CALASPARRA (MURCIA), 18 (Europa Press) La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, ha ordenado la clausura parcial de una planta de gestión y tratamiento de residuos en Calasparra, tras constatar graves incumplimientos de la normativa ambiental y de las medidas cautelares impuestas por la Administración regional.
El cierre, según ha podido saber Europa Press, ha sido ejecutado este miércoles por el equipo técnico de la Dirección General de Medio Ambiente, acompañado por el Seprona de la Guardia Civil.
Esta actuación es el resultado de una labor continuada de inspección, que comenzó el 12 de junio de 2025 y que conllevó un expediente sancionador con base a los incumplimientos detectados en las instalaciones de la empresa, situada en el paraje Los Pontones.
En el marco de este procedimiento, la Administración regional impuso en enero de 2026 un expediente sancionador con diversas medidas cautelares, entre ellas la paralización de actividades no autorizadas, la clausura de focos emisores irregulares, la adopción de controles de emisiones, la retirada de residuos peligrosos y la prohibición de admitir nuevas materias primas no autorizadas.
- La alcaldesa de Calasparra, Teresa García -
Se realizó una nueva inspección el pasado 11 de marzo, en la que se confirmó que la instalación continuaba desarrollando actividades al margen de la autorización ambiental, lo que ha llevado a la adopción de la suspensión cautelar inmediata de la actividad.
La resolución incluye además el precinto de las instalaciones no autorizadas y la obligación de retirar los residuos existentes mediante su entrega a un gestor autorizado en el plazo de un mes. Todo ello con el fin de impedir su utilización durante la tramitación del procedimiento y hasta que se verifique su plena adecuación a la normativa ambiental.
El incumplimiento de estas medidas podría dar lugar a la adopción de nuevas actuaciones coercitivas, incluida la clausura definitiva del establecimiento.
El cumplimiento de la resolución quedará sujeto a la vigilancia de la Administración autonómica y local.
