La Asamblea Regional, en junio. Foto: LA ROCAMURCIA. Avanzar en igualdad, rescatar el 'pin-parental', impulsar el mecenazgo científico, artístico y deportivo, reconocer los derechos de las familias monoparentales, normas contra la ocupación ilegal de viviendas y la creación de un parque regional en el Mar Menor. Estas son algunas de las leyes que se debatirán en la Asamblea Regional a lo largo del año que ya ha empezado. Los diputados ya calientan motores para llevar adelante sus iniciativas. Los acuerdos entre partidos serán decisivos: ningún grupo tiene, por sí solo, la mayoría suficiente para sacar proyectos en solitario.
La norma más importante de todas es una que todavía no ha empezado su trámite parlamentario: los Presupuestos, que este año cobran una especial relevancia porque deben encarar la salida de la crisis que ha generado el coronavirus. PP y Ciudadanos no han alcanzado un acuerdo, aunque ambos señalan que el apretón de manos es inminente. El texto que marcará el 2021 va con retraso; de hecho, el techo de gasto -el primer paso parlamentario- ni siquiera se ha llevado a la Cámara. Para que las cuentas regionales sean una realidad, populares y liberales necesitarán el apoyo de, por lo menos, un socio. El Gobierno puede elegir entre los tres representantes del grupo parlamentario Vox o el único diputado reconocido por el partido de Santiago Abascal. No obstante, Ana Martínez Vidal, la líder de Ciudadanos ya dejó claro que esta vez su preferencia para pactar las cuentas es el PSOE, antes que Vox o Podemos.
PP y Ciudadanos también llevan conjuntamente la Ley de Servicios Sociales, aprobada en mayo por el Gobierno regional. Esta norma reconoce la protección social como un derecho, lo que significa que las prestaciones sociales podrán ser exigibles ante los tribunales por sus titulares. El texto, que ya ha cubierto el trámite de audiencias, está pendiente de las enmiendas e irá a pleno tras el debate en comisión. Esta ley, explican fuentes liberales, actualiza 17 años después la normativa regional sobre servicios sociales y consolidará el cuarto pilar del estado de bienestar. La ley refuerza los servicios de Atención Primaria y estrena la 'Historia Social Única', similar a la tarjeta sanitaria, "en la que se incluye toda la información que se presta a las personas usuarias en un mismo lugar, y logrará unificar así el catálogo de prestaciones".
El decreto contra la ocupación de viviendas, acordado en octubre por el Ejecutivo regional, se tramitará como proyecto de ley. Los populares alegan que en 2020 crecieron las denuncias un 20% y por ello plantean este escudo anti-'okupas'. La nueva norma quiere "impedir que se menoscabe el derecho a la propiedad privada y la degradación de los barrios donde las viviendas han sido usurpadas o allanadas". La ley recoge multas para los infractores. No obstante, tiene limitaciones: sólo se podrá aplicar en la viviendas sociales que dependen de la Comunidad, ya que el resto de casos son competencia del Gobierno central. Esto implica que se multaría al centenar de las 1.078 viviendas que hay ocupadas en la Región. Los grupos ya han presentado sus audiencias legislativas y una vez que se produzcan se abrirá el plazo de enmiendas.
PP y Ciudadanos también quieren elaborar a dos manos una Ley de Mediación. Por el momento sólo hay un borrador. Ambas formaciones están en el turno de las reuniones con los colectivos involucrados. La norma pretende reducir el porcentaje de litigiosidad en la Región y sus repercusiones económicas.
El PP, además, tiene registrada en la Asamblea una Ley de Mecenazgo. Se trata de una normativa que regula el patrocinio de proyectos culturales, científicos-tecnológicos y deportivo llevados a cabo por artistas, científicos y deportistas murcianos. La nueva norma incluye ayudas fiscales para las entidades privadas que actúen como mecenas.
Ciudadanos, por su parte, espera presentar por fin en la Cámara una de sus promesas electorales, la Ley de Buen Gobierno. Esta normativa busca proteger a los funcionarios y ciudadanos que denuncien comportamientos irregulares o corruptos. La ley también amplía a las administraciones locales las obligaciones de transparencia.
Además de las leyes, hay otros frentes abiertos. Desde Ciudadanos resaltan que aún no hay acuerdo para el Dictamen de la Comisión de Reactivación. La formación naranja reclama las infraestructuras necesarias para la Región como son el AVE, las ZAL, el Corredor Mediterráneo y la dársena del Gorguel, sin olvidar "la enfermería escolar, apostar por el hidrógeno verde, impulsar el PERAI para reforzar la actividad industrial de la región, así como el apoyo a autónomos y pymes.
El PSOE, que es el grupo más numeroso de la Cámara, continuará apostando por las dos proposiciones de ley que ya presentó: la regulación de las familias monoparentales y una norma para impulsar incentivos al desarrollo de energías renovables. Ambas iniciativas fueron admitidas a trámite y continúan su curso parlamentario.
El primer texto, que en junio era aceptado en consideración, tiene como objetivo acabar con el vacío jurídico-administrativo que pesa sobre las 60.000 familias monoparentales que habitan en la Región, en su mayoría mujeres. Los grupos han presentado sus propuestas para las audiencias legislativas.
La segunda ley, que propone incentivos fiscales a las energías renovables para el autoconsumo y la compra de vehículos eléctricos, fue aceptada también en junio y se encuentra a la espera de las enmiendas. La norma ya fue presentada por los socialistas en 2017, pero se retiró para buscar un texto de consenso. La ley propone incentivos fiscales en el tramo autonómico del IRPF, hasta un máximo de siete mil euros en tres anualidades, "para las familias que inviertan en un equipo de producción de energía renovable para el autoconsumo".
Los socialistas también insistirán en que se admitan dos textos rechazados en su día. Por un lado, la proposición de ley contra el cambio climático, que en noviembre fue denegada por el PP, Ciudadanos y Vox "por adelantarse a la creación de un marco normativo nacional sobre la materia y por plantear más burocracia en la Comunidad". Y por otro, una proposición sobre la Muerte Digna, que fue tumbada en 2018 por el PP y Ciudadanos.
Además, los socialistas luchan para que vea la luz la proposición de ley que el PSOE presentó recientemente para la prevención, detección, atención y erradicación de las violencias machistas. "Seguiremos trabajando por la igualdad, las políticas sociales, la protección del medio ambiente y la recuperación económica y social de la Región", señalan a este diario fuentes socialistas.
El grupo parlamentario Vox, formado por tres diputados, se marca cuatro principales líneas de trabajo: protección de la familia, fomentar la natalidad, oposición a la Ley Celaá y modernizar la Administración regional para conseguir que sea más simple y accesible, apostando por la administración electrónica.
Los tres parlamentarios de Vox "lucharán" contra la implementación de la Ley de Eutanasia. "Conseguiremos que el índice de personas que recurran a esta vía sea el mínimo posible, apostando por los cuidados paliativos, los cuales se ajustan a la ética médica y requieren de mejor regulación", apuntan a este periódico. El grupo igualmente pugnará por "políticas que fomenten la natalidad, no que incentiven el aborto". Para ello plantearán una red de asistencia a todas las madres que "impida el aborto por circunstancias económicas".
Desde Vox también pelearán por rescatar el 'pin parental', los polémicos permisos familiares para actividades complementarias en las escuelas que el Gobierno regional puso en marcha el pasado curso y que acabaron en los tribunales. El TSJ archivó el recurso que presentó la ministra de Educación porque la pandemia obligó la suspensión de las clases. Está por ver si la Consejería de Educación incluye el 'pin' o no en el siguiente curso. Desde Vox pedirán su reimplantación, al igual que reclamarán el cheque escolar.
Por su parte, Pascual Salvador, el único de los cuatro diputados de Vox reconocido por su partido, explica a Murcia Plaza que negociará los Presupuestos con el Gobierno con las prioridad de "eliminar cualquier gasto no esencial e ideológico" y también "por un apoyo decidido a los autónomos, hosteleros y pequeños empresarios", para los que Vox "logró una importante rebaja fiscal en forma de eliminación de tasas que se extenderá hasta finales de 2021". El respaldo del representante de Vox para las cuentas es clave: el voto de Salvador es decisivo, pues PP y Ciudadanos suman 22 escaños y les falta sólo uno para la mayoría absoluta.
Salvador también tendrá presente "medidas de apoyo para impulsar infraestructuras fundamentales para crear empleo, como la dársena del Gorguel y la ejecución del Corredor Mediterráneo, para que llegue hasta la Región y no se paralice en Alicante". La libertad en la educación será otro de sus caballos de batalla, al igual que la defensa de un Mar Menor "sostenible que no impida el desarrollo económico, incluyendo al sector agropecuario como uno de los motores de nuestra economía". Y añade: "Vamos a seguir velando por la seguridad en nuestras calles y a denunciar sin complejos la llegada masiva de inmigrantes ilegales".
Podemos, cuyos dos representantes están integrados en el Grupo Mixto, llevará a la Asamblea su proyecto estrella de convertir el Mar Menor en un parque natural regional. Lo hará como proyecto de ley. Se trata de una iniciativa impulsada por los colectivos ecologistas y desarrollada por la portavoz morada, María Marín, y el especialista de Podemos en temas medioambientales, Antonio Urbina.
Los morados también enarbolarán la defensa de la sanidad, la educación y los servicios públicos. Otra política irrenunciable para Podemos es el feminismo. "Nos preocupa muchísimo en una Asamblea condicionada por Vox", explica a este diario el secretario de Organización, Ángel Luis Hernández, que denuncia que la Comisión por la Igualdad "se constituyó pero no hace nada".
