Habemus cuentas: PP y Ciudadanos cierran un acuerdo para los Presupuestos de la Comunidad

MURCIA. Se han hecho de rogar más de lo esperado, con unas negociaciones que llegaron a ser tensas, pero por fin se han dado la mano: los dos socios del Gobierno regional, el Partido Popular y Ciudadanos, han sellado un acuerdo para los Presupuestos de la Comunidad de este año. El pacto presupuestario fue cerrado a última hora de la tarde de este lunes, según han confirmado fuentes conocedoras de la negociación a Murcia Plaza.

Las cuentas de 2021, un año crucial para la recuperación de la crisis económica que ha provocado la pandemia, contarán con un techo de gasto de 5.365,70 millones de euros, lo que significaría un aumento de 611 millones con respecto al Presupuesto de 2020. 

Una de las novedades es el regreso del régimen de presencialidad escolar, que se aplicará ya en este 2021 y finalmente "se determinará por criterios objetivos técnico-sanitarios y pedagógicos". Además, la 'gratificación' extraordinaria de los sanitarios por su esfuerzo contra la covid-19, una de las exigencias de Ciudadanos, se llevará a cabo en forma de "reconocimiento de días de descanso". El Ejecutivo murciano también apostará por "volver a bajar" los impuestos autonómicos.

"Negociaciones tensas"

La negociación, apuntan, ha sido "muy tensa" y se ha alargado más tiempo de lo previsto, hasta el punto de que tuvieron que intervenir tanto el presidente y líder del PP, Fernando López Miras, como la portavoz y líder de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal. Las mencionadas fuentes señalan que el acuerdo estaba prácticamente hecho el pasado 15 de diciembre, pero una nueva discrepancia bloqueó las conversaciones y obligó a los grupos negociadores a tener que redefinir el borrador del Presupuesto.

Este acuerdo tendrá que materializarse en Consejo de Gobierno y después se iniciará el trámite parlamentario en la Asamblea Regional. PP y Ciudadanos, que suman 22 escaños, necesitan un apoyo en la Cámara. Ese respaldo puede venir desde Vox, tal y como sucedió el año pasado. El grupo de Vox se encuentra fragmentado, con tres diputados por un lado -no reconocidos por su partido- y un parlamentario por otro, autorizado por la dirección que preside Santiago Abascal. 

Sin embargo, este escenario se complica aún más este año porque las preferencias de Ciudadanos han cambiado: Martínez Vidal fijó como prioridad buscar el acuerdo con las formaciones mayoritarias. Es decir, el propio PP en el Gobierno y el PSOE en el Parlamento. Ni Vox ni Podemos. Ahora será el turno de la negociación con los socialistas. Su líder, Diego Conesa, ya ha expresado en varias ocasiones su disposición para alcanzar un pacto: lo planteó en noviembre y lo volvió a proponer recientemente, si bien no escatimó críticas a la hora de hacer su propuesta: "Es una inocentada que no estén aprobados los Presupuestos", dijo entonces.

No en vano, la mayoría de las comunidades autónomas han presentado ya sus cuentas. No ha ocurrido así en la Región, como tampoco en Madrid y Cataluña. Ese atraso no es nuevo en la Comunidad murciana. El acuerdo de 2020 -el primer Presupuesto de un Ejecutivo en coalición- se alcanzó a mediados de enero tras un pacto a tres bandas entre PP, Ciudadanos y Vox. En esta ocasión, la demora ha sido tal que ni siquiera se ha aprobado el primero de los trámites, el techo de gasto. 

Para el consejero de Hacienda, el responsable es sólo uno: el Gobierno de España. "No ha dado a tiempo los datos macroeconómicos necesarios para elaborar las cuentas", recriminaba Javier Celdrán. Lo cierto es que los desencuentros entre los dos socios de Gobierno también han condicionado el retraso, indican las referidas fuentes. Esta demora no es baladí: la ley más importante del curso político debe poner fin a un Presupuesto desfasado, el aprobado en abril de 2020 y vigente aún hoy. Cabe recordar que el Gobierno regional optó por no rehacer el texto, pese a la irrupción de la pandemia, y decidió mantener las cuentas previstas, a las que añadió modificaciones posteriores.

Enfermería en los colegios, 'Vertido Cero' y puestos de trabajo en Sanidad

El acuerdo de 2021 abarca, además del techo de gasto, seis aspectos principales: Sanidad, Educación, Mar Menor, ayudas sociales, reactivación económica, así como economía circular y desarrollo sostenible. Del mismo modo, PP y Ciudadanos han acordado seguir alzando la voz ante el Gobierno central para reivindicar las infraestructuras pendientes en la Región: el desarrollo del puerto de El Gorguel, la finalización del Corredor Mediterráneo y el acceso ferroviario y la estación intermodal para la ZAL de Cartagena.

El Ejecutivo se compromete a tomar medidas para la recuperación y la defensa del Mar Menor. Para ello apostará por "una conversión agrícola compatible con el medio ambiente y el fomento de la agricultura ecológica". Asimismo, se ejecutarán "obras de encauzamiento de avenidas" y, especialmente, "se iniciará el Plan Vertido Cero".

En Sanidad, el Gobierno promete poner en marcha una "enfermería escolar", con la presencia "efectiva" de estos profesionales en los colegios. También buscará "consolidar e incrementar" los puestos de trabajo de los sanitarios, así como se impulsará "una fuerte inversión" en infraestructuras sanitarias. En Educación, se ha acordado incluir en el currículo "contenidos específicos para impulsar el diálogo y el respeto al marco Constitucional". 

En economía, se destinarán partidas "extraordinarias" para "ayudar a los autónomos y las pymes" con el objetivo de mantener e intentar crear "nuevos empleos en los sectores más castigados". Igualmente se dará un impulso a la transformación digital. En economía circular y desarrollo sostenible, se potenciará "las energías limpias" y "se protegerá el medio rural, siguiendo el compromiso con el Pacto Verde europeo".

Liberales y populares también abogarán por colocar "a las personas en el centro de las políticas", para lo que proporcionarán "soporte a las familias más vulnerables, especialmente a los mayores, dependientes y personas con discapacidad". Ambos partidos tienen pendiente aprobar en la Asamblea la Ley de Servicios Sociales y una Ley de Mediación para reducir el porcentaje de litigiosidad en la Región y sus repercusiones económicas.