MURCIA. Las aguas vuelven a su cauce. La irrupción del coronavirus en la Región de Murcia, un lejano 8 de marzo, abrió un periodo de tregua entre dos administraciones enfrentadas públicamente. El Ejecutivo de Fernando López Miras se ponía a disposición del mando único y pregonaba su lealtad al Gobierno de España. Pero las relaciones se han deteriorado paulatinamente, conforme la pandemia hacía estragos por todo el país si bien no se cebaba con dureza en el territorio murciano -con todo, el covid-19 se ha cobrado 139 vidas humanas en la Región-. Aunque la palabra "lealtad" se sigue escuchando, los términos empleados ya no son los mismos. Palabras como "maltrato" y "atraco", combinadas con "decisiones injustas y arbitrarias", han vuelto a ser entonadas por el Gobierno regional en sus reclamaciones a Moncloa. El escenario ha cambiado por completo.
El recrudecimiento de las críticas se producía especialmente esta última semana. La Comunidad conocía, por voz de la ministra de Hacienda, cuáles serían los criterios para el reparto de los 16.000 millones de euros extras anunciados por Pedro Sánchez para ayudar a las comunidades. La respuesta fue contundente: "Nos parece un insulto", clamaba la portavoz regional, Ana Martínez Vidal. Según los cálculos del consejero de Hacienda, Javier Celdrán, la Comunidad dejaría de percibir unos 250 millones, ya que la distribución de las ayudas priorizaría el 80% de los fondos para los territorios que han sufrido un colapso sanitario mientras que el 20% se destinaría en función de la población. "Penalizan la buena gestión y nos maltratan con el resto del país", recriminaba Celdrán.
El cruce de reproches no ha procedido sólo desde Murcia. También Moncloa pasó al ataque hace dos semanas: Pedro Sánchez aprovechaba una pregunta parlamentaria sobre los errores de su Gobierno para arremeter contra López Miras y le echaba en cara que se había subido el sueldo en plena pandemia y que la Comunidad había recortado en sanidad en su nuevo Presupuesto. El jefe murciano respondía con dureza, negando el aumento salarial -las cuentas recogen una equiparación salarial, ya que los consejeros percibieron en 2019 más dinero que el presidente, como así recoge el portal de la Transparencia- y acusaba al presidente de mentir. "Es una vergüenza que utilice el Congreso para difundir bulos", contestó.
El intercambio de golpes se repetía la pasada semana. De nuevo en la tribuna, Sánchez mencionaba a Miras en una de sus intervenciones para justificar la prórroga del estado de alarma: "En Murcia, una tierra que conoce bien [el ciezano] Teodoro García", afirmó Sánchez, "una de las quejas de López Miras es: 'Presidente, que los madrileños no hagan uso de su segunda residencia en Murcia'. De hecho, ha habido alcaldes que han anunciado el bloqueo de la llegada de madrileños. ¿Cómo puedo yo garantizar a López Miras que no va a haber una movilidad y un tránsito de madrileños a Murcia", señalaba. Acto seguido llegaba la réplica del murciano, esta vez vía Twitter: "Jamás he señalado la procedencia de quienes podían venir durante la pandemia. Lamento que Sánchez haya intentado de nuevo perjudicar a la Región con sus palabras".
La lucha contra la pandemia parecía haber apaciguado a dos coaliciones antagónicas -con PSOE y Podemos gobernando en Madrid y con PP y Ciudadanos haciendo lo propio en Murcia-, pero la cohabitación política vuelve a exhibir sus discrepancias. En su reunión con los alcaldes de la Región, el consejero de Hacienda exponía la lista de agravios sufrida por la Comunidad: "Se sigue maltratando a la Región", remarcaba Celdrán, mientras recordaba que la Región tiene pendiente cobrar los 85 millones del IVA de 2017 y los 18 millones en entregas a cuenta de 2018. "Y nos quitaron 31 millones para políticas activas", añadía, en referencia al recorte de Hacienda para las ayudas a las comunidades en formación laboral. No faltó además la clásica reivindicación: el sistema de financiación autonómica, que perjudica a Murcia. "Creíamos que los fondos nos iban a compensar, pero se ha visto que no...", remachó.
Cabe recordar que, a finales de enero, el Ministerio que dirige María Jesús Montero ordenó la intervención de las cuentas de la Hacienda regional para hacer frente al pago a los proveedores por su elevada morosidad. Otro choque sonoro tuvo lugar a cuenta del 'pin parental', cuyo caso está en manos de los tribunales. Por el momento, el TSJ ha suspendido cautelarmente los permisos parentales mientra estudia una resolución firme. Otro frente abierto es el agua: el Gobierno regional ha emprendido tres recursos judiciales por los trasvases de noviembre, diciembre y enero. Murcia también ha reclamado por la vía judicial la devolución de los 85 millones del IVA de diciembre de 2017 y la exigencia al Gobierno de España de que actúe en la Rambla del Albujón para frenar los vertidos de agua dulce al Mar Menor. En total, son seis procesos abiertos en los tribunales.
Con este precedente, la tregua era una meritoria excepción. Al final, las hostilidades reaparecieron. La paz entre Madrid y Murcia duró poco tiempo. O lo que es lo mismo: duró lo que la política quiso.