MURCIA. La Justicia murciana quita la razón al Gobierno regional y no le deja que el aeropuerto lleve el nombre del ingeniero e inventor del autogiro, Juan de la Cierva. La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) anula el cambio de nombre del Aeropuerto Internación Región de Murcia por parte de la Comunidad Autónoma porque entiende que esa medida no es conforme a derecho "al haber sido dictada por órgano manifiestamente incompetente", según recogen fuentes del propio TSJ en un comunicado. La sentencia no es firme y cabe recurso.
La resolución, notificada este viernes, estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Región el pasado 12 de mayo de 2022, por el que se fijaba como denominación oficial de la terminal de Corvera como "Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia-Juan de la Cierva". El abogado del Estado esgrimía que la denominación como Juan de la Cierva podría vulnerar la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.
Hay que recordar que el TSJ ya paralizó en septiembre de 2022 y de forma cautelar la denominación de la terminal propuesta por la Comunidad, a la espera de que se resolviera el recurso contencioso interpuesto por el Estado. Un mes después, en octubre de 2022, la sala mantenía la suspensión al desestimar el recurso presentado por el Ejecutivo autonómico.
Ahora, dos años después, el TSJ falla a favor del Gobierno de España. El fallo no entra a valorar la figura del ingeniero murciano o ni tampoco si debe llamarse Juan de la Cierva o no, sino que deja claro que no existe ninguna norma que otorgue una competencia a la Comunidad Autónoma para denominar un aeropuerto.
Los magistrados consideran que hay un posible conflicto de competencias. Así -según explica la resolución-, "mientras la Administración General del Estado mantiene que tratándose de una aeropuerto de interés general ostenta la competencia exclusiva y, en consecuencia a ella corresponde determinar su denominación; la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mantiene que la declaración del aeropuerto como de interés general es a los solos efectos que se fijan entre los que no se incluye la denominación del aeropuerto y que, como titular de dicha infraestructura tiene derecho a fijar la denominación de la misma".
En su argumentación, la Sala sostiene que tiene razón la Comunidad Autónoma cuando mantiene que en ningún punto de la Orden de Fomento de 2003 (que autoriza la construcción del aeropuerto, lo declara de interés general y reconoce la titularidad autonómica) se reserva el Estado la competencia concreta para determinar la denominación del aeropuerto, y ninguna norma concreta dispone dicha particularidad. Sin embargo, puntualiza que "sí resulta innegable que la atribución de competencia exclusiva al Estado por la Constitución Española es genérica, por lo que habrá que entender que dicha competencia se extiende a cuanto guarde relación con los aeropuertos de interés general".
Y añaden con rotundidad: "Aunque pudiéramos considerar que se trata de una laguna legal, lo que resulta indiscutible es que ninguna norma atribuye la concreta competencia de denominar la infraestructura a la Comunidad Autónoma".
El Tribunal apunta además que del Real Decreto 2858/1981, sobre calificación de aeropuertos civiles, se infiere que "en los aeropuertos de interés general, con independencia de quien sea el titular dominical, será el Estado el encargado de su gestión y las actuaciones o actividades que pueda desarrollar el titular dominical solo podrán ser las previstas legalmente que a su vez sean expresamente autorizadas". Y, ahondando en dicho argumento, añaden que la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, da por supuesto que la totalidad de las competencias en la materia son estatales y por ello, su objeto es determinar las competencias de los distintos órganos de la Administración General del Estado".
"En definitiva, reconocida la competencia exclusiva del Estado en materia de aeropuertos de interés general sin que conste excepción alguna respecto de la denominación, ni conste reserva alguna de esta competencia a favor de la Comunidad Autónoma, habremos de entender que dicha competencia corresponde al Estado, sin perjuicio de la siempre beneficiosa colaboración y cooperación entre administraciones", concluyen.
"Así lo entendió también la propia comunidad autónoma como lo demuestra con su actuar, como puede comprobarse en el expediente administrativo", agrega la resolución para pasar a recoger los hitos por los que pasa la solicitud de cambio de denominación que hizo el Consejero de Fomento al Ministerio en julio de 2018, apoyada por la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados y que contó con diversos informes favorables hasta que en julio de 2020 el director general de Memoria Democrática remite a la Dirección General de Aviación Civil escrito recibido en su departamento solicitando que se retire la propuesta de nombrar Juan de la Cierva al Aeropuerto.
"Solo cuando se pone objeción a la denominación elegida la Comunidad Autónoma, decide, en vez de discutir el informe de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática para defender la procedencia del cambio de nombre, acuerda por su cuenta dicha denominación obviando la competencia estatal”, termina diciendo la fundamentación jurídica.
La sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, siempre y cuando el asunto presente interés casacional, añaden las mencionadas fuentes.
El origen de este choque entre dos administraciones (la central y la autonómica) se remonta tiempo atrás. En junio de 2021, el Ministerio de Transportes (anteriormente conocido como Fomento), dirigido a la sazón por José Luis Ábalos, denegaba la petición de la Región de Murcia de denominar al aeródromo regional con el nombre del ilustre inventor del autogiro. El Ministerio se basaba en un informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que argumentaba que el nuevo nombre "resulta contraria al espíritu y el tenor de la Ley de la Memoria Histórica", como así adelantó en primicia Murcia Plaza.
El documento del Gobierno central incluía un estudio del profesor Ángel Viñas que contiene que "se deja de manifiesto la participación de Juan de la Cierva en la preparación e intento de golpe de Estado del 18 de julio de 1936 (que dio origen a la Guerra Civil española)". Especificaba que la involucración fue "especialmente grave por realizarse ante potencias extranjeras" y señalaba hasta nueve puntos que vinculan a De la Cierva con el levantamiento militar de Franco.
Sin embargo, once meses después, en mayo de 2022, el Ejecutivo regional decidió validar la medida a pesar de que conocía la posición del Ministerio de Transportes. Poco después, en junio, el aeródromo de Corvera ya lucía el nombre oficial del ingeniero, rotulado en la fachada del acceso a las instalaciones y en el área de espera de aviones. La Comunidad argüía que esta medida respondía a un clamor popular, pues tanto la Asamblea Regional (con los votos a favor del PP y Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Podemos) e incluso la propia Aena habían consensuado en 2017 el cambio de nombre.
Ante aquel estudio de Ángel Viñas, la Comunidad murciana respondió con informes del profesor de Historia Política Roberto Villa y del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia Francisco Javier Guillamón sobre el ingeniero murciano, que subrayan su excepcional trayectoria en el mundo de la aeronáutica y que su figura "siempre ha sido un punto de encuentro".
El hecho histórico que suscita la controversia actual se remonta al estadillo de la Guerra Civil. De la Cierva, que en 1936 llevaba nueve años residiendo en Londres, recibe la petición de ayuda de un amigo (corresponsal del diario ABC), que le pidió consejo para contratar un avión. La aeronave resultó ser el Dragon Rapide, con el que posteriormente el general Franco se trasladó desde Canarias hasta Marruecos para tomar el mando del Ejército nacional. ¿De la Cierva estaba o no al corriente de los planes de los militares sublevados? Esa es la pregunta que genera toda la polémica.
"Si mi abuelo llega a saber que ese avión se va a utilizar para lo que finalmente se usó, un golpe militar, antes que nada habría sacado a su familia de España para que estuvieran seguros", sostiene la familia del ingeniero, que siempre ha defendido su legado. Tal y como ha reiterado en más de una ocasión su nieto, Fernando de la Cierza, defienden que no hay ninguna prueba documental que demuestre que su abuelo colaborara con el golpe militar. Juan de la Cierva falleció en diciembre de 1936 a la edad de 41 años.