución autonómica que establecía el 'pin parental'. Esa decisión judicial se conoció el 12 de marzo, justo en la semana crucial de la pandemia, dos días antes de que el Gobierno de España decretara el estado de alarma. El permiso parental quedó relegado, como todo, a causa de la covid-19. El confinamiento obligó la suspensión del curso presencial de todo el ámbito educativo; el coronavirus también llevó a la Justicia a reducir hasta servicios mínimos su actividad.

Terminado el curso escolar, la Justicia entiende que el objeto que alega el Ministerio ha sobrevenido, por lo que archiva el recurso sin analizar el contenido. Sí lo valoró, aunque brevemente, en la resolución cautelar de marzo, que tampoco quiso entrar a fondo, pero indicaba que "existen mecanismos suficientes para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas sus concretas razones, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad". Aquella resolución contó con un voto particular de un miembro del tribunal.

Una exigencia de Vox apoyada por el PP

La implantación del permiso parental fue una exigencia de Vox que el Gobierno regional -especialmente los consejeros del PP- ha defendido con ahínco. En diciembre, el PSOE reclamó su retirada en la Asamblea Regional, pero el voto en contra de PP y Vox, junto con la abstención de Ciudadanos, impidió que la moción saliera adelante. Ese mes, Vox exigía que el ‘pin’ se consolidara en los Presupuestos de 2020 y el Ejecutivo aceptó. La confirmación del Gobierno regional generó numerosas críticas. Sin embargo, el caso adquirió otra dimensión cuando el Ejecutivo central entró en acción. Con apenas unos días en el cargo, la ministra de Educación, Isabel Celaá, advertía a Murcia de que acudiría a los tribunales si no revocaban las autorizaciones familiares.

El propio presidente de España, Pedro Sánchez, se puso al frente del rechazo al 'pin parental'. "Seremos firmes", manifestó, en la batalla contra una medida "que vulnera el derecho de los niños a la educación". Pero el Gobierno regional se mantuvo en su posición, alegando, por contraposición, "el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos". El presidente murciano, Fernando López Miras, comparaba a Sánchez con los "abusones del patio del colegio, que se meten con los más pequeños" y le acusaba de mostrar una actitud "chulesca" al "inventar una polémica que nada tiene que ver con la realidad".

Con todo, la consejería de Educación preparó un decreto que, por un lado, consolidaría el permiso parental, pero también lo suavizaría, en vistas del recurso judicial que se avecinaba. La nueva norma, todavía no aprobada, establece que serán exentas las autorizaciones para aquellas actividades impartidas por funcionarios. El texto también recoge el denominado 'silencio positivo'; esto es, aquellos padres que no quieran que sus hijos asistan a una actividad tendrán que expresarlo por escrito; de lo contrario, si no hay una negativa expresa, deberán acudir a la actividad propuesta por el centro. 

Ahora falta por saber si el Gobierno retomará ese decreto en vista de que la Justicia no ha tumbado el 'pin parental' y si lo implantará de nuevo en el próximo curso escolar.