Foto: LA 7 TV RMMURCIA (MP). CBM, la filial del Grupo Secuoya que se alzó con la gestión de la televisión autonómica de la Región de Murcia para los próximos cinco años, ya tiene vía libre para poder firmar el contrato para los próximos cinco años. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado los dos últimos recursos que pesaban sobre el proceso, por lo que se levanta la suspensión cautelar para poder firmar el contrato.
El tribunal ha decidido, por un lado, inadmitir por "falta de legitimación de la recurrente" el recurso que presentó la UTE BAINED, NRD, EUROCOMUNICACIÓN E INTERCOM, representada por Joaquín Dólera, contra la adjudicación del contrato convocado por la Comunidad para la "gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (2020-2025)".
Este organismo administrativo levanta la suspensión del procedimiento de contratación. Y además declara que "no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 58 LCSP", tal y como lee en el fallo, al que tenido acceso Murcia Plaza.
Por otra parte, el tribunal también desestima el recurso que planteó AUDIOVISUALES TCERO SA, encabezado por el Grupo Zambudio, contra la resolución del contrato. El fallo también levanta la suspensión del procedimiento e igualmente declara que "no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 LCSP".
Ambas resoluciones son definitivas por la vía administrativa. Sin embargo, sí cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo dos meses.
Recientemente se conocía también que la Sala Contenciosa del TSJMU desestimaba el recurso de TCERO contra la orden de la Consejería de Presidencia que tramitó por la vía de emergencia el contrato de gestión indirecta de la televisión autonómica. Del mismo modo, el Servicio Regional de Defensa de la Competencia propuso al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados que declare la "ausencia de abuso de posición dominante de CBM Servicios Audiovisuales".
El contrato de la televisión pública, que empezó el 1 de abril de 2015, se amplió en 2017 con una prórroga de tres años hasta 2020. Desde entonces el procedimiento se tramitó por la vía de urgencia, lo que provocó las cinco adjudicaciones directas efectuadas a CBM Servicios Audiovisuales por valor de 17 millones de euros.
Este asunto ha envuelto de polémica el proceso, ya que el PSOE presentó en noviembre una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación, malversación y cohecho contra los dos últimos consejeros de Hacienda (el actual, Luis Alberto Marín, y su predecesor, Javier Celdrán), así como contra el director general de Informática y Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert.
Finalmente, CBM gestionará la tele pública de la Región al hacerse con el contrato para los próximos cinco años por valor de 65,8 millones de euros en total, tal y como se recoge en la adjudicación publicada en el perfil del contratante de la Comunidad. La compañía con sede en Molina de Segura mantiene así su actividad al frente de este medio de comunicación como venía haciendo en los últimos años, periodo que tuvo que dilatarse debido a la prórroga del contrato mientras se completaba la nueva licitación.
Para retener la gestión de La 7 TV ante sus cuatro competidores, la filial del Grupo Secuoya logró la mayor valoración por parte del comité de expertos en el concurso y presentó la propuesta económica más baja, lo que ha posibilitado que la Comunidad se decantara por su oferta.
Entre las otras empresas interesadas se encontraban Audivisuales Tcero (grupo Zambudio), Promecal Audiovisuales, Now Audiovisual y una UTE formada por Bainet (productora de Karlos Arguiñano), junto a NRD y Eurocomunicación e Intercom.
