López Miras endurece el discurso contra el Ejecutivo de España, recurriendo hasta cinco veces a los tribunales, pero empresarios y politólogos advierten de los riesgos que entraña desafiar al Estado
MURCIA. Nada más arrancar el nuevo de Gobierno de España, Génova dictó el criterio para hacer oposición desde las comunidades: una oposición firme pero moderada. Sin gritos ni broncas, pero contundente. En las instituciones, pero no en las calles. En la Región, el presidente murciano, tras celebrar un Consejo de Gobierno deliberativo, proclamó su lealtad al Ejecutivo nacional, pero, en realidad, fue la única concesión que lanzó Fernando López Miras en su exposición, cargada de reivindicaciones y quejas sobre la coalición de PSOE y Podemos. "No seré menos que Quim Torra", avisó el presidente. Murcia no dará tregua al Ejecutivo central, vino a decir López Miras. Desde entonces, el tono se ha ido endureciendo desde San Esteban hasta el punto de llegar al enfrentamiento diario. De la promesa de oposición moderada a la realidad de una estrategia de confrontación.
El discurso agrio se pone de manifiesto en el choque político que protagonizan los departamentos de Hacienda. El Ministerio que dirige María Jesús Montero asumió las cuentas de la Hacienda regional, al retener los pagos a proveedores por su elevada morosidad. Y la intervención desató la caja de los truenos del consejero del ramo, Javier Celdrán, que ha disparado su carrusel de reproches al Gobierno central. "Es una decisión extremadamente injusta y arbitraria, que se sustenta en un incumplimiento que el propio Ministerio ha causado", recriminaba, criticando que a la Región se le niegan los recursos para cumplir con los criterios de estabilidad. Celdrán, que recurrentemente acusa a Montero de "asfixiar financieramente a Murcia", tiene sus motivos: la infrafinanciación castiga a Murcia desde que en 2009 se puso en marcha el sistema de financiación autonómica. La Comunidad necesita además la ayuda del Gobierno de España para afrontar los graves problemas que soporta, como el Mar Menor. Pero, ¿la mejor manera de lograr la ayuda del Gobierno nacional es directamente confrontando al Estado?
El tono duro se observa en el lenguaje -"El Ejecutivo central "ha declarado la guerra al Trasvase Tajo-Segura", afirmó recientemente el consejero de Agua-, pero también en los hechos. El Gobierno regional ha llevado su batalla contra Madrid a los tribunales. Ha iniciado hasta cinco mecanismos judiciales con visos de acabar en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo: presentó tres recursos al Ministerio de Transición Ecológica por los recortes en el agua de riego; uno por el rechazo a la devolución de los 85 millones de euros del IVA de diciembre de 2017 y otro pidiendo al Gobierno de España que actúe en la Rambla del Albujón para frenar los vertidos de agua dulce al Mar Menor. También España ha entrado al terreno de la Justicia: el ministerio de Educación anunciaba que recurrirá a los tribunales si Murcia no retira el polémico 'pin parental'. Pero el Gobierno murciano se mantiene inflexible y desafía al propio presidente de España, Pedro Sánchez, que encabezó el rechazo a las autorizaciones familiares para charlas complementarias en los centros educativos. "Sólo lo retiraremos si un juez nos obliga", es la respuesta de López Miras.
¿Se puede Murcia permitir un desafío al Estado? Esa la pregunta que se escucha en círculos empresariales. "Murcia no es Cataluña. No se puede permitir un enfrentamiento contra el Estado. Necesitamos al Gobierno de España y con esta estrategia suicida nos damos de bruces", sostienen en voz baja, pidiendo anonimato. Ningún colectivo ha pronunciado públicamente su rechazo ante este tipo de confrontación, pero el comentario se escucha cada vez más: el Gobierno regional se está equivocando. "Si no cede, no hay logros para Murcia", insisten. "Esa estrategia es una trampa y conduce al bloqueo. No es la manera más inteligente de solucionar los problemas de Murcia", apuntan a Murcia Plaza las mencionadas fuentes.
Madrid y Murcia no libran una batalla de igual a igual, opina el sociólogo y profesor de Ciencia Política de la UMU, Juan José García Escribano. "Hay un actor desigual, que es el Gobierno regional, frente al Gobierno de la Nación", analiza el politólogo, que apunta que esta táctica política va contra El arte de la guerra: el que tiene medios insuficientes se defiende y el que tiene medios abundantes ataca. "Y la Región no tiene medios suficientes, es el más débil por lo que esta estrategia le lleva a la derrota y quienes lo padecen son los murcianos".
Desde San Esteban sostienen que los agravios son numerosos y que no tienen más remedio que defenderse. Se sienten víctimas de un maltrato. "Pedro Sánchez quiere que Murcia reviente", asevera categóricamente López Miras. Otras voces apuntan que el PP buscar réditos electorales mediante una oposición de confrontación y dureza, cuyo lema se basa en enarbolar la discriminación histórica de Murcia. Pero los politólogos discrepan de los beneficios esta corriente. "Murcia es el débil. Y necesita de la complicidad y no puede enfrentarse directamente", comenta García Escribano, quien además señala que "la Región no puede ser un laboratorio de ideas" y "no se puede hacer experimentos". El Gobierno ha demostrado que puede dar zarpazos. La intervención de Hacienda es una prueba de ello. "Y problemas tan importantes como el Mar Menor y la financiación autonómica, cuyas competencias se escapan a Murcia, sólo se pueden se revolver si el Gobierno de España colabora".
Dos Gobiernos de signos políticos distintos tienden a diferenciarse. A distinguirse mediante la crítica mutua. "Pero en última instancia deben tender puentes porque, de lo contrario, se pueden quedar solos", añade Escribano. "Y ahora se están rompiendo puentes". Incluso más que en los tiempos de Rodríguez Zapatero en Madrid y Ramón Luis Valcárcel en Murcia, la anterior época de cohabitación política. "Valcárcel, que tenía más fortaleza política que López Miras por sus victorias electorales, buscaba diferenciación desmarcándose en puntos como la Ley de Memoria Histórica, pero al final sabía que no podía romper con el Gobierno de España".