Fotos: SERGIO PÉREZ (EFE)
MURCIA (EFE). Último intento antes de la decisión final. Ataviados con pancartas en las que clamaban que "menos trasvase es menos futuro", los agricultores del Levante español han protagonizado una nueva protesta, esta vez frente al Palacio de la Moncloa, con el fin de evitar que el Gobierno apruebe el real decreto que revisa los planes hidrológicos, que incluye un caudal ecológico en el Tajo que afecta al trasvase con el Segura.
La protesta, promovida por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), se da ante la previsible aprobación este martes por el Consejo de Ministros de este real decreto, que en lo que respecta al Tajo supondrá elevar el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) de manera progresiva: de seis a siete metros cúbicos por segundo en 2023, a ocho en 2026 y a 8,65 en 2027.
Ese aumento llevará aparejada una predecible disminución del agua a trasvasar hacia el Levante, lo que afectará gravemente a la economía de estas zonas en general y al sector primario en particular, de acuerdo con las denuncias de regantes, empresarios, instituciones y fuerzas políticas locales de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Ya el pasado 11 de enero miles de personas afectadas por esta iniciativa legal se manifestaron en Madrid frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica.
Según han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo, el Consejo de Ministros dará el visto bueno salvo sorpresa a los doce planes hidrológicos, que incluyen la creación de este nuevo concepto de caudal ecológico o agua necesaria para mantener los valores ecológicos necesarios para la supervivencia de los ríos.
El Gabinete que encabeza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta además con el visto bueno del Consejo de Estado, que la semana pasada aprobó por unanimidad un informe sobre este real decreto impulsado por el Ministerio. Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado, que no es vinculante, ha generado reacciones contradictorias y desde el sindicato consideran que el documento pone de manifiesto que hay una falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura. Además, estiman que el Consejo de Estado pone en cuestión la metodología de cálculo de los caudales ecológicos que se contiene en el real decreto.
Por todo ello, han querido hacerse oír ante el Consejo de Ministros para pedir que se tengan en cuenta sus reclamaciones y el plan hidrológico del Tajo no prospere. "Desde el Scrats se lleva denunciando desde hace meses que la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hm3, lo que supondría 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento", según un comunicado de este sindicato.
La misma agrupación prevé que esta reducción de los volúmenes disponibles suponga la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el levante, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha prometido inversiones millonarias para compensar la reducción del trasvase con medidas como la puesta en marcha de varias desaladoras.
El presidente del Sindicato central de regantes del trasvase Tajo Segura, Lucas Jiménez, ha asegurado en Madrid que un aumento del caudal ecológico de 2,5 metros cúbicos en Aranjuez supondrá la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo y 27.000 hectáreas de regadío.
Jiménez participa en la manifestación en Madrid en contra del Plan Hidrográfico, mientras se encuentra reunido el Consejo de Ministros en el Palacio de La Moncloa, donde está previsto se apruebe el documento.
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico plantea en el plan del Segura que se aprueba hoy también que en caso de subir un metro cúbico el caudal ecológico en Aranjuez, se provocaría en torno a 8.000 desempleos y la desaparición de 10.000 hectáreas de regadío, ha asegurado Jiménez.
Pero, a su juicio, lo que pretende el Ministerio es la subida de caudales de 2,5 metros cúbicos por segundo, lo que se traduce en la desaparición de unos 15.000 puestos de trabajo en los próximos años y de 27.000 hectáreas de regadíos, así como unas consecuencias patrimoniales que están en torno a los 5.000 millones de euros.
"Estos recortes afectarán a los regantes del Levante y Almería, desaparecería del tablero de juego un agua que es muy equilibrada en todos los sentidos, tanto por su calidad como por su precio moderado, muy alejado del que pagan el resto del regadío español, estamos pagando en torno a los 18-19 céntimos. Según el Instituto Nacional de Estadística se está pagando una media de 3-4 céntimos por metro cúbico", ha explicado. Y ha asegurado que "aún así sigue siendo un agua que sigue dando un cierto juego para competir en semi igualdad con nuestros competidores".
"Si todos vamos a confiar en unas desaladoras que no existen, que no dan en la cantidad de agua y a unos precios impagables, el futuro es muy oscuro para el regante", ha afirmado, para señalar que "las circunstancias de cada persona y empresa son muy peculiares, pero de lo que estamos hablando es de desaparición de regadío y puestos de trabajo".
