Mano dura contra los que salten la cuarentena: multas de hasta 600.000 en los casos muy graves

MURCIA. Un problema lleva de cabeza a los responsables de Salud: no se están cumpliendo las cuarentenas. Los médicos de Familia que hacen seguimiento tanto a los casos activos como a sus contactos detectan que no todos sus pacientes respetan el obligado aislamiento que deben guardan. Así lo reveló el consejero de Salud, Manuel Villegas, que indicaba que hay personas vigiladas que no cogen las llamadas de los facultativos. No dio, eso sí, cifras de esos presuntos infractores pero sí puso de manifiesto esa preocupación que puede explicar, por ejemplo, por qué el brote de Bolivia no se ha cerrado todavía y sigue deparando nuevos positivos a diario. "El problema", esgrimía Villegas, "se genera cuando esa persona que tiene que estar en cuarentena no está en su domicilio: se le llama varias veces y, si no está en casa, se pone en conocimiento de la Delegación del Gobierno, que manda a la Policía".

Estas conductas acarrearán una multa a partir de ahora. Si se confirman estas infracciones, se enfrentarán a sanciones que oscilarán entre los 100 euros y 3.000 euros para los casos leves y entre los 3.001 y los 60.000 euros para las faltas graves. En el caso de que pudieran llegar a poner en riesgo la salud de más cien personas, se tipificaría entonces como un incumplimiento muy grave y su castigo puede ascender hasta 600.000 euros.

El nuevo régimen sancionador, que no sólo penaliza conductas inadecuadas sino que comprende cualquier tipo de incumplimientos en esta era de convivencia con la pandemia, fue aprobado este jueves vía decreto por el Gobierno regional. Pero el objetivo de esta tipificación de las multas, remarcó el titular de Salud, no es "sancionar, sancionar y sancionar" sino concienciar a la población de la importancia de respetar las medidas de seguridad y prevención contra la covid-19.

Potestad para ordenar confinamientos

El decreto también modifica dos aspectos del texto que elaboró el Gobierno regional para afrontar la llamada 'nueva normalidad', a la que llegó la Región el pasado 19 de junio, cuando el Gobierno regional recuperó sus competencias autonómicas, en manos del Ejecutivo de España durante el estado de alarma. Estos cambios, entre otras medidas, permiten al consejero de Salud que a través de una orden directa pueda confinar determinados núcleos de población.

En concreto, las dos modificaciones, según reveló el propio consejero, conceden "facultad para modular o modificar, en función de la evolución sanitaria, las medidas tanto de higiene y previsión como de aforos para los establecimientos". Pero no sólo ello: el decreto otorga potestad al titular de Salud para decretar "con carácter temporal y durante el tiempo que resulte necesario confinamientos perimetrales, aislamientos, cuarentenas, restricciones a la movilidad colectiva, suspensión de actividades, clausuras o cierres de instalaciones" que serían -añaden- "aplicables a sectores concretos de actividad o para ámbitos territoriales específicos ante la aparición de brotes de carácter localizado".

Ante las preguntas de los periodistas sobre la legalidad de estas medidas, el consejero defendió que tiene que justificarlo. "Tenemos que justificarlo bien, que es lo que nos dice el ministro [de Sanidad], y hacerlo de acuerdo a la magnitud del riesgo", manifestó, abogando por aplicar la medida "de forma proporcional". Villegas destacó que hasta el momento las decisiones adoptadas con los inmigrantes llegados en patera han sido respaldadas judicialmente. "Cuando llega una patera con algún positivo, el listado de personas se comunica a la Delegación del Gobierno para que vigile la cuarentena, y se da conocimiento al juez. De momento, el juez ha refrendado lo que hemos dicho", aseguró.