MURCIA. El sector agrícola quiere contribuir a la sostenibilidad y recuperación del Mar Menor pero advierte de que la nueva ley del Mar Menor no puede utilizarlos como “cabeza de turco” de un problema que consideran que tiene múltiples responsables. Así lo señala el director de Proexport, Fernando Gómez, a declaraciones a Murcia Plaza ante la información publicada por La Verdad sobre la nueva normativa que afectará al entorno de la laguna.
“Basta de coger como cabeza de turco al sector agrícola, que está por la sostenibilidad, que está poniendo medidas y que además está regulado ya por una ley”, subraya. “No se puede utilizar la excusa de la ley para dar una vuelta de tuerca a este sector mientras se mira para otro lado en actividades que están contaminando desde hace décadas y sobre las cuales no se hacen actuaciones con la profundidad que en la agricultura”.
Para Gómez, que recalca que no ha tenido aún acceso al texto definitivo de la ley que previsiblemente se llevará a Consejo de Gobierno el 26 de diciembre, “sorprende que vayamos a una hiperregulación del sector agrario. No conozco una zona agrícola en España sometida a una regulación tan estricta y pormenorizada como la que aquí se está planteando”. En ese sentido, apunta a que son numerosos los ejemplos de medidas agroambientales que está poniendo el sector en marcha de motu proprio y “con celeridad en toda la zona”.
Sobre las medidas concretas de la ley, entre las que se encuentra la prohibición de fertilizantes a menos de 500 metros de la laguna o la transformación de cultivos de secano a regadío, y los cultivos anuales, señala que algunas “pueden estar bien y vamos apoyarlas”. “Estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para contribuir de forma decidida a reducir el impacto negativo de la actividad agraria en el Mar Menor”, asegura. Sin embargo, matiza, no admiten una regulación excesiva "que cause un daño gratuito al sector y que no contribuyen a la protección. Se debe utilizar un criterio de proporcionalidad”.
Por eso, aboga por que la ley sea integral “de verdad. De momento, parece que se ha difuminado”. En ese sentido apuntó a que “confío en que el Gobierno de PP y Ciudadanos sea sensible a esta cuestión igual que es al estado de la laguna y no se pegue un tiro en el pie”, perjudicando “a la sociedad , a la agricultura y al futuro de toda la comarca”.
A su juicio, la pieza fundamental para la recuperación de la laguna son “las obras planteadas en el Plan de Vertido Cero para evitar que las escorrentías lleguen al Mar Menor”, que no se acometen por “un Gobierno nacional que no acaba de meter la pala para llevar a cabo esas infraestructuras, ni dota adecuadamente los presupuestos, y un Gobierno regional que quiere pero no puede porque no tiene financiación”.
En ese sentido, apunta a que la administración debe asumir "su enorme responsabilidad durante décadas de dejación por peleas políticas y electoralistas”. “No mintamos a la gente y abordemos lo que hay que abordar", insiste.
Sobre la actividad urbanística en la zona “habría que hablar mucho en esta ley, porque hemos visto las escorrentías provocadas por las Danas que acaban en el Mar Menor”, recalca. “Se le echa la culpa a la agricultura cuando tienen mucho impacto el urbanismo y las modificaciones en la orografía para conducir las aguas a determinados destinos que no son los naturales”.
Apunta también a los propios ayuntamientos, a los residuos de los vecinos o a las aguas de estaciones depuradoras que acaban en el Mar Menor, “y que son aguas contaminadas con nitratos”, así como a la actividad minera. "Si iba a ser integral, ¿donde están todos esos sectores contaminantes que de momento no reciben regulación ninguna y sí ayudas? Es muy llamativo".
