MURCIA. La suspensión cautelar del nombre Juan de la Cierva para el aeropuerto de Corvera se mantiene. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha desestimado el recurso de reposición de la Comunidad Autónoma había presentado contra el auto que acordó, el pasado 19 de septiembre, la suspensión cautelar del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, sobre la denominación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia-Juan de la Cierva.
Las magistradas confirman la suspensión cautelar a la espera de que se resuelva el recurso contencioso interpuesto en julio por la Administración General del Estado y explican que "los argumentos esgrimidos por la parte actora en el recurso de reposición interpuesto no desvirtúan los contenidos en la resolución recurrida", según informan fuentes judiciales.
Las juezas añaden, sin entrar al análisis del fondo del asunto, que el propio comportamiento de la Administración autonómica para obtener el cambio de denominación -aludiendo a la solicitud realizada al Ministerio de Fomento en julio de 2018- "permite inducir que la misma siempre ha considerado que se trataba de una competencia estatal".
El nombre de la terminal murciana, inaugurada en 2019, se dirimirá en los tribunales, con una pugna entre el Gobierno de España y el Ejecutivo regional. En septiembre, el TSJ aceptó el recurso que había interpuesto en julio la Abogacía del Estado contra el acuerdo que aprobó el 12 de mayo la Comunidad en un Consejo de Gobierno, por el cual el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia adoptaba el nombre de Juan de la Cierva. El abogado del Estado aducía que la denominación podría vulnerar la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.
Las magistradas del TSJ no entraron en el fondo de la cuestión y no se pronunciaron sobre si debe o no llamarse Juan de la Cierva, pero sí remarcaron que el conflicto conlleva un "interés general" que "exige una estabilidad en la denominación oficial de un aeropuerto", dado que afecta a "multitud de trámites y documentos". Las juezas estiman que, si finalmente el recurso del Gobierno central prosperara, se produciría el perjuicio de "tener que volver a modificar un nombre que ya podría haberse consolidado".
En el auto, las juezas de la Sala de lo Contencioso lanzaban una advertencia: es el Estado quien "tiene competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general", según recoge el artículo 149.1.20º de la Constitución española, que añade que el Estado tiene competencia en el "control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves". Ese es un motivo más por el que "la solicitud de suspensión viene avalada por una apariencia de buen derecho", según citan fuentes judiciales.
El origen de este choque entre dos administraciones (la central y la autonómica) se remonta tiempo atrás. En junio de 2021, el Ministerio de Transportes (anteriormente conocido como Fomento), dirigido a la sazón por José Luis Ábalos, denegaba la petición de la Región de Murcia de denominar al aeródromo regional con el nombre del ilustre inventor del autogiro. El Ministerio se basaba en un informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que argumentaba que el nuevo nombre "resulta contraria al espíritu y el tenor de la Ley de la Memoria Histórica", como así adelantó en primicia Murcia Plaza.
El documento del Gobierno central incluía un estudio del profesor Ángel Viñas que contiene que "se deja de manifiesto la participación de Juan de la Cierva en la preparación e intento de golpe de Estado del 18 de julio de 1936 (que dio origen a la Guerra Civil española)". Especificaba que la involucración fue "especialmente grave por realizarse ante potencias extranjeras" y señalaba hasta nueve puntos que vinculan a De la Cierva con el levantamiento militar de Franco.
Sin embargo, once meses después, en mayo de 2022, el Ejecutivo regional decidió validar la medida a pesar de que conocía la posición del Ministerio de Transportes. Poco después, en junio, el aeródromo de Corvera ya lucía el nombre oficial del ingeniero, rotulado en la fachada del acceso a las instalaciones y en el área de espera de aviones. La Comunidad argüía que esta medida respondía a un clamor popular, pues tanto la Asamblea Regional (con los votos a favor del PP y Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Podemos) e incluso la propia Aena habían consensuado en 2017 el cambio de nombre.
Ante aquel estudio de Ángel Viñas, la Comunidad murciana respondió con informes del profesor de Historia Política Roberto Villa y del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia Francisco Javier Guillamón sobre el ingeniero murciano, que subrayan su excepcional trayectoria en el mundo de la aeronáutica y que su figura "siempre ha sido un punto de encuentro".