MURCIA (F. V. / AGENCIAS). Tranquilo, confiado y dispuesto a no eludir ninguna pregunta ante la jueza. Así llegaba, puntual y a su hora, Ramón Luis Valcárcel a su cita de este viernes en la Ciudad de la Justicia para declarar como investigado en la trama de corrupción del caso Desaladora de Escombreras. El expresidente de la Comunidad, que entró a las 9.30 horas y salió antes de las 13.30 horas, compareció durante más de tres horas ante la magistrada. La Fiscalía aprecia en Valcárcel delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones. La acusación popular, que ejerce el abogado murciano Diego de Ramón, no se dio por satisfecha y pedirá el próximo lunes la prisión incondicional y sin fianza para el político imputado.
Acompañado por su abogado, Fernando Adame, el que fue presidente del Gobierno regional durante dos décadas aseguraba ante los periodistas que estaba "deseando declarar para demostrar" su inocencia, convencido de que su testimonio le "permitirá probar" que no cometió "ningún delito" en la gestión de la desaladora. Tan "tranquila tiene la conciencia" -como así expresó- que asevera que volvería a emprender "todas las actuaciones que fueran necesarias si con las mismas se trataba de conseguir agua para Murcia", en palabras recogidas por la agencia Efe.
El político defiende que no autorizó la tramitación de la planta: "Yo simplemente dije: hágase una desaladora; y no yo, el Gobierno", manifestó Valcárcel ante la prensa. "Es un proyecto del Gobierno porque era necesario hacerlo", indicó mientras añadía que la infraestructura rinde actualmente "al 100% de su capacidad". Para el exeurodiputado, la tramitación es una cosa "distinta" con la que él, mantiene, "no tiene nada que ver". "Yo no soy experto en derecho mercantil, no soy economista ni ingeniero, por lo que no puedo estar en esas cosas", cita Europa Press.
El abogado Diego de Ramón, a la izquierda. Foto: OMEGAEl juzgado de Instrucción número 1 de Murcia esperaba al ex máximo mandatario de la Región, que actualmente es el presidente de honor del PP regional. Valcárcel, que presidió la Comunidad desde 1995 hasta 2014 y posteriormente fue vicepresidente del Parlamento Europeo entre 2014 y 2019, ya había sido citado el pasado 16 de marzo pero su declaración fue aplazada por las medidas acordadas por el TJS tras la pandemia del coronavirus. También están citados cuatro testigos, que comparecerán a finales de mes: dos de ellos son el exinterventor de la Comunidad Eduardo Garro y el otrora presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura José Salvador Fuentes Zorita.
"He venido a dar cumplida y completa respuesta a todo lo que se me preguntara y eso es lo que he hecho", comentó Valcárcel al término de la comparecencia. "He toreado en plazas peores", apostilló. Sin embargo, la acusación popular considera que el expresidente "ha echado balones fuera y ha descargado la responsabilidad en la comisión de secretarios del Gobierno regional". Según apunta el letrado De Ramón, Válcárcel declaró en el interrogatorio que Florentino Pérez, presidente del grupo ACS, que construyó la desaladora, le indicó que "sería a coste cero para las arcas públicas".
La causa de la Desaladora, también llamado caso La Sal, se remonta diez años atrás, en 2010, a raíz de una querella presentada por Diego de Ramón a la Fiscalía para instar a la investigación de las presuntas irregularidades en la construcción de la Desalinizadora de Escombreras. De Ramón sostenía que se trataba del "mayor escándalo de corrupción" de la Región de Murcia, al significar un "agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional", según precisa Europa Press.
Diez años después, la causa ya está siendo juzgada. El abogado recrimina al exjefe del Gobierno regional que "se le ha olvidado mencionar que la desaladora cuesta 70.000 euros diarios a los murcianos, es decir, 22 millones de euros que se pagan al año por el agua en subvenciones". La acusación popular, agregó, pedirá prisión incondicional. "Sobre todo, me baso en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la manipulación del Gobierno regional que presidió Valcárcel con el Grupo ACS Cobra que construyó la desaladora", argumentó De Ramón.
El expresidente, siempre según el letrado de la acusación, alegó que "no sabía nada y que no le informaron los servicios jurídicos ni el interventor general". "Valcárcel ha dicho que tenía buenos criterios de los servicios jurídicos, pero no así del interventor", señaló el letrado de la acusación popular, que asegura que estos hechos eran conocidos por la Comunidad y él mismo "lo estudió en el informe del Tribunal de Cuentas de los años 2009 y 2010".
Además, De Ramón afirma que Valcárcel ha derivado la responsabilidad al entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, que a su vez ejercía las funciones de presidente del Ente Público del Agua (EPA), según el letrado. En cambio, el expresidente justificó que él "no tenía ningún conocimiento de nada y no se entrevistó con ningún abogado ni nada".
