MURCIA. Seis años en política son un abismo. El actual panorama político se parece poco al que existía en 2017, cuando Pedro Antonio Sánchez en medio de una tormenta sin precedentes arrojaba la toalla y dimitía. Pero hay un doble elemento común que persiste: el PP gobierna y López Miras es su presidente. Seis años dan para mucho, también para la evolución de las opiniones y las posiciones de políticos y partidos. Por eso es muy significativo el comunicado que el PP envió en el día en que se condenaba a quien presidió la Comunidad entre 2015 y 2017, un hecho que quedará ya en la historia negra de la política murciana.
Con cinco escuetos puntos, el PP se desliga de cualquier vínculo con quien fuera su máximo líder del partido: "No es afiliado del Partido Popular". Así reza el tercer punto del texto, sin más añadidos ni calificativos. El resto de la nota de prensa alude al respeto a la Justicia (primer punto), el recordatorio de que PAS "se apartó de la política" hace seis años (segundo), la mención a que los hechos juzgados ocurrieron hace 18 años en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (cuarto) y el añadido de la que "la sentencia no es firme y cabe recurso ante el Supremo" (quinto y último punto). Ante este último apunte, cabría preguntarse: si el Supremo lo absolviera, ¿volvería a ser su afiliado, aunque sea figuradamente?
Lejos quedan los tiempos en los que los populares se movilizaron por redes sociales en defensa de Sánchez bajo el hashtag #YoConPedroAntonio. Incluso el propio López Miras, en su etapa previa a la Presidencia, publicaba un vídeo en el que decía: "Yo confío en Pedro Antonio. Él es juventud, regeneración, honradez, solvencia y transparencia. Es cercanía y compromiso con los murcianos. Nunca ha defraudado a los ciudadanos que han depositado su confianza en él y que se han sumado a su proyecto en estos años". López Miras siempre le defendió, especialmente en sus inicios al frente del Gobierno. De hecho, una vez que fue elegido como el candidato del PP para sustituir a PAS, dirigió sus primeras palabras a quien consideraba su "amigo" y "mentor": "Me dejaré la piel para reparar una injusticia". Y apostillaba que se ponía a su disposición. Así lo expresaba en una rueda de prensa junto con con el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, y el propio PAS, ya dimitido.
Era abril de 2017 y por entonces PAS estaba en el centro de la diana, acorralado por los escándalos. El 'Caso Auditorio' le había perseguido desde que en febrero de 2015 la Fiscalía presentara una querella por presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras. Se libró de llegar a la campaña bajo el sambenito de la imputación, pero esta se produjo el 20 de febrero de 2017. A ella se uniría en abril otra imputación por el 'Caso Púnica', que fue el remate. Aquella situación constituyó el caldo de cultivo por el que la oposición, entonces formada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, registrara una moción de censura, que se desactivó porque precisamente PAS dimitió.
Tiempo después llegarían otros procesos judiciales: 'Caso Pasarelas', del que fue absuelto por una reforma legal que le benefició; y el 'Caso Púnica', archivado en 2020 por la Audiencia Nacional. De los dos se libró y en ambas ocasiones desde filas populares denunciaron "los juicios paralelos" que sufrió Pedro Antonio por la "triste pena del Telediario". En 2021 el senador murciano Francisco Bernabé rompía una lanza -"y mil más si hicieran falta"- en su favor desde la tribuna del Senado: "Es un hombre para quien nunca se respetó la presunción de inocencia. Y que dejó la Presidencia ganada en las urnas a causa de la cacería política y mediática de la que fue objeto. Y que ha visto cómo los jueces han archivado sus causas".
Sin embargo, ahora la Justicia no considera que sea inocente en el 'Caso Auditorio'. Al menos, así lo entiende la Sala de la Audiencia Provincial de Murcia, presidida por el magistrado Juan del Olmo, que condena al exalcalde de Puerto Lumbreras (2003-2013) y expresidente de la Comunidad (2015-2017) a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, como autor de dos delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con uno de falsedad por el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad. Con todo, cabe precisar que el fallo no es firme y cabe recurso ante el Supremo.
La sentencia llega en un momento político muy sensible: a las puertas de la campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo. Por el momento la única declaración de López Miras se limita a reseñar su "respeto a la Justicia", como en más de una ocasión ha dicho. Él también protagonizó su particular viraje: desde la defensa a ultranza a limitarse a ser respetuoso. Con el tiempo, Miras se afianzó en la Presidencia de la Comunidad. Se hizo también con el liderazgo del partido (en 2018) y dejó de recordar a PAS para consolidarse en su propia carrera política.
La oposición, por su parte, ha sacado toda la artillería. Ciudadanos censura los hechos condenados, PSOE y Vox exigen al presidente que dé la cara y Podemos va más allá y pide su dimisión. Ante esta lluvia de reacciones, el PP se limita a recalcar: "No es afiliado del Partido Popular". No, no lo es. Es cierto. Pero los hechos juzgados ocurrieron como alcalde del PP. La imputación le llegó como presidente de la Comunidad del PP. Y la condena queda ya para siempre para quien en su día fue el máximo responsable del PP en la Región de Murcia.