El TSJ advierte de que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de aeropuertos. El consejero de Fomento replica que la gestión de la terminal es responsabilidad de la Administración autonómica
MURCIA. Habrá pugna en los tribunales por el nombre del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Ya la hay, de hecho. La suspensión cautelar que ordenó este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Región (sobre la designación que otorgó el Gobierno regional para llamar Juan de la Cierva a la terminal murciana) fue contestada rápidamente por el anuncio de la Comunidad de que plantará cara en los tribunales.
El Ejecutivo regional, en concreto, presentará un recurso de reposición tras conocer que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ dejaba en suspenso la denominación mientras se resuelva el recurso contencioso que previamente había interpuesto la Administración central.
Las magistradas del TSJ, de hecho, no entran en el fondo de la cuestión y no se pronuncian sobre si debe o no llamarse Juan de la Cierva, pero sí remarcan que el conflicto conlleva un "interés general" que "exige una estabilidad en la denominación oficial de un aeropuerto", dado que afecta a "multitud de trámites y documentos". Las juezas estiman que, si finalmente el recurso del Gobierno central prosperara, se produciría el perjuicio de "tener que volver a modificar un nombre que ya podría haberse consolidado".
Cabe recordar que en el mes de julio se conocía que el abogado del Estado interpuso, en representación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo que aprobó el 12 de mayo la Comunidad en un Consejo de Gobierno, por el cual el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia adoptaba el nombre de Juan de la Cierva. El abogado del Estado aducía que la denominación podría vulnerar la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.
En el auto conocido este martes, las juezas de la Sala de lo Contencioso no entran en el contenido del asunto, pero sí lanzan una advertencia: es el Estado quien "tiene competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general", según recoge el artículo 149.1.20º de la Constitución española, que añade que el Estado tiene competencia en el "control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves". Ese es un motivo más por el que "la solicitud de suspensión viene avalada por una apariencia de buen derecho", según citan fuentes judiciales.
El origen de este choque entre dos administraciones (la central y la autonómica) se remonta tiempo atrás. En junio de 2021, el Ministerio de Transportes (anteriormente conocido como Fomento), dirigido a la sazón por José Luis Ábalos, denegaba la petición de la Región de Murcia de denominar al aeródromo regional con el nombre del ilustre inventor del autogiro. El Ministerio se basaba en un informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que argumentaba que el nuevo nombre "resulta contraria al espíritu y el tenor de la Ley de la Memoria Histórica", como así adelantó en primicia Murcia Plaza.
El documento del Gobierno central incluía un estudio del profesor Ángel Viñas que contiene que "se deja de manifiesto la participación de Juan de la Cierva en la preparación e intento de golpe de Estado del 18 de julio de 1936 (que dio origen a la Guerra Civil española)". Especificaba que la involucración fue "especialmente grave por realizarse ante potencias extranjeras" y señalaba hasta nueve puntos que vinculan a De la Cierva con el levantamiento militar de Franco.
Sin embargo, once meses después, en mayo de 2022, el Ejecutivo regional decidió validar la medida a pesar de que conocía la posición del Ministerio de Transportes. Poco después, en junio, el aeródromo de Corvera ya lucía el nombre oficial del ingeniero, rotulado en la fachada del acceso a las instalaciones y en el área de espera de aviones. La Comunidad argüía que esta medida respondía a un clamor popular, pues tanto la Asamblea Regional (con los votos a favor del PP y Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Podemos) e incluso la propia Aena habían consensuado en 2017 el cambio de nombre.
Ante aquel estudio de Ángel Viñas, la Comunidad murciana respondió con informes del profesor de Historia Política Roberto Villa y del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia Francisco Javier Guillamón sobre el ingeniero murciano, que subrayan su excepcional trayectoria en el mundo de la aeronáutica y que su figura "siempre ha sido un punto de encuentro".
El consejero de Fomento, José Ramón Díaz de Revenga, manifestó su respeto por la resolución del TSJ al tiempo que anunció que la Comunidad analizará la resolución judicial para presentar el recurso de reposición "y dar así el merecido homenaje a Juan de la Cierva con la denominación del aeropuerto", cuya gestión, recalca, "es responsabilidad de la Administración autonómica".
Reventa lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez "dedique sus esfuerzos a seguir poniendo obstáculos" y criticó que el recurso es un "nuevo ataque" del Gobierno central, "tratando de obstaculizar este tributo al inventor del autogiro de manera injustificada, en términos tanto técnicos como sociales". Y mencionó la "incoherencia" que a su juicio supone que el Gobierno central "pida la retirada del nombre mientras mantiene los más prestigiosos premios y becas de investigación en el ámbito nacional".
"La figura de Juan de la Cierva siempre ha sido un punto de encuentro para la sociedad y sus avances revolucionaron la aviación como así han sido reconocidos mundialmente, y la denominación del aeropuerto no afecta de ninguna manera a la convivencia pacífica que argumenta el Gobierno de Sánchez en su recurso", indicó el consejero.
El hecho histórico que suscita la controversia actual se remonta al estadillo de la Guerra Civil. De la Cierva, que en 1936 llevaba nueve años residiendo en Londres, recibe la petición de ayuda de un amigo (corresponsal del diario ABC), que le pidió consejo para contratar un avión. La aeronave resultó ser el Dragon Rapide, con el que posteriormente el general Franco se trasladó desde Canarias hasta Marruecos para tomar el mando del Ejército nacional. ¿De la Cierva estaba o no al corriente de los planes de los militares sublevados? Esa es la pregunta que genera toda la polémica.
"Si mi abuelo llega a saber que ese avión se va a utilizar para lo que finalmente se usó, un golpe militar, antes que nada habría sacado a su familia de España para que estuvieran seguros", sostiene la familia del ingeniero, que siempre ha defendido su legado. Tal y como ha reiterado en más de una ocasión su nieto, Fernando de la Cierza, defienden que no hay ninguna prueba documental que demuestre que su abuelo colaborara con el golpe militar. Juan de la Cierva falleció en diciembre de 1936 a la edad de 41 años.