MURCIA. "Su pregunta tiene una fácil respuesta, señora Marín: por más que repita una mentira mil veces no se va a convertir en una realidad". Así, de esta forma, contestaba Fernando López Miras a la pregunta de la portavoz del Grupo Mixto y diputada de Podemos, María Marín, quien este miércoles en la sesión de control al presidente le planteaba si su grupo parlamentario estaba dispuesto a apoyar la creación de una comisión especial de investigación sobre los contratos de emergencia firmados en 2020 por el Sistema Murciano de Salud con una veintena de empresas a "fin de despejar dudas".
El jefe del Gobierno regional también se escudó en que él no es el portavoz del grupo parlamentario, por lo que le pidió que no "abuse de la benevolencia de la Mesa de la Cámara a la hora de hacer sus preguntas". Fue entonces cuando Marín sacó su artillería: "Mi trabajo es el control parlamentario al Gobierno". Y lanzó una batería de preguntas: "¿Por qué empresas de la construcción y de la promoción inmobiliaria sin experiencia en el ámbito sanitario recibieron jugosos contratos para la adquisición de mascarillas?", "¿Por qué algunos de esos contratos supusieron el 80% de su cifra de negocios", "¿Por qué una empresa dedicada al comercio de productos electrónicos suscribió hasta 27 contratos sanitarios por un importe de 2,5 millones?" y "¿Por qué a una empresa constituida exprofeso en marzo de 2020 y por tanto no podían acreditar experiencia se le adjudicó el mayor contrato de mascarillas por más de 3 millones de euros?".
"¿Se han pagado comisiones como ha sucedido con sus colegas de Madrid", se preguntó también la parlamentaria morada. Podemos está convencido de que puede existir un 'caso Almeida' en la Región, en referencia a la trama de comisiones millonarias en uno de los contratos de las mascarillas suscritos con dos empresarios que mediaron con el Ayuntamiento de Madrid. El partido, de hecho, ha elaborado un informe propio, analizando todas las adjudicaciones que se otorgaron durante los meses más duros de la pandemia.
Sin embargo, el presidente negó todas las acusaciones de Marín, que calificó de "mentiras" que "tratan de expandir sin pruebas ni indicios" y a las que ve una "orden del partido" para "distraer de los casos que está investigando la Fiscalía Anticorrupción". Y devolvió la pregunta lanzando la pelota al otro tejado: le mencionó que la Fiscalía investiga más de una decena de contratos del Gobierno central (del Ministerio de Transportes del señor Ábalos, del Ministerio de Sanidad del señor Illa, del Ministerio de Educación...) e incluso a familiares del presidente del Gobierno". Y añadió: el 7 de abril, siete altos cargos del Gobierno declaraban ante el juez por contratos en plena pandemia por más de 310 millones. "Supongo que serán artimañas para distraernos de esto".
Por ello, zanjó Miras, Marín "no puede contar" con él para jugar "a este juego poco ético e inmoral". Y apostilló: "Yo no me voy a distraer, no voy a ser de altavoz a su indigna forma de hacer política". El máximo mandatario aduce que "no hay ningún tipo de informe jurídico desfavorable ni requerimiento de la Intervención".
Para que una comisión especial de investigación se pueda constituir, se requiere, primero, que la Mesa admita la petición a trámite, y, después, que dé el visto bueno la Junta de Portavoces y lo fije en pleno. Es la propia Cámara quien lo decide en una sesión plenaria. Los grupos que sujetan al Gobierno (PP y los ex de Cs y Vox) reúnen una mayoría absoluta de facto, por lo que, salvo sorpresa, el Grupo Mixto tiene difícil sacar adelante su propuesta.
