SEO/BirdLife y Greenpeace consideran que el juicio que se celebrará este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, contra dos empresas investigadas por presuntos vertidos masivos de salmueras al Mar Menor puede marcar un antes y un después en la persecución de los delitos ambientales vinculados a la laguna salada.
Ambas organizaciones ecologistas han defendido, en comunicados separados, que la vista oral supone una oportunidad para reforzar la lucha contra la impunidad ambiental en un contexto en el que el Mar Menor cuenta ya con personalidad jurídica propia y reconocimiento legal como sujeto de derechos.
Desde SEO/BirdLife explican que su presencia en la causa responde a la necesidad de proteger un espacio natural amparado por distintas figuras de protección ambiental, entre ellas ZEPA, LIC y Humedal Ramsar. La organización ecologista sostiene además que las empresas implicadas deben asumir la reparación completa de los daños ocasionados en el ecosistema entre los años 2015 y 2017, perjuicios que los informes periciales cifran en más de medio millón de euros.
La entidad reclama penas económicas para las mercantiles investigadas y solicita también la suspensión de su actividad agrícola durante tres años. Asimismo, advierte de que este procedimiento judicial debe servir como “punto de inflexión” en la protección de la laguna y rechaza que las posibles indemnizaciones acaben diluyéndose en fondos generales del Estado. Su planteamiento pasa por destinar esos recursos directamente a actuaciones de recuperación ecológica en el Mar Menor.
Por su parte, Greenpeace ha centrado buena parte de sus críticas en la fragmentación de la denominada macrocausa del caso Topillo. La organización considera que dividir la investigación inicial en numerosas piezas separadas puede terminar minimizando la dimensión real del problema ambiental investigado.
Además, la ONG lamenta que, a su juicio, responsables políticos que permitieron el deterioro de la laguna por falta de control y vigilancia no hayan sido incluidos en el banquillo de los acusados.
Greenpeace también se ha mostrado contraria a la posibilidad de que la Fiscalía y las defensas alcancen acuerdos de conformidad antes de la celebración completa de la vista oral. En este sentido, la organización advierte de que una reducción significativa de las penas a cambio de pactos económicos de última hora podría debilitar el efecto ejemplarizante y disuasorio de la justicia penal en este tipo de delitos medioambientales.
