en alicante faltan voluntarios administrativos y sobran gestores

El ERE del Sabadell tiene más voluntarios de los que necesita; ahora, a cuadrar los cupos

16/11/2021 - 

ALICANTE. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puesto en marcha por el Banco Sabadell para aligerar su estructura comercial en banca de particulares y reducir un 20% sus costes de personal puede considerarse un éxito, si es que se quiere emplear ese término para definir el hecho de que nada menos que 2.000 personas se hayan presentado voluntarias para abandonar la empresa. Pero lo cierto es que la empresa podrá reducir su plantilla en la magnitud deseada, y los empleados han logrado una buenas condiciones para ello, empezando por la voluntariedad.

Lo cierto es que, a falta de unas horas para finalizar el plazo de adscripciones voluntarias al ERE, que vencía a medianoche del lunes, el departamento de Recursos Humanos del banco había recibido cerca de 2.000 adhesiones al ERE, lo que significa que hay un exceso de alrededor de 600 voluntarios respecto a las cifras previstas por el proceso. No obstante, dado que en realidad el ERE contemplaba hasta 1.605 salidas voluntarias (con un 'mínimo' de 1.380, que se habría completado con salidas forzosas de no llegar), puede que el número de afectados se incremente si las dos partes logran cuadrar los números.

La cuestión es que el banco tiene sobre la mesa más peticiones de adhesión al ERE de las que necesita. Concretamente, un 40% más. Pero falta que esas peticiones encajen con los cupos previstos, tanto territoriales como por tramos de edad o categorías profesionales. De hecho, la comisión de seguimiento celebrada este lunes (horas antes de finalizar el plazo; hay prevista otra reunión que se antoja clave la próxima semana) ya puso sobre la mesa esta circunstancia: quizá haya que realizar movimientos internos, tanto geográficos como de promoción, para que las solicitudes casen con las plazas a amortizar previstas.

En el caso concreto de la provincia de Alicante, la segunda más afectada en número de salidas tras Barcelona, se han presentado voluntarios más gestores de los que se necesitan, pero en cambio faltan algunos administrativos. Sin embargo, en el cómputo global las cuentas salen, por lo que los sindicatos proponen que se promocione a algunos administrativos a gestores para cuadrar los cupos. Concretamente, el banco espera prescindir de 195 personas en la provincia alicantina, 112 administrativos y 83 gestores. Pero tiene 203 voluntarios, repartidos en 100 administrativos y 103 gestores

Oficina de la entidad en el centro de Alicante. Foto: RAFA MOLINA

La propuesta de los sindicatos, complementada con cierta movilidad geográfica que permita redistribuir a los voluntarios 'sobrantes' para cubrir aquellas zonas donde faltan, evitaría tener que aplicar la forzosidad en el ERE y desperdiciar el citado exceso de voluntarios. Ahora la dirección del banco tiene por delante unos días para estudiar todas esas peticiones, echar cuentas, ver cuáles acepta y cuáles no. Y para hacer cuadrar los cupos. Así, la entidad comunicará en torno al 3 de diciembre la resolución de las solicitudes de adhesión. Además, la próxima comisión de seguimiento, la tercera, se celebraría la próxima semana.

Como ha venido contado este diario, el ERE prevé prejubilaciones para aquellos trabajadores de 55 años o más que cuenten con 10 años de antigüedad, y que percibirán un 65% del salario anual con un tope de hasta 280.000 euros para el colectivo de entre 58 y 62 años, y un tope de 300.000 euros para el colectivo de 55 a 57 años. Se establece un cupo 100 personas de 55 años para acogerse al ERE, preferentemente en Murcia y Alicante. En cuanto a las bajas remuneradas, para los menores de 54 años, tendrán derecho a una indemnización de 40 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades, además de primas por antigüedad.

El ERE, el cierre de oficinas ya ejecutado (44 cierres en la provincia de Alicante, 59 en la Región de Murcia y 30 en Valencia, sobre un total de 320 en toda España) y otros ahorros adicionales asociados a este proceso, que afectan fundamentalmente a proveedores y alquileres, tendrán un coste de 331 millones de euros que se pagarán con cargo a plusvalías. La entidad, a cambio, ahorrará 130 millones de euros cada año que pase a partir de 2023 (en 2022 se conseguirá un ahorro del 85%), con lo que se amortizaría en apenas tres años.

Noticias relacionadas

next