MURCIA. El líder del PSRM-PSOE, José Vélez, tiene muy difícil librarse de un juicio oral y se encuentra a un paso de acabar en el banquillo de los acusados. Sólo un recurso de última de hora ante la Audiencia Provincial puede evitar que se siente ante un juez como acusado.
El titular del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, el magistrado Manuel Ingelmo Martín, ordena la continuación del procedimiento contra el actual secretario general de los socialistas murcianos como presunto autor de los delitos de malversación y prevaricación en el llamado 'Caso Feria Taurina del Arroz', una instrucción judicial que investiga unos hechos ocurridos en la Plaza de Toros entre 2017 y 2019 durante su etapa como alcalde de Calasparra (lo fue entre 2014 y 2020).
Así lo ha acordado en un auto notificado en la mañana de este jueves el magistrado, que también establece que continúen las actuaciones para quienes fueron ediles de Festejos en esas fechas, Jordi Arce, exsecretario de Organización y exgerente del PSOE regional, y Antonio José Merino, así como contra el administrador de la empresa Chipé Producciones, "por su presunta participación en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos con ocasión de la organización de los festejos taurinos de la Feria Taurina del Arroz, coincidiendo con los encierros matinales organizados por el Ayuntamiento con ocasión de las fiestas patronales", como así recogen fuentes judiciales.
El auto no es firme y el propio líder del PSRM ya ha anunciado que recurrirá a la Audiencia Provincial. No obstante, tras esta resolución, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen un plazo de diez días para formular escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o pedir el sobreseimiento de la causa. "No hay absolutamente nada", se defiende Vélez tras comunicarle el auto a transformación a procedimiento abreviado al tiempo que confirma que recurrirá ante la Audiencia.
Las mencionadas fuentes judiciales explican que los hechos investigados en el Caso Feria Taurina del Arroz, según reza el auto, "sin perjuicio de posterior calificación" pueden presuntamente constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El magistrado concluye que las diligencias hasta la fecha practicadas "evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados de forma indiciaria", por lo que procede continuar con el procedimiento penal.
Las diligencias se centran, según detalla la resolución, en las relaciones jurídicas del Ayuntamiento con la empresa para la cesión para los encierros matutinos de las reses contratadas para los festejos taurinos de la Feria que se celebraban por la tarde. Para las que existió, según las actuaciones practicadas, "un convenio en 2017, en el que se fijó un precio de 30.000 euros a abonar por el Ayuntamiento, un segundo convenio en 2018, con el mismo objeto en el que el precio a abonar era de 37.000, y un contrato menor de 15.000 en 2019".
El magistrado, tras concretar cronológicamente los hechos objeto de investigación, en el que describe cada una de las cantidades satisfechas por el consistorio, resume que en los tres años se observa cómo "el Consistorio de Calasparra sistemáticamente asumió y abonó con dinero público determinados gastos cuyo beneficiario directo o indirecto fue el empresario investigado, bien por tratarse de pagos directos a la empresa Chipé por facturas que carecen de justificación (y que el Ayuntamiento tampoco requirió), bien por ser desembolsos propios de la Feria Taurina del Arroz, actividad privada, o bien por constituir gastos relacionados con la plaza de toros, de titularidad privada".
"De esta forma, el desembolso real que efectuó el Ayuntamiento para la cesión de las ganaderías para los encierros excedió ampliamente de los precios pactados entre el consistorio y la mercantil tanto en los convenios de 2017 y 2018 como en el contrato menor de 2019", expone.
Ahora, tras terminar la investigación por irregularidades en la organización encierros en las fiestas en Calasparra durante 2017, 2018 y 2019, el magistrado instructor ordena la continuación del procedimiento contra el que fuera alcalde, los dos concejales de Festejos que se sucedieron en tales fechas y el administrador de una mercantil de eventos por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos.
Vélez está imputado (la figura jurídica hoy conocida como investigado) en este caso desde noviembre de 2022. Los denunciantes son el edil Carlos Alajarín (de Ciudadanos) y el munícipe Alonso Torrente (de Calasparra Viva), que se querellaron contra el regidor y los otros dos concejales.
La declaración del ex primer edil de Calasparra se vio suspendida en dos ocasiones por las huelgas de los letrados de la Administración de Justicia y de otros funcionarios, hasta que el pasado 14 de septiembre de 2023 pudo declarar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz.
En su declaración de septiembre, Vélez alegó que siempre actuó en defensa del interés general. También defendió la legalidad de los contratos acordados con el empresario que organizó las ferias de 2017 a 2019, aduciendo que fueron verbales y que sus cuantías eran beneficiosas para el consistorio. Asimismo, sostuvo que el ayuntamiento solamente intentó en todo momento colaborar en "la organización de las ferias seguidas cada año por miles de personas, con una notable repercusión económica en el comercio local".
Cabe recordar que Vélez fue el regidor de Calasparra entre 2014 y 2020, cuando dejó la Alcaldía para ser nombrado delegado del Gobierno en la Región, un cargo que ostentó hasta 2023, cuando se centró en la campaña electoral, que vivió como investigado. Desde 2021 es el secretario general del PSRM-PSOE. Tras las elecciones autonómicas de 2023, ejerce como portavoz parlamentario del PSOE en la Asamblea, un cargo que equivale a ser el líder de la oposición al Gobierno regional.