La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFEMURCIA. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha remitido una carta a la consejería de Hacienda de la Región en la que informa de que retendrá las transferencias del Estado para hacer frente al pago a los proveedores. Se trata de la intervención ya anunciada por Murcia Plaza el pasado 15 de enero. El Ministerio analizará con la Intervención General de la Comunidad las facturas pendientes de pago y marcará los criterios de prioridad para reducir el tiempo de espera a los proveedores. Esta medida ya fue implantada a Aragón y Extremadura en 2017.
Para justificar la orden conocida este miércoles, el Gobierno esgrime el retraso medio de 76 días en el pago a proveedores, cuando la norma establece un máximo de 30. La Región acumula una deuda comercial que supera los 200 millones de euros y alcanzó hasta 80 días de plazo medio de pago en septiembre y octubre.
El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, ha calificado la medida del Ministerio como "extremadamente injusta, arbitraria, oportunista e irresponsable. Para Celdrán, el incumplimiento de pago "es un perjuicio provocado por el propio Gobierno de España" porque, argumenta, las demoras en el pago las causa la infrafinanciación y los atrasos en los jngresos a cuenta. La Región tiene pendiente 18,04 millones, correspondientes a los pagos a cuenta de 2018. Además, la Comunidad está a la espera de recibir 85 millones por la liquidación del IVA de diciembre de 2017, un concepto que la ministra ha señalado en varias ocasiones que no lo devolverá.
"Es perverso que el Gobierno diga que el modelo de financiación autonómica maltrata a la Región imponga ahora medidas de ajuste provisionales", dijo Celdrán. "Saben que lo único que nos permitirá cumplir con los criterios de estabilidad y sostenibilidad es un nuevo sistema de financiación autonómica".
Sin embargo, fuentes del Ministerio indicaron a Efe que la medida se ha adoptado después de haber realizado cuatro requerimientos al Gobierno regional desde 2016, en los que se advertía del incumplimiento "reiterado" de la legislación y al comprobar que han rebasado durante dos meses consecutivos el plazo máximo de abono de esas facturas.
Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la Región de Murcia está en el punto de mira del ministerio de Hacienda. La titular del departamento sopesó desde el primer momento la posibilidad de intervenir las cuentas de la Comunidad Autónoma, siguiendo el ejemplo de Andalucía (gobernada por PP y Cs), región a la que el Gobierno central impuso un plan de ajuste por los incumplimientos en ajuste del déficit, y le prohibió salir a los mercados para obtener financiación.
Murcia, al igual que otras comunidades -como Andalucía y Valencia-, cerró 2018 incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria. Aquel ejercicio acabó con un desvío del 1,3%, dos décimas menos que en 2017, pero el triple del objetivo marcado para ese año. El desvío alcanzó los 401 millones, frente a los 454 millones que dejó el año anterior. Y en octubre de 2019, la Comunidad cuadruplicaba el límite exigido, tras registrar un desvío del 1,29, frente al 0,3% exigido para todo el año. Además, la Comunidad acumula una elevada deuda, cercana a los 10.000 millones de euros, según el último dato del Banco de España.
Esta no es la primera vez que Montero dirige sus miradas a la Comunidad Autónoma. En noviembre pasado, la ministra, entonces en funciones, se mostraba tajante con las ayudas para la recuperación del Mar Menor y la reconstrucción de los daños provocados por la 'gota fría' y las condicionaba y las condiciona a que la Comunidad Autónoma recupere impuestos suprimidos o rebajados como es el de Sucesiones y Donaciones en 2018, como así informó Murcia Plaza.
