MURCIA. Tras más de un año gestionando la licitación, la televisión autonómica de la Región de Murcia ya tiene quién la dirija. Será la empresa CBM, filial del Grupo Secuoya, la que finalmente gestionará la 7RM durante los próximos cinco años con un contrato por valor de 65,8 millones de euros en total, de acuerdo con la adjudicación publicada en el perfil del contratante de la Comunidad.
La compañía con sede en Molina de Segura mantendrá de esta forma su actividad al frente de este medio de comunicación como venía haciendo en los últimos años, periodo que tuvo que dilatarse debido a la prórroga del contrato mientras se completaba la nueva licitación. Ahora, CBM dispondrá de dos meses a partir de la formalización del contrato para comenzar las emisiones, aunque no se esperan complicaciones dado que ya venía siendo la encargada de este servicio.
Para lograr mantener la gestión de La 7 TV ante sus cuatro competidores, la filial del Grupo Secuoya ha necesitado lograr mayor valoración por parte del comité de expertos en el concurso y presentar la propuesta económica más baja, lo que ha posibilitado que la Comunidad se decantara por su oferta.
Entre las otras empresas interesadas se encontraban Audivisuales Tcero (grupo Zambudio), Promecal Audiovisuales, Now Audiovisual y una UTE formada por Bainet (productora de Karlos Arguiñano), junto a NRD y Eurocomunicación e Intercom.
Esta adjudicación comprende la producción, edición y difusión de la televisión pública murciana, lo que implica la gestión de "servicios de información en línea con programaciones diversas y equilibradas que cubran todos los géneros".
El contrato de la televisión pública, que comenzó el 1 de abril de 2015, se amplió en 2017 con una prórroga de tres años hasta 2020. Desde entonces el procedimiento se tramitó por la vía de urgencia, lo que provocó las cinco adjudicaciones directas efectuadas" a CBM Servicios Audiovisuales por valor de 17 millones de euros.
En consecuencia, el partido socialista presentó en noviembre una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación, malversación y cohecho contra los dos últimos consejeros de Hacienda de la Comunidad (el actual, Luis Alberto Marín, y su predecesor, Javier Celdrán), así como contra el director general de Informática y Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert.
