MURCIA. Madrid y Murcia no están separadas solamente por 404 kilómetros, una distancia aún mayor hoy día por la ausencia de conexión directa por tren entre ambas ciudades. Políticamente también se sitúan en las antípodas. La crónica de la actualidad de esta semana ha vuelto a poner de manifiesto dos modelos políticos antagónicos, muy diferentes y a menudo enfrentados. La cohabitación política en su máxima expresión. Poco tardó López Miras en sumarse a la ola de 'rebeldía fiscal' que había iniciado Juanma Moreno contra el Gobierno central. Aunque al principio hubo titubeo desde la Comunidad ("lo estamos estudiando", "por ahora no lo planteamos"), al final el presidente murciano se dejó de ambages y el viernes se lanzó directo en las televisiones nacionales, ante la vista de todo el país: "En las próximas semanas, antes de final de año, seguramente lo haremos con la eliminación del Impuesto Patrimonio".
No podía ser menos López Miras. Si algo ha caracterizado su Gobierno regional es precisamente la apuesta por las reducciones de impuestos, un modelo liberal contrapuesto al que plantean desde el Ejecutivo central, la coalición de PSOE y Unidas Podemos. En 2018 eliminó (lo bonificó en su práctica totalidad, sería más preciso) el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo que fue rescatado por la Comunidad en 2012 en plena crisis económica, que tanto azotó las arcas regionales. Aquella medida benefició a 114.608 contribuyentes murcianos. A finales de año el Ejecutivo murciano la amplió en Donaciones para el grupo 3 (que comprende hermanos, tíos y sobrinos). Y ahora, con la inflación disparada y el precio de la energía en sus máximos, aprobó la deflactación del 4,1% del IRPF en el tramo autonómico.
Estas bajadas fiscales suponen todo un desafío al Gobierno central, que rápidamente reaccionó con el anuncio de un nuevo gravamen para las grandes fortunas. No dio muchos detalles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero sí avanzó que será temporal y que empezaría a aplicarse a partir del 1 de enero. "Al igual que ha ocurrido en los impuestos a energéticas y banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo", señaló la ministra, sin profundizar, pero dejando claro que el Ejecutivo no se quedaba de brazos cruzados ante los movimientos de las autonomías gobernadas por dirigentes del PP.
A López Miras no le supone ningún contratiempo llevar la contraria a Moncloa. Al contrario: se encuentra cómodo, explotando al máximo su rol crítico contra el presidente de España. "Pedro Sánchez ha subido 26 veces los impuestos y ha recaudado más de 22.000 millones de euros durante esta legislatura", esgrimió este viernes. "Está en contra de que se bajen impuestos y a favor de que se suban", recriminó, apostillando: "Yo estoy en la posición totalmente diferente a esa: yo quiero que se bajen". Las elecciones autonómicas se aproximan y hay que dejar claro el territorio que pisa cada uno.
La política fiscal no ha sido el único caballo de batalla. De nuevo el agua constituye un muro de fricción. El mandatario regional anunció que volverán a ir a los tribunales para recurrir la decisión del 'trasvase cero' para los regantes en este mes de septiembre, ordenada por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que sólo envía 7,5 hectómetros cúbicos para consumo urbano, no para regar. "Es una decisión arbitraria y política", censuró López Miras, que arguye que "no obedece a ningún tipo de circunstancia objetiva". Son más de una decena los recursos presentados por la Comunidad ante los recortes en trasvases durante esta legislatura.
Y, por si fuera poco, esta semana también se conoció la suspensión cautelar del nombre del aeropuerto Juan de la Cierva. La decisión del TSJ supone todo un freno para el Gobierno regional, que pone todo su empeño (siguiendo lo que acordó la Asamblea Regional en 2017, si bien sin unanimidad) para que la terminal lleve el nombre del insigne inventor e ingeniero murciano. Ambos gobiernos se verán en los tribunales.
Las diferencias entre la Región y la Administración central se agrandan más que nunca, marcando un camino ya prácticamente sin retorno por la cercanía de las elecciones. No hay puentes entre Madrid y Murcia, con el consiguiente perjuicio que ello acarrea. Sin ir más lejos, el presidente del TSJ, Miguel Miguel Pasqual del Riquelme, volvió a poner el acento en la "endémica falta de recursos" que sufren los jueces y fiscales durante su discurso de apertura del Año Judicial. La cohabitación política tiene sus consecuencias.