MURCIA. El agua, en su exceso o defecto, siempre ha marcado la vida en el municipio de Murcia. Los efectos de las inundaciones son más que evidentes con las Danas (antiguas gotas frías) pero la mera posibilidad de que se puedan producir tienen en vilo al sector de la construcción. Y es que dos tercios del municipio tiene zonas en las que la construcción de viviendas o los equipamientos públicos están prohibidos por la nueva normativa sobre zona de flujo preferente de aguas.
Para acabar con estos vetos y aumentar las posibilidades de realizar equipamientos, siempre con la seguridad por bandera, el Ayuntamiento ha solicitado la declaración de alta inundabilidad para el municipio, que afectará a 78,5 millones de metros cuadrados del término municipal.
En esta situación se encuentra todo el planeamiento de desarrollo del crecimiento residencial perimetral de la ciudad, entre otros los sectores de Barriomar, San Benito, Los Dolores, Puente Tocinos, Zarandona, Aljucer, Santiago y Zaraiche o La Alberca. En total, son 85 planes parciales que afectan a más de 10 millones de metros cuadrados.
El concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, explica que el objetivo de esta decisión es "garantizar los futuros desarrollos urbanísticos y la seguridad de todos los ciudadanos e interesados".
El Reglamento de Dominio Público Hidráulico establece que en los municipios en que, al menos, un tercio de su superficie esté incluida en la zona de flujo preferente o que por la morfología de su territorio tengan una imposibilidad material para orientar sus futuros desarrollos hacia zonas no inundables, se podrá permitir como régimen especial nuevas edificaciones o usos asociados en el área de flujo preferente.
Esta autorización será posible siempre que cumplan determinados requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales que establezcan las comunidades autónomas, ha aclarado el ayuntamiento murciano.
Además, el Consistorio contactará con la Dirección General de Ordenación del Territorio para coordinar actuaciones que determinen las zonas inundables y la necesidad de adaptación del planeamiento, como informan desde el Consistorio en un comunicado.
Mientras, Guerrero destaca que realizarán un estudio técnico, conjuntamente con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Gobierno regional, para redefinir con "mayor precisión y rigor técnico" el ámbito de afección de las zonas de flujo preferente.
El objetivo es reconsiderar y unificar, conjuntamente con estas dos administraciones, los diferentes proyectos en materia de inundabilidad, y plantear la adopción de medidas, así como la realización de los estudios, proyectos y, en su caso, obras de infraestructura, que reduzcan la vulnerabilidad del municipio y los efectos y daños a las personas y bienes que podrían derivar del riesgo de inundación.
En 2016 se modificó el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, estableciendo importantes limitaciones a las nuevas edificaciones que se encuentren en las zonas de flujo preferente. Estas zonas afectan a una superficie total de 78,5 millones de metros cuadrados dentro del municipio de Murcia.
Los equipamientos situados en todo tipo de suelo, incluido el urbanizado, no podrían ejecutarse. Esto afecta a casi 3 millones de metros cuadrados. En cuanto a las zonas de suelo urbano especial y urbanizable especial, así como otras normas afectadas de suelo no urbanizable con tolerancia de edificación, con una superficie total de 15,6 millones de metros cuadrados, no podrían autorizarse licencias de construcción.
Por su parte, el grupo municipal Popular ha denunciado el "oscurantismo" del Gobierno local para fijar las zonas inundables, ha advertido de posibles irregularidades y ha pedido que los servicios jurídicos municipales dicten un informe sobre el asunto debido a la especial relevancia que tiene esta cuestión, como informa Efe.
Para el PP, que esta decisión afecte a una superficie tan extensa "supondría un frenazo al desarrollo y al crecimiento", por lo que ha reclamado, antes de declarar una zona de alta inundabilidad, aclarar la legalidad de la zona de flujo preferente planteada por el Gobierno local.