Todos contra Pepe Vélez

MURCIA. Parecía que iba dar guerra, pero, en realidad, la guerra se la están dando a él. Al menos en las últimas semanas. El delegado del Gobierno afronta los días más intensos desde que asumió el cargo en febrero, cuando fue nombrado por Pedro Sánchez. José Vélez se encuentra en el centro de la diana por su gestión ante la oleada de pateras que han arribado a las costas de la Región de Murcia en las últimas semanas. El Gobierno regional, el Ayuntamiento de Cartagena y partidos como el PP y Vox han redoblado la ofensiva contra el representante del Ejecutivo nacional en la Región de Murcia. En cinco meses, Vélez ya acumula tres peticiones de dimisión, formuladas por Vox, PP y el Consistorio cartagenero. Las tres se deben a la misma razón: la inmigración.

Vélez, que fue alcalde de Calasparra entre 2014 y 2019, fue designado como enlace del Gobierno de PSOE y Podemos para defender sus políticas frente al Ejecutivo murciano, una coalición de signo político opuesto, PP y Ciudadanos. Su nombramiento implicaba un cambio de talante en la figura del delegado: del perfil conciliador y discreto de su antecesor, Francisco Jiménez, se viraba a un tono más directo y vehemente, encarnado en Vélez. "No voy a estar callado, defenderé la verdad por encima de todo", avisaba nada más tomar posesión en una entrevista con Murcia Plaza; toda una declaración de intenciones.

Sin embargo, su andadura ha estado marcada por una posición prudente, más ubicada en el segundo plano que en los principales titulares de la actualidad regional, lejos de una actitud beligerante. Incluso cuando recibió las críticas más ácidas tras conocerse que nueve inmigrantes se habían fugado del puerto de Cartagena, su respuesta se limitó a un comunicado en el que pedía a los cargos públicos "no generar alarma social". Hasta el viernes, que ya no se contuvo. En un encuentro con los medios, disparó con contundencia, devolviendo los ataques. Vélez fue Vélez.

"Menos fotos y menos política barata" le pedía a Castejón, otrora compañera de siglas. "Además de cantar canciones y hacer vídeos, hay que preocuparse por la gestión real que pide la ciudadanía", añadía Vélez, criticando a la regidora de Cartagena. "Engañó" a la sociedad, dijo de Joaquín Segado, el portavoz parlamentario del PP, a quien le recriminó que no pusiera en marcha el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE) en su etapa al frente de la Autoridad Portuaria.

Fue su respuesta a una semana de reproches. El primero en cuestionarle fue el concejal de Seguridad Ciudadana en Cartagena, el exsocialista Juan Pedro Torralba, que se quejaba de que Vélez "no está capacitado" y pedía su dimisión. Un día después era el PP quien se sumaba a las críticas y también exigía su renuncia. "Su demostrada incapacidad pone en riesgo la salud de los murcianos", esgrimía Joaquín Segado. El Gobierno regional, por su parte, no pidió su cabeza pero sí echó en cara que los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) sigan cerrados, como así lamentó el consejero de Hacienda, Javier Celdrán. 

Gobierno regional y Delegación ya chocaron a cuenta del emplazamiento de los inmigrantes que deben permanecer en cuarentena. Los CIE cerraron, según indica la Delegación, por orden judicial una vez que se decretó el estado de alarma, lo que suponía un problema: los inmigrantes no tenía un lugar de cobijo y debían ser expulsados a las 72 horas de llegar a nuestro país. El choque fue tal que el presidente murciano, Fernando López Miras, amenazó con recurrir al ministro del Interior si la Delegación no habilitaba un centro para inmigrantes. Finalmente, el Ejecutivo y la Delegación acordaron que la Comunidad cedería el albergue juvenil de El Valle para el alojamiento de inmigrantes en cuarentena por posible covid-19.

Vox fue la primera voz en reclamar la salida del delegado. Sucedió a cuenta de las primeras llegadas de embarcaciones ilegales. Los 23 agentes que atendieron a los inmigrantes que arribaron en Águilas tuvieron que ser aislados, razón por la que el partido que preside Santiago Abascal pedía la dimisión del delegado. "Es un escándalo que estén llegando a nuestras costas inmigrantes ilegales infectados de covid-19, poniendo en riesgo la salud pública y contagiando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", afirmaba José Ángel Antelo. 

Ciudadanos se ha mostrado menos crítico, pero también le ha pedido "celeridad, eficiencia y buena gestión" al tiempo que reclamaba tanto a populares como a socialistas "no buscar enfrentamiento estériles ni perder el tiempo en buscar culpables a la situación". La formación liberal, pese a que ha rebajado el tono, no ha sido precisamente indulgente con Vélez pues fue uno de los partidos que le recibió entre críticas cuando fue nombrado, recordando sus problemas con la Justicia. "Hay que ganarse la autoridad moral para ponerse al frente de quienes velan por el cumplimiento de la ley", manifestaba entonces Jerónimo Moya, portavoz de la gestora.

Todos estos ataques no preocupan en el seno de la Delegación. No hay nerviosismo, sino al contrario, aseguran. Forma parte de la política. "Estamos preocupados por resolver los problemas de la gente, pero además tenemos que aguantar los ataques de personas que viven para la fotografía y para cuestiones que nada le interesan a los ciudadanos", afirma Vélez. En política, ya se sabe, no hay treguas. La gestión siempre está bajo lupa y los adversarios políticos, al acecho. Y el delegado bien acaba de recordarlo.