CARTAGENA. Ya sé que es temerario por mi parte discrepar de José Antonio Martín Pallín. Nacido en 1936, este coruñés se doctoró por las universidades de Valladolid y Deusto, obtuvo el puesto de fiscal, fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales, magistrado del Tribunal Supremo y portavoz de Jueces por la Democracia. Ha desempeñado tareas internacionales relacionadas con los Derechos Humanos y acumula varios premios como jurista. En resumen, si Pallín fuese Agamenón, yo sería un porquero. Ahora bien, no su porquero. Y, libre en mi pocilga, me atrevería discrepar de lo que Agamenón dice en su artículo El impacto electoral de la amnistía. Por brevedad, expondré primero cada una de sus afirmaciones y les adjuntaré mis refutaciones.
—En el proceso separatista catalán no hubo sedición. Discrepo. En realidad, aplicando las leyes vigentes, los jueces españoles del Tribunal Supremo concluyeron que hubo malversación, desobediencia y sedición. Otra cosa es que luego el Gobierno presidido por Sánchez impulsase la derogación del delito de sedición y redujese el reproche penal a la malversación con fines políticos. Además, la Comisión de Venecia ya avisó de que el referéndum de independencia de 2017 no era homologable por no insertarse en el marco de la Constitución.
—La sentencia del proceso ha despertado críticas internacionales generalizadas. Discrepo: más bien, ninguna nación reconoció la independencia catalana. Y a juicio de los evaluadores internacionales, España sigue siendo una democracia consolidada.
—Ningún tribunal europeo aceptó entregar a los reclamados. Discrepo: el tribunal alemán aceptó entregar a Puigdemont por malversación y fue el juez español el que se negó a no juzgarlo por sedición. Además, los jueces belgas tergiversaron el sentido de las eurórdenes, un asunto pendiente de sentencia del TJUE.
—Los fiscales suizos se han interesado por la amnistía. Insólito: se trata de una proposición de ley que ni siquiera está aprobada. Revela una intencionalidad política de los interlocutores suizos.
"la amnistía se hace para que los separatistas mantengan a Sánchez de presidente, no para facilitar la convivencia"
—La amnistía se hace para facilitar la convivencia, o, al menos, la conllevancia. Discrepo: la amnistía se hace para que los separatistas mantengan a Sánchez de presidente. La prueba de que se trata de un trueque, profundamente inmoral, es que el propio presidente Sánchez reconoció que lo estaba haciendo por necesidad. En realidad, lo que ayudó a contener el proceso separatista fue aplicar el artículo 155 de la CE e investigar judicialmente a los cabecillas de la sedición.
Por otra parte, en plena gestión de la amnistía, Juntos por Cataluña ha aprobado tramitar una Iniciativa Legislativa Popular para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Y eso a pesar de que el letrado avisó de la ilegalidad y de que el Parlamento catalán tendrá que sufragar parte del coste de la ILP, incurriendo en una posible malversación. La Comisión de Venecia, en su borrador de informe, señala que buscar la reconciliación es legítimo, pero no entra a valorar la idoneidad de esta amnistía por considerarla una decisión política. Sin embargo, denuncia que ha provocado una profunda división social y que debería tramitarse solo tras haber alcanzado un acuerdo más amplio. ¿Es eso reconciliación?
—La amnistía es constitucional. Discrepo. En realidad, viola la igualdad de los españoles ante la ley. De hecho, todos los portavoces socialistas, incluyendo Sánchez y Calvo, decían que la amnistía era inconstitucional hasta que perdieron las elecciones, otra prueba de que estamos ante un trueque inmoral. Aunque, en abstracto, podría discutirse si las amnistías serían constitucionales, esta es un auténtico fraude de ley. La Comisión de Venecia no ha entrado a valorar ese aspecto porque lo deja para el Tribunal Constitucional, pero señala que no procede el trámite de urgencia porque deja fuera todos los informes preceptivos.
—Los indultos generales son distintos de la amnistía porque los da el Gobierno y la amnistía la da el Parlamento. Discrepo: la Constitución prohíbe al Parlamento aprobar cualquier ley que estableciese un indulto general. El Parlamento carece de la capacidad de aprobar indultos generales y, a fortiori, amnistías.
—El candidato socialista gallego se vio perseguido hace años por una modalidad de guerra judicial (lawfare). Discrepo: en España no hay guerra judicial contra los separatistas. La prueba es que gobiernan en Cataluña y en Vasconia. Además, varios dirigentes del Partido Popular han sido condenados por corrupción. Así que la imparcialidad de los jueces españoles es manifiesta. Y, cuando alguno prevarica, sus colegas los expulsan de la judicatura, como le ocurrió al célebre juez Garzón. Por el contrario, la Comisión de Venecia señala la improcedencia de llamar a declarar a jueces y fiscales a declarar ante el Congreso sobre las causas en las que han intervenido.
—La amnistía no influyó en el resultado gallego porque la gente votó al BNG, un partido profundamente galleguista que apoyaba la amnistía. Discrepo por partida doble: el BNG no es galleguista, sino separatista; el profundamente galleguista es el PP. Además, la amnistía influyó en las elecciones. Los izquierdistas pensaron que, si Sánchez iba a dar una amnistía para ser presidente, daría cualquier cosa para mantenerse. En consecuencia, votar separatista facilitaba chantajear al Gobierno español. Y de ahí el éxito del BNG y el declive del PSG.
En resumen, frente al magistrado Pallín, me alineo con los parlamentarios europeos que han mostrado sus reservas con esta ley de amnistía. Pido, con ellos, que la amnistía sea evaluada por un órgano independiente. Ya veremos qué dice el Comité de Venecia, en su informe definitivo. De momento, me conformaría con que los partidarios de la amnistía dejen de tergiversar su informe provisional. Aunque me temo que sea una esperanza vana. Bregamos con una gente que anda diciendo que Tellado, el diputado del PP, tiene que dar muchas explicaciones sobre el caso Koldo. ¿Qué se puede esperar de ellos?