MURCIA. Los murcianos repiten la pregunta del verano: ¿Volveremos a las urnas o habrá investidura? La cuenta atrás avanza y a día de hoy no están los votos amarrados y ni siquiera hay fecha para un debate de investidura. El día límite es el 26 de noviembre, dos meses después del fallido intento de Alberto Núñez Feijóo. España, al igual que Murcia en su día, apura sus plazos hasta el último momento. Fernando López Miras, recordemos, logró el plácet in extremis, al límite de la bocina. Sin embargo, esta semana se ha dado un paso importante: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz estamparon su firma en un pacto de Gobierno. Y a falta de los apoyos de los aliados de la pasada legislatura, PSOE y Sumar se encaminan hacia una reedición de su coalición.
¿Cómo afectaría este Ejecutivo a una región en la que seis de cada diez votantes optaron por Feijóo o por Santiago Abascal? El acuerdo programático ha provocado diversas reacciones: desde el rechazo rotundo de PP y Vox hasta la alegría del PSOE y Sumar, pasando por el 'sí pero no' de Podemos, y sin obviar los recelos de la patronal empresarial, la desconfianza de los regantes y el optimismo de los sindicatos. Todo depende del color del cristal con el que se mire, que diría el poeta Ramón de Campoamor.
"La continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno de España garantiza que la Región tenga el agua que necesita ahora y en el futuro", proclama exultante Pepe Vélez. El líder de los socialistas murcianos está convencido de que el pacto de PSOE y Sumar es "una de las mejores noticias que podría tener la Región" porque considera que continuarían "las políticas e inversiones puestas en marcha durante estos años para garantizar el agua que necesita la Región frente al enorme desafío que supone el cambio climático".
El anterior Gobierno de España aprobó en enero los planes hidrológicos de cuencas, que incluía un recorte de los envíos de agua al Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos durante los próximos cinco años. Aquello provocó la indignación de los regantes y también el rechazo de la Comunidad, que recurrió a los tribunales. Frente a ello, Vélez aduce que el Plan de Cuenca del Segura contempla un "ambicioso" programa de medidas y una inversión de más de 3.000 millones de euros para "aumentar la capacidad de desalación, interconectar desaladoras para mejorar su eficiencia y a potenciar energías renovables como la solar para reducir el coste de la desalación". El socialista, además, subraya que las medidas han evitado que la Región entre en nivel 4, lo que conllevaría el cierre del Trasvase, esgrime que Pedro Sánchez ha trasvasado 400 hm3 más que con los cuatro años anteriores de Rajoy y sostiene que con un Gobierno socialista en España, a la Región de Murcia jamás le ha faltado agua".
Muy distinta fue la reacción del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que cree que el pacto de Sánchez y Díaz "ha causado ya un daño tremendo al país". Lo dice incluso antes de que la investidura sea una realidad. Pronostica que tendrá repercusiones "muy negativas" en el país y en la Región de Murcia, ya que no recoge, por ejemplo, el mantenimiento del trasvase de agua del Tajo al Segura, lo que pone en riesgo el futuro de miles de regadíos" y, por tanto de empleos.
En efecto, el acuerdo programático de PSOE y Sumar no alude al Trasvase Tajo-Segura a lo largo de sus 48 páginas. De hecho, apenas hay menciones a la Región. Tan sólo aparece la palabra Murcia para reseñar que se modernizará la línea de Cercanías con Alicante. El Mar Menor sí está incluido en el texto al igual que la reforma de la financiación autonómica, si bien no se nombra a la Región -y sí a la Comunidad Valenciana- pese a que Murcia desbancó recientemente a Valencia como la peor financiada del país.
De hecho, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, califica el acuerdo como "el peor pacto posible para la Región en materia de agua, ya que impedirá el crecimiento de la agricultura" y denuncia que "los socialistas quieren dar jaque mate al sector, queriendo prohibir el uso de herbicidas y poniendo trabas a las producciones nacionales". López Miras utiliza otro ejemplo: el caso de Repsol, con planta en Cartagena, La multinacional, avisa Miras, podría llevar parte de su producción a otros lugares si se confirma el impuesto a las energéticas. A su juicio, está en juego el proyecto hidrógeno verde que supondría una inversión de unos 215 millones de euros y la creación de 1.100 puestos de trabajo.
Claro que si en algo el presidente murciano ha puesto el grito en el cielo es la amnistía, la palabra clave de las negociones de la investidura. Y eso que apenas hay pistas sobre cómo y con qué condiciones se aplicaría, más allá de las frases veladas de Sánchez de que "hacer política implica generosidad". Lo cierto es que el PSOE se oponía a la amnistía con rotundidad hasta el 23 de julio y desde entones sólo hubo silencio mientras se maduraba el cambio de discurso. Hasta este sábado en el Comité Federal, donde Sánchez despejó cualquier atisbo de dudas: "En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña". Sí se sabe, por el contrario, qué piensan claramente PP y Vox al respecto, porque su respuesta ha sido un trueno. Desde las manifestaciones en Madrid y Barcelona hasta sus intervenciones en el Senado, un órgano ahora en mayoría de los populares. El propio López Miras se mostró muy crítico contra Pedro Sánchez, a quien acusó de "comprar el sillón de La Moncloa con el dinero de los murcianos".
Al socio de Gobierno de Miras tampoco ve con buenos ojos el pacto de izquierdas. "Es la la puesta en escena de una serie de medidas que van totalmente en contra de lo que nuestro país necesita", examina Rubén Martínez Alpañez, el portavoz parlamentario. "Nos asusta ese acuerdo", afirma, porque "va en contra de la competitividad de nuestro país". Además, Vox censura los potenciales aliados de la coalición: "¿Cómo van a poner en marcha esas promesas que han hecho con independentistas y separatistas? Está claro que van en la línea de romper nuestro país. Pretenden romperlo por la vía de la creación de riquezas y también por la vía de la destrucción territorial".
¿Y Podemos? ¿Qué opinan los morados sobre el acuerdo de Sumar? El partido está en una encrucijada: porque ciertamente quiere que la coalición vuelve a funcionar y porque nada más desea que un Gobierno progresista, pero no ve con buenos ojos cómo está actuando Yolanda Díaz. Irene Montero admitía esta semana que Podemos no estaba al tanto del acuerdo entre PSOE y Sumar. Ante esta situación, en la Región, cuyo líder, Javier Sánchez Serna, es uno de los cinco diputados morados de Sumar, se mueven con prudencia. Hay que leer entre líneas: "Queremos reivindicar la autonomía de este proyecto político", decía Sánchez Serna mientras explicaba que su formación afronta un "proceso de reorganización" para el nuevo ciclo político.
La principal medida del pacto PSOE y Sumar choca con la opinión de los empresarios murcianos. Al menos de la patronal. Su presidente, José María Albarracín, sostiene que la reducción de la jornada laboral -a 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2027- implicaría una bajada de la productivas del 2 o del 3%. Albarracín, de hecho, reclama que las medidas que afecten a las empresas se aborden y se acuerden en la mesa de diálogo social.
Muy distinto opinan los dos líderes sindicales de la Región. "Avanza en la reducción del tiempo de trabajo es necesario en este país", aseveraba Antonio Jiménez, secretario general de UGT, quien cree que "el texto de PSOE y Sumar va en la buena dirección". Por su parte, el secretario general de COO, Santiago Navarro, valoraba que el programa contiene "reivindicaciones históricas" de Comisiones, como la propia reducción de la jornada laboral, medidas para el acceso la vivienda y la reducción de las listas de espera. "Es un acuerdo positivo". Todo ello en la misma semana en que la EPA (Encuesta de Población Activa) reflejaba un récord en el número de trabajadores totales en la Región: 671.100 personas.
España camina hacia el segundo mandato de la coalición PSOE y Sumar. Si Pedro Sánchez lo logra, afrontará un mapa autonómico muy complicado, con once comunidades gobernadas por la derecha (por el PP en solitario o en coalición con Vox). La Región de Murcia será una de ellas. No será fácil la cohabitación política. Más bien al contrario, todo apunta a que volverá a producirse el choque.