Novena sesión del juicio del 'Caso Auditorio', celebrada en la Audiencia Provincial de Murcia. Los peritos vuelven a discrepar sobre el proceso
MURCIA. El interventor no se retracta seis años después de la firma de un duro informe que analizó el proceso del Auditorio de Puerto Lumbreras. Citado en calidad de perito, quien fuera el interventor de la Comunidad Autónoma, Ángel Jurado, hoy jubilado, ha ratificado ante el tribunal de la Audiencia Provincial las palabras que escribió en septiembre de 2016. "La subvención [que ascendió a seis millones de euros] no se debía haberse concedido", declaró, rotundo, ante las preguntas del Fiscal Anticorrupción. El perito, que en su condición de testigo debe decir la verdad, argumentó que las bases reguladoras de la ayuda de la Comunidad al Ayuntamiento para construir la infraestructura establecían que había que acreditar la titularidad de los terrenos. "Pero se hizo en base a un proyecto que indicaba una ubicación que luego fue distinta donde se hizo el Teatro Auditorio. Por eso, consideré, basándome en esos requisitos, la subvención no se debía haber concedido", afirmó. "Se tenía que haber notificado cualquier cambio del proyecto", añadió.
Esa fue la principal declaración en la novena sesión del juicio que tiene en el banquillo al expresidente Pedro Antonio Sánchez (PAS) -y otros tres acusados-. La cita, no obstante, estuvo marcada por las discrepancias y las posturas antagónicas entre los peritos, en función de si procedían de la defensa o de la acusación. Ocurrió también la anterior vista oral, celebrada este lunes, y la tónica se repitió este martes. Por un lado, Jurado, propuesto por el fiscal, expresó todos sus reparos en la manera en que se convocó el proyecto y también en el modo en que se tramitó la ejecución de la idea ganadora. Por otro lado, la profesora de Derecho Administrativo Blanca Lozano Cutanda, propuesta por la defensa de Pedro Antonio Sánchez, sostuvo que todo el proceso se ajustó a la legalidad.
Cabe recordar que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, presidida por el juez Juan del Olmo, juzga presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras durante la etapa en la que PAS fue alcalde (entre 2003 y 2013 antes de su salto a la Comunidad, que presidió entre 2015 y 2017). Aquella fue una de las causas que acabarían precipitando su salida de la política. El expresidente se enfrenta a dos años y medio de prisión por presunto fraude y prevaricación continuada, además de 19 años de inhabilitación para empleo y cargo público. Además del expresidente murciano hay otros tres procesados: el arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga; la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimena.
El interventor, que indició no conocer personalmente a los acusados, esgrimió que cualquier cambio del proyecto "se debió notificar". En este caso, además, "lo único que se presentó fue escrito diciendo que se iba a hacer un convenio con los titulares". Asimismo, explicó que la concesión de la Comunidad exigía un proyecto de ejecución: "Y realmente esto no fue un proyecto de ejecución. Cuando la Comunidad solicita la justificación de la ayuda, se indica por un informe del arquitecto que para tener el proyecto de ejecución se pide una prórroga del plazo, porque faltaban 18 meses para terminarlo. Eso es un contrasentido". En su opinión, la Administración autonómica debió haber reclamado la devolución del dinero y el proyecto modificado "tampoco debió haber sido aprobado".
Jurado también valoró, a preguntas del fiscal, la contratación del arquitecto acusado, Martín Lejarraga. "Creo recordar que no figura en el expediente ningún documento que acredite cómo se le contrató y si se le llegó a pagar", afirmó el a la sazón interventor regional. Sobre el concurso de ideas, aseguró que no figura nada en el expediente. "Si ya existían varias proyectos realizados, hacer un concurso de ideas cuando ya había un proyecto presentado...", agregó.
Sin embargo, en palabras recogidas por la Agencia Efe, la profesora universitaria Lozano Cutanda ratificó el contenido de su informe, en el que se señala que la convocatoria del concurso de proyectos estuvo ajustada a la ley, lo mismo que el proyecto modificado, que considera se hizo a coste cero. Según declaró Lozano, ese cambio era lo más indicado para regularizar la situación de ejecución del proyecto -"que se había visto afectada por causas sobrevenidas"- y evitar tener que devolver la subvención concedida por la administración, y al aprobarlo se defendía, recalcó, el interés general y se evitaba un daño superior. A diferencia del parecer del fiscal Anticorrupción, la perito defiende que no hubo un encargo previo y a dedo del entonces alcalde al arquitecto Martín Lejarraja, que resultó ganador de la convocatoria de ideas, para redactar el proyecto, "y la prueba más clara de que no lo había es que se convocó y se presentaron otros candidatos".
La vista oral se reanudará el próximo lunes, 28 de noviembre, con las exposiciones de la defensa y las acusaciones. El juicio, que empezó el pasado 27 de septiembre, está previsto que concluya el 29 de noviembre.
