CARTAGENA. El cierre de los horarios comerciales como medida excepcional para contener la expansión de la covid-19 provocó la eliminación de algunas horas de los autobuses urbanos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena se escudaron en que este recorte se debía a un ajuste entre la oferta y la demanda. Algo que desde la coalición Unidas Podemos- Equo no comparten. Su portavoz, Leli García Muñoz, afirma que "lo justifican como medida de "ajuste a la demanda existente", pero lo cierto es que se trata de un recorte en el servicio que dificulta el desplazamiento de los usuarios los días laborales. No se ha tenido en cuenta que muchas personas, pese a la pandemia, siguen sus ritmos habituales".
García Muñoz insiste en que "hablamos de usuarios que solo cuentan con el transporte público para acudir a sus centros de trabajo, estudios o actividades de cuidados a familiares. No todo el mundo tiene un coche particular o teniéndolo, no puede compartirlo con personas no convivientes".
Además de las necesidades de los usuarios y el "derecho a disponer de un servicio de transporte público de calidad", Leli García ha querido recordar el compromiso del Ayuntamiento de convertir a nuestro municipio en una ciudad amable, accesible y sostenible medioambientalmente. "Desde nuestro grupo no nos cansamos de repetir que para conseguir ese objetivo es fundamental fomentar el transporte público. Y, precisamente en tiempos de crisis sanitaria, lo más coherente por parte del Ayuntamiento sería exigir a la empresa concesionaria que ponga todos los recursos necesarios para evitar contagios y brindar un mejor servicio a la ciudadanía”. La coalición se ha hecho eco de las quejas formuladas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca y anuncia que trasladará su voz al próximo Pleno del Ayuntamiento.
Asimismo, Leli García ha querido recordar que la empresa concesionaria del servicio, ALSA, tiene presupuestado por el Ayuntamiento la cantidad de 6,3 millones de euros al año y que, además, a finales de 2020, "se llevó de premio la cantidad 900 mil euros adicionales sin ningún informe riguroso que acreditara la urgencia de esa subvención. Nos sorprendió en su momento y ya denunciamos lo que ahora se confirma: ese dinero no repercutiría en la mejora del servicio".
García afirma que la situación que vive Cartagena "confirma lo que siempre hemos defendido: que lo mejor para tener servicios públicos esenciales de calidad y adaptados a las necesidades de los ciudadanos es no privatizarlos. Si prima el beneficio empresarial, no se garantiza el transporte público a toda la ciudadanía".
