El diputado regional del PP Juan Antonio Mata. Foto: PPRMLa ley permitirá a los municipios evaluar el impacto ambiental de proyectos urbanísticos
CARTAGENA (EFE). La reforma de la Ley de Protección Ambiental ya es una realidad. El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este miércoles la ley de Mitigación del impacto socioeconómico del covid19 en el área de medio ambiente con los votos a favor de Vox, PP y Cs y en contra de PSOE y Podemos. Esta nueva norma fue aprobada mediante decreto por el Ejecutivo murciano, pero finalmente ha recibido enmiendas de los grupos parlamentarios.
A pesar de haber llegado a acuerdos con PP y Cs durante el periodo de enmiendas, el PSOE ha rechazado el texto definitivo, que contempla permitir que los municipios con menos de 50.000 habitantes puedan evaluar el impacto ambiental de los proyectos urbanísticos por medio de un convenio con la Comunidad, porque el Gobierno regional pretende "desmantelar" la protección medioambiental con la nueva norma.
El viceportavoz socialista, Alfonso Martínez Baños, ha advertido de que esta ley permite que "las actividades empresariales contaminen más, generen más residuos y utilicen los recursos naturales sin que existan medidas compensatorias" para el medio ambiente, añadiendo que "la actividad empresarial y la generación del empleo no pueden justificar la degradación del habitad" natural.
A su vez, Martínez Baños ha asegurado que el Ejecutivo autonómico es el "principal enemigo" del medio ambiente porque no garantiza el uso racional de los recursos naturales, ni está cumpliendo con la obligación de conservar el hábitat ni obliga a reparar quienes causan daños ambientales" con este articulado.
Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, ha afirmado que "no es cierto" que el texto aprobado establezca que "las empresas puedan aumentar el grado de emisiones sin ningún tipo de control ni garantía" medioambiental.
Liarte ha considerado que es un "avance" que la Administración local vaya a tener "un peso más importante en todo el proceso ambiental" para evaluar los proyectos urbanísticos y ha definido el decreto como "una ley fruto del acuerdo de casi todos los grupos parlamentos" porque Podemos no ha presentado enmiendas.
Precisamente, la diputada de Podemos María Marín ha señalado que su formación política recurrirá el decreto por medio de todos los "cauces legales" que sea posible porque el Gobierno regional utiliza como "excusa" la pandemia para perdonar impuestos al sector del juego o "atacar" la legislación de protección ambiental.
La parlamentaria de la formación morada ha achacado a su Gobierno que se "aprovecha" de periodos de crisis económica como la actual pandemia para llevar a cago reformas a favor del "libre mercado" y quitarse del medio "cualquier control medioambiental". Así, Marín ha apuntado que el decreto no soluciona "lo que hace falta para enfrentarse a la pandemia" como es aumentar el número de rastreadores, incrementar las pruebas PCR o reforzar la atención primaria, entre otras.
En cambio, el portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha destacado que la ley se centra en medidas “urgentes” para tratar de recuperar de forma “eficiente” los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria, es decir, que el decreto trata de agilizar de forma más “eficaz”, al tiempo que los procedimientos de evaluación ambiental y la planificación administrativa “se agilicen sin perder las garantías medioambientales”.
Por ultimo, el diputado del PP Juan Antonio Mata ha defendido que esta ley mantendrá a la Región como líder en crecimiento económico y creación de empleo y fomenta que la administración sea “más ágil". Mata ha añadido que la norma “fija plazos que antes no existían, lo que refuerza las garantías y la seguridad a quienes deciden emprender una actividad, permitiendo que los expedientes de los que depende una inversión y puestos de trabajo no se dilaten en el tiempo”.
