MURCIA. "El gobierno está empecinado en darnos un final de año verdaderamente amargo. Con este criterio, la agricultura en el Mar Menor ha muerto". Los regantes se ponen en pie de guerra contra el trasvase cero anunciado por el ministerio de Transición Ecológica que los deja sin agua los meses de diciembre y enero, y denuncian “una decisión política desvergonzadamente falsa" que intenta "culpabilizar a toda la agricultura levantina del problema medioambiental" de la laguna.
Así lo señaló este miércoles Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), en una contundente rueda de prensa en la que anunció movilizaciones e impago de tasas por el agua ante una decisión "injusta". "No se pueden cargar la agricultura de Murcia, Almería y Alicante".
Así, lamentó no haber comenzado las movilizaciones "hace un mes" cuando se produjo el primer trasvase cero para regadío y apuntó que ante “el ataque continuo, vamos a hacer movilizaciones en continuo e increscendo en intensidad", que comenzarán este jueves, a las 13:45 horas, con una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Murcia para exigir que se revoque la medida.
Advirtió, además, que esta decisión "pone en jaque a todo un sector que en tiempos de crisis ha mantenido la economía regional" y precisamente cuando se espera una desaceleración.
Jiménez aseguró que la decisión “es falsa porque hay agua y lo dicen los propios técnicos del ministerio", que apuntaban a que había 108 hectómetros cúbicos para un semestre y "de momento llevamos cero" porque “el ministerio vuelve a hacer caso omiso una vez más”.
También indicó que llevarán a cabo "fórmulas de impago por esta traición al sector agrario. Cada decisión aberrante que tomen, la vamos a devolver con un impago”. El coste, recalcó, es de más de un millón de euros al mes, un "tasazo" de casi 13 millones anuales sobre los regadíos que no van a asumir y que afecta a 61 de las 80 comunidades de regantes.
Además, denunció que "sin trasvase la desalación ya no sirve como recurso alternativo. Ningún regadío se puede permitir solo la desalación y en continuo". Así, reclamó que el ministerio tenga un "un plan B" porque si utilizan ese criterio "la agricultura del Levante está en jaque" y pretenden hacerlo "sin ningún tipo de indemnización". Una situación que calificó de "drama social" con un"gran perjuicio para los pequeños agricultores."
"Lo que impera dentro de mí es la ira", admitió Jiménez. "Esta decisión jamás se ha tomado antes y además culpa a la agricultura legal y honrada del Campo de Cartagena. Han tergiversado la verdad para poner a la población en contra de la agricultura".
A su juicio, detrás de la medida está el Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente, Emiliano García-Page, "un barón que tiene un peso muy específico en el partido del Gobierno".
Además, sostuvo que “la ministra no se ha reunido con un solo agricultor. Hay que quitarse la careta y ser franco: si crees que la agricultura no beneficia a tu país, debes decirlo claramente”.
Por su parte, los regantes de la provincia de Alicante aseguraron que cuentan con el "apoyo" del presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, así como de la consejera Mónica Oltra, ante una decisión que consideran "insólita". "¿Quién ha pensado que toda la agricultura de la cuenca del Segura perjudica al Mar Menor?", se preguntaron.
El Sindicato de Regantes celebra este jueves su Asamblea general, en la que definirán la hoja de ruta a seguir y un calendario de movilizaciones "sin perjudicar a la ciudadanía", tras la cual acudirán a una reunión a la Delegación de Gobierno.
