Como decía en el Tibio anterior, el ambiente en la UPCT es bueno. Posiblemente ya nunca sabremos si Luis Javier Lozano habría sido el gran rector que su trayectoria anterior permitía pronosticar. Solo sabemos que Kessler está dirigiendo la institución a satisfacción de la mayoría de sus miembros. Exhibe buen talante, capacidad de dialogar y una indiscutible vocación de mejorar la universidad. Y últimamente la UPCT ha obtenido un gran éxito. ¿Se acuerdan ustedes de la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor? ¿Se acuerdan ustedes de que se recogieron medio millón de firmas para avalarla? Pues bien, las Cortes convirtieron aquella iniciativa en ley. En el texto se decía que el Mar Menor pasaba a ser un ecosistema con una serie de derechos que podría ejercer por sí mismo. Como obra de ficción no tenía parangón, pues todo el mundo sospechaba que el Mar Menor jamás podría defender por sí mismo ningún derecho. Como los propios promotores eran perfectamente conscientes de esa pequeña limitación del ecosistema, previeron la creación no de uno, sino de tres órganos, compuestos de humanos y humanas, para que hiciesen eso que se suponía que tenía que hacer el Mar Menor.
"Los que prometieron que corregirían esa omisión han cumplido su palabra. En la versión del decreto aprobada el Comité Científico incluye a la UPCT"
Pues bien, el pasado martes se aprobó el decreto que configura esos tres órganos. Uno es el Comité de Representantes, compuesto por delegados de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y de los municipios ribereños. El segundo es la Comisión de Seguimiento, con representantes de organizaciones empresariales, sindicales, vecinales, agrarias, pesqueras, ganaderas, ecologistas y de lucha por la igualdad de género. Nadie sabe por qué no hay también representantes de los ancianos, que suelen bañarse en sus lodos con la esperanza de curarse el reuma e incluso recuperar algo de la vitalidad disminuida. Pero este artículo seguramente no habría visto la luz si el decreto no previese también la creación del tercer órgano, que no es otro que el Comité Científico. ¿Y quiénes lo componen? Buena parte de la costa del Mar Menor baña el municipio de Cartagena, pero no busquen ustedes el nombre de la UPCT en las primeras versiones del Decreto porque no lo encontrarían. Este Tibio ya lo denunció en su momento y los promotores respondieron que corregirían esa omisión en los trámites posteriores. Esta ley había sido pergeñada por un grupo de académicos de las universidades de Murcia y Alicante, con el apoyo político del PSOE y Podemos. Habían dejado deliberadamente fuera a la UPCT, probablemente porque no querían ver ingenieros ni en pintura, no fuese a ser que aportasen datos comprobados y argumentos racionales. Un zarpazo en toda regla contra la UPCT. Para un servidor, como primer rector de esa universidad, era un agravio insoportable. Afortunadamente, los que prometieron que corregirían esa omisión han cumplido su palabra. En la versión del decreto aprobada el Comité Científico estarán representados el Centro Oceanográfico de Murcia, la Sociedad Ibérica de Ecología, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cuatro universidades: Murcia, Alicante, Miguel Hernández y ¡UPCT! Un éxito indiscutible de la universidad cartagenera.
Sin embargo, es dudoso que compense cierto zarpazo que recibió hace algunos años. Excusarán que vuelva a citarme, pero la verdad solo tiene un camino. Hacia 1988 el Gobierno socialista andaluz creó una comisión de expertos para elaborar un informe sobre qué hacer con la Isla la Cartuja una vez que finalizase la Exposición Universal que se celebraría en 1992. Presidía aquella comisión el catedrático Manuel Castells, que luego fue ministro de Universidades en un gobierno del presidente Sánchez. Formaban parte del mismo diversos académicos, entre ellos Francisco Ferraro, un destacado economista. Tuvieron a bien ficharme como experto en universidades y participé en lo que se llamó el Proyecto de Investigación de Nuevas Tecnologías en Andalucía (PINTA). El consejo unánime fue que se crease en la Isla de la Cartuja un Parque Científico. Así se hizo y sigue creciendo en la actualidad.
Cuando llegué a la Región de Murcia, fichado por la consejera Cristina Gutiérrez Cortines, me percaté de que no existía en su territorio ningún parque científico. Me explicaron que se había intentado, pero por desavenencias entre las élites de las ciudades de Murcia y de Cartagena no se materializó. Entonces Salomón Medina propuso una equitativa solución: crear un Parque Científico en Murcia, conectado a su universidad, y un Parque Tecnológico cerca de Cartagena, conectado a la UPCT. Con el apoyo de Patricio Valverde, a la sazón consejero de Industria, así se hizo. La inteligente consejera de Salud, Maite Herranz, adoptó una iniciativa paralela en su área y hoy funciona como un excelente núcleo de investigación biomédica. También los dos parques se crearon, ubicándose el tecnológico en Fuente Álamo. Con el ingeniero químico Joaquín Juan Agüera al frente, fue creciendo adecuadamente. Además de varias empresas, se instaló allí la UPCT y, gracias a la perspicacia del rector Cobacho y su vicerrector Vázquez (ahora consejero del Gobierno regional), también la universidad de Murcia.
Ahora no hay en la Región de Murcia ninguna dirección centralizada que dinamice el Parque Tecnológico"
Desgraciadamente, a principios de 2017 el entonces consejero de Empleo, Hernández Albarracín, con la complicidad del director del Instituto de Fomento, decidió liquidar la entidad que dirigía el Parque Tecnológico, un autentico zarpazo a la comarca de Cartagena, UPCT incluida. Lograron que las empresas que participaban en el Consejo de Dirección pidiesen la liquidación voluntaria y la tramitaron. Descartando que quisieran perjudicar intencionadamente a la UPCT, el argumento que dieron demostraba que no tenían una idea completa de qué era un Parque Tecnológico. Según ellos, una vez acondicionados los terrenos para que se instalasen las empresas, la entidad dirigente del Parque ya había cumplido su función. En resumen, reducían su papel en el Parque a una cuestión urbanística. En realidad, su función era promover la innovación, captar nuevas empresas para el Parque Tecnológico y facilitar que colaborasen con las entidades investigadoras, como las universidades o el CSIC. En el caso del Parque de Fuente Álamo, colaborar con las universidades murcianas, especialmente con la UPCT. Posiblemente era normal que unas autoridades centradas en los desarrollos urbanísticos no captasen en toda su profundidad las demás facetas de los que dirigían el Parque. Aun así, el resultado es que ahora no hay en la Región de Murcia ninguna dirección centralizada que dinamice el Parque Tecnológico. Solo queda una entidad de conservación creada por las empresas ya instaladas, que se encarga de la limpieza y otras tareas rutinarias, pero no gestiona subvenciones, ni capta colaboradores tecnológicos. Cualquier empresa que quiera instalarse allí tiene que comprar su parcela a algún propietario, como Puertas Padilla o el INFO. El cartel sigue poniendo “Parque Tecnológico”, pero en realidad es un polígono industrial, como lo prueba que ni siquiera este adscrito a la Asociación de Parques Tecnológicos de España. Cosa curiosa, el Parque Científico de Murcia sí consta en el registro del APTE. Una vez más, timazo a Cartagena y a su universidad.
