El PP arría velas en el Puerto

MURCIA. Desengañémonos: no existe la presunción de inocencia en política. Todo aquel que se plantee aceptar la responsabilidad de un cargo público debería tatuarse a fuego esta máxima. Siempre debería tenerla presente. Tampoco la deben olvidar los políticos en activo. Ya nada volverá a ser igual para Yolanda Muñoz, con independencia de cómo acabe la investigación judicial. Pero los indicios recabados por la Fiscalía Anticorrupción merecen todo el crédito del mundo y la instrucción, ya iniciada, debe seguir su curso. La duda estriba en si un responsable político puede compatibilizar su función pública con su defensa ante un juez. Los umbrales de exigencia se elevaron en 2015, al calor de la 'nueva política': ya no valía la apertura de un juicio oral, bastaba con una imputación. Esa exigencia, que tenía sus riesgos y sus excesos, se ha relajado con el paso del tiempo. Y hoy día conocemos políticos que lidian con declaraciones en los juzgados. Verbigracia: Pepe Vélez, a quien le espera una cita judicial el 17 de febrero. En su caso, ha recibido más de 80 denuncias, todas archivadas; todas procedentes de enemigos políticos, conviene advertirlo, y no de una Fiscalía Anticorrupción. Pero la duda persiste: ¿Es estético? ¿Es moral? No es fácil esa respuesta.

En el caso del Puerto, el PP ha dejado caer a la presidenta de la Autoridad Portuaria, que si por ella fuera se habría aferrado, convencida de que es "más fácil aclarar desde dentro que desde fuera". ¿Lo hace por convicción o por tactismo electoral? Cabría preguntarse cómo habría actuado el PP si este escándalo se hubiera conocido en 2020. Ahora las elecciones están a la vuelta de la esquina. Cualquier torpeza se paga cara. El asunto del Puerto es un lastre electoral, pura dinamita para los partidos de la oposición. Y bien lo sabe el PP de Noelia Arroyo, que percibe lo mucho que costará una victoria en la difícil plaza de Cartagena. Para ello ha tenido que posicionarse contra Muñoz, con quien formaba un binomio en Cartagena. Y bien lo sabe López Miras. Son los duros equilibrios de la política. Las lealtades no imperan y tienen poco valor en momentos de tensión. Esta vez fue Yolanda Muñoz, en quien confió en 2019 para darle uno de los puestos públicos más relevantes; una persona además fiel al partido y a la que ahora no ve más remedio que desligarse de ella. Otra vez fue su amigo Teodoro García Egea, a quien no tuvo más remedio que soltar la mano una vez que el ciezano había perdido su batalla en Génova.

El PP que persigue la mayoría contundente que le dan las encuestas tiene dos miedos: el Mar Menor y la corrupción. Es decir, teme que la laguna vuelva a gritar de auxilio en un momento inoportuno y teme también que aflore algún caso de corrupción en la peor de las coyunturas. Son sus debilidades. La oposición no ha tardado en lanzarse con el cuchillo en alto, exigiendo explicaciones y la comparecencia del presidente de la Comunidad. En este escándalo, López Miras ha guardado silencio, confiando en que no le salpique. Algo así como Mariano Rajoy. Pero a él, como último responsable de todo (Comunidad y partido), también tiene algo que decir en este asunto. Posiblemente lo haga, aunque con perfil bajo y echando balones fuera. Y confiará en que la velocidad de la actualidad relegue el tema y lo disipe. Así es también la política, un juego de tiempos y relatos. Y mientras tanto permanece el debate de si imputación y política son compatibles.