Fernando López Miras, en la Asamblea Regional. Foto: ABEL F. ROSMURCIA. San Esteban vuelve a apoyarse en la Justicia para contrarrestar al Ejecutivo de España. El Gobierno regional envió este jueves un requerimiento contra el Gobierno de España para que ponga medidas urgentes en el Mar Menor. Se trata de la quinta acción judicial que emprende el Gabinete de Fernando López Miras, ya que este nuevo procedimiento se suma a la batalla por la devolución por los 85 millones del IVA de diciembre de 2017 y los tres recursos por los últimos trasvase. La cohabitación que protagonizan las coaliciones de Gobierno de España y de Murcia juegan su partida también los tribunales.
La portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal, explicaba este jueves que si en un mes el Ministerio de Transición no cortaba los aportes de agua dulce a través de la rambla del Albufón y el acuíferpo, presentarán un recurso por la vía contenciosa-administrativa. "Frenar esos nutrientes es esencial para recuperar el Mar Menor", señaló la consejera mientras exigía al Gobierno central que intervenga en un asunto que es de su competencia. Como paso previo, la Comunidad ha enviado un requerimiento formal al Ministerio que dirige Teresa Ribera. Si en una semana no hay respuesta, el Gobierno regional volverá a enviar otro requerimiento como ultimátum antes del recurso judicial.
Los análisis de los científicos avisan de que existe riesgo de que regrese la 'sopa verde' por la entrada de agua dulce a la laguna. Entran 350 litros por segundo como consecuencia de un alto nivel freático. Este volumen de agua de dulce impide que se recupere la salinidad de la laguna. Por tanto, las perspectivas que maneja el Gobierno regional para la albufera "son malas". Si el Gobierno de España "no hace nada, más pronto que tarde volveremos a ver el Mar Menor verde", advierten.
El Ejecutivo regional se siente "abandonado" por Madrid. Sostienen que la mayoría de las competencias sobre el Mar Menor corresponden al Estado y exigen a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que tome cartas en el asunto y actúe contra el llamado proceso de eutrofización que afecta a la albufera. "Lo recomendado es que descargue el freático, desvíe y trate las aguas que llegan por la rambla del Albufón y Miranda y establezca una red de infraestructuras para la gestión de estas aguas", exponen desde la Comunidad.
El Gobierno regional mantiene tres frentes judiciales abiertos en materia de agua. Son tres acciones tomadas ante las decisiones del Ministerio de Transición Ecológica sobre los recortes en el trasvase Tajo-Segura de los últimos tres meses. En noviembre, Murcia envió un requerimiento contra el Ministerio por autorizar un trasvase sólo para abastecimiento humano, pero no para regar. En diciembre, el Ejecutivo murciano planteó un recurso administrativo-contencioso por dejar sin agua para regar con la justificación del Mar Menor. Y, por último, en enero, se anunció otro recurso judicial por el trasvase de 16 hm3, inferior al que recomendó la Comisión técnica de explotación del Trasvase, que fijó en 20 la cantidad necesaria.
La Comunidad también ha activado el camino judicial en Hacienda. La Región tiene pendientes cobrar 85 millones del IVA de diciembre de 2017, que le adeuda el Gobierno de España. Tras conocerse que la ministra de Hacienda no iba a devolver estas transferencias, Murcia se sumó a otras comunidades y decidió recurrir a los tribunales.
La batalla por los tribunales no es sólo desde Murcia. También el Gobierno central también ha emprendido medidas judiciales contra Murcia. Lo ha hecho el ministerio de Educación, que envió un requerimiento al Gabinete murciano exigiéndole la retirada del 'pin parental'. La consejería de Educación ya ha respondido que no eliminará las autorizaciones para actividades complementarias, por lo que el Ejecutivo central recurrirá a los tribunales.
