MURCIA. Un nubarrón se cernía el jueves sobre el cielo del PP cuando Fernando López Miras anunciaba su frente común con Andalucía para defender el Trasvase. A esa hora el Tribunal Superior de Justicia hacía pública la noticia más temida en las filas populares. Temida, pero no inesperada. La apertura de juicio oral por el caso de la desaladora de Escombreras era algo ya asumido desde que en octubre la jueza estrechara el cerco contra el expresidente regional al apreciar indicios de delito. Faltaba saber el cuándo. La huelga de los letrados de la Justicia interrumpió los cálculos, pero tan sólo un día después de reanudarse la rutina judicial llegó el terremoto: Ramón Luis Valcárcel, quien durante dos décadas fuera el tótem del PP regional y el máximo mandatario de la Comunidad, se sentará en el banquillo de los acusados.
El procesamiento es todo un varapalo. Pues no sólo está imputado por tres presuntos delitos -prevaricación, malversación y fraude-, cuya suma de las penas que pide la Fiscalía asciende a más de once años y medio de cárcel y 47 años de inhabilitación para cargo o empleo público-, sino que además está obligado a poner una fianza de 74 millones o de lo contrario verá embargados sus bienes. Y se produce en una causa que, paradojas de la vida, estuvo a punto de quedar resuelta para él, pues en enero de 2021 el Juzgado de Instrucción Número 1 de Murcia dio carpetazo a las diligencias previas. Sin embargo, el Ministerio Fiscal interpuso un recurso de apelación y en marzo del 2022 consiguió que la Audiencia Provincial revocara el auto de sobreseimiento. Casi un año después, el mismo juzgado que archivó el caso contra Valcárcel recoge el criterio de la Audiencia y decide que continúe el proceso contra él en la causa sobre la desaladora.
La apertura de juicio no puede aparecer en un momento más inoportuno -si es que existe algún momento oportuno para un juicio por corrupción-, a las puertas de la campaña electoral. La legislatura ha concluido: el presidente de la Comunidad firmará este lunes la convocatoria oficial de las elecciones del 28 de mayo. El mes de marzo queda ya para la historia negra del PP, pues empezó con una pena de cárcel para otro expresidente, Pedro Antonio Sánchez (PAS), condenado a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación para cargo o empleo público como autor de dos delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con uno de falsedad, por el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad.
La corrupción se cuela en la senda del PP, para zozobra de su líder, Fernando López Miras. Es dinamita para la oposición, ávida de argumentos para la campaña electoral. PAS y Valcárcel son el pasado, como así esgrimen ahora los populares; pero no es un pasado cualquiera. Y tampoco es exactamente el pasado. Valcárcel está retirado de la primera línea... pero no de la política, pues es el presidente de honor del PP regional. Aunque sea un puesto meramente simbólico, su voz sigue pesando en actos importantes del partido como el congreso que el pasado verano reeligió a Fernando López Miras, donde, por cierto, el presidente de honor habló claro y le exigió una mayoría absoluta.
Además, su situación procesal ponía al PP ante una incómoda papeleta, pues los Estatutos del partido reseñan claramente que en aperturas de juicio oral se debe abrir un expediente disciplinario. Este expediente, no obstante, se resuelve cuando se dicta la sentencia. Y en casos flagrantes de delitos de corrupción, el Comité de Derechos y Garantías puede optar por la suspensión de afiliación. Sin embargo, el propio Valcárcel evitaba otro disgusto más al partido y se daba de baja de forma voluntaria. Al menos, así lo informó este sábado el propio PP.
La secuencia es sombría para el PP: Valcárcel fue el padrino político de Pedro Antonio y este último fue el "mentor" del propio Fernando López Miras, quien en su día llegó a decir que se dejaría la piel para reparar lo que consideraba una injusticia. Es cierto que, una vez apartado PAS, López Miras voló solo y se labró su camino. De eso hace ya seis años. De los efusivos apoyos de los inicios pasó a limitarse a expresar su respeto. Incluso el partido, el mismo que propagó el hashtag #YoConPedroAntonio, se desmarcó por completo cuando salió la condena: "Dejó de ser afiliado hace seis años", vino a decir. No será un argumento válido ahora para Valcárcel, que hasta este sábado está al corriente de las cuotas y acude a González Adalid en las reuniones importantes.
El procesamiento de Valcárcel tampoco deja en buen lugar a otros nombres clave del PP, como, por ejemplo, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, quien si en su día barruntó la idea de presentarse al congreso como alternativa a López Miras fue gracias, entre otros apoyos, al aliento de dirigentes como el expresidente. O como el candidato de Murcia, José Ballesta, quien en julio, durante su intervención como presidente del congreso del PP, se deshacía en una ristra de elogios: "Es un hombre de personalidad abrumadora y desbordante. Un líder carismático que protagonizó la revolución política más importante de esta Región, en el tránsito de los siglos XX y XXI. Un hombre de mirada limpia y de fuerza interior inabarcable (...). Un hombre de honor y uno de mis maestros en política". A buen seguro que Ballesta sigue pensando lo mismo, valga la presunción de inocencia ante todo. Pero ya se sabe que las reglas de la política son otras.
Hay quien se consolará pensando que mejor que suceda ahora que en el mes de mayo, con todo más reciente y fresco para el votante. Hay quien también opina que estos escándalos ya no pasan factura en las urnas. Hay quien incluso piensa que no es para tanto. Quién sabe. Pero el mismo PP que encaraba estas elecciones con el viento de cola de las encuestas ha tropezado con una fea piedra en el camino. Y la mancha se queda para siempre: los dos únicos expresidentes murcianos que se han sentado en un banquillo de los acusados fueron líderes del PP.