La candidata de Podemos a la Comunidad, María Marín, arropada por Leli García (Cartagena), Elvira Medina (Murcia), Victor Egío y Fernando Miñana. Foto: PODEMOSMURCIA. La investigación judicial en el Puerto de Cartagena ha abierto también una brecha política para Fernando López Miras. La oposición ha criticado el papel del presidente de la Comunidad desde que estallara el escándalo. "Es una vergüenza que López Miras siga sin dar explicaciones como responsable último de la presunta trama de corrupción del PP en el Puerto de Cartagena", criticaba la diputada socialista Carmina Fernández.
El caso ha adquirido una velocidad de vértigo. Hace tan sólo una semana saltaba la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción de la Región de Murcia preparaba una querella por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en la Autoridad Portuaria. La presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz, reaccionó negándose a dejar el puesto y anunció una auditoría interna y externa, convencida de que podía "trabajar desde dentro para aclararlo todo y colaborar con la Justicia". Sin embargo, pocos días después, el miércoles, el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena abría diligencias para investigar si entre 2015 y 2021 hubo irregularidades y tratos de favor en contrataciones de la Autoridad Portuaria. En concreto, la jueza imputaba a nueve personas -entre ellas, la presidenta del Puerto y uno de sus antecesores, el exconsejero de Obras Públicas Antonio Sevilla- por presunta prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y falsedad de documentos públicos. Al final, este viernes la máxima responsable de este organismo público arrojaba la toalla y pedía formalmente su relevo ante la intensa presión recibida.
Entre tanto, el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado por PP, Sí Cartagena y Cs, se mostraba a favor de pedir su dimisión. La propia alcaldesa, Noelia Arroyo, del mismo partido que Muñoz, y que un principio se limitó a pedir colaboración y transparencia con la Justicia, finalmente cambió de opinión al conocerse la apertura de una investigación judicial. Otros partidos reclamaban el cese desde el primer día: Podemos, Sí Cartagena y MC Cartagena. También se adhería Ciudadanos tras trascender la imputación.
Y tras seis días la Comunidad al final se pronunció. Lo hizo por boca de su portavoz, quien en una rueda de prensa se limitaba reflejar la opinión del Ejecutivo con un mensaje claro pero no explícito: "La presidenta de la Autoridad Portuaria estará a la altura de las circunstancias y tomará la decisión más adecuada", señalaba Marcos Ortuño. Sin apoyos de su propio partido, Yolanda Muñoz se había quedado sola y varada en el Puerto. Su adiós era cuestión de horas.
En todo este tiempo el presidente de la Comunidad ha permanecido en silencio ante este asunto. La Autoridad Portuaria es una institución que depende del Estado (del Ministerio de Fomento, hoy conocido como Ministerio de Transportes), pero su presidenta es un cargo propuesto por el jefe del Gobierno regional. En 2019 López Miras confió en Yolanda Muñoz para esta responsabilidad, igual que en 2018 hizo lo mismo con el hoy portavoz parlamentario del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado.
Una de las formaciones más implacables en las críticas y en la petición de explicaciones fue Podemos, que incluso este viernes se trasladaba a la sede del Gobierno regional para denunciar lo que consideran la "estrategia del avestruz con la que López Miras está evitando abordar la crisis desatada por el presunto nepotismo en su partido, escondiendo la cabeza a la espera de que pase el peligro". Así lo recriminaba María Marín, la diputada y candidata de Podemos a la Comunidad: "Esa estrategia no le va a funcionar, ya que cada día que pasa se hacen públicos nuevos detalles del funcionamiento del Puerto de Cartagena que sacan a la luz toda una trama plagada de prácticas presuntamente mafiosas".
Desde el PSOE, el principal partido de la oposición, también se han mostrado duros. Su portavoz parlamentario, Francisco Lucas, ya avisaba este jueves de que el líder del PP "tiene que dar explicaciones inmediatamente sobre lo que está sucediendo en el Puerto de Cartagena", pues a su juicio "él es el responsable último". Tras comunicarse la marcha de Muñoz, la parlamentaria del PSOE Carmina Fernández exigía de nuevo su comparecencia: "Debe dar la cara y dejar de esconderse".
Ciudadanos, por su parte, reclamaba al máximo mandatario de la Comunidad que abriera una investigación para "depurar todas las responsabilidades de esta presunta trama corrupta del PP, para que ningún corrupto quede impune". A juicio de los naranjas, "los murcianos no merecen que el Gobierno muestre indicios de corrupción" y esperaban que "los murcianos tomen buena nota de esto". En un comunicado de prensa, arguyen que es una "dimisión forzada" por el jefe del Gobierno regional "tras ocho larguísimos días" y que, esgrimen, llega "por motivos electorales y no por convicción de que algo se ha hecho mal" .
E incluso Vox movía ficha. Su candidato en Cartagena, Diego Salinas, que lamenta "el daño para la imagen de Cartagena", se unía a las petición de comparecencia urgente del presidente. Desde Vox también apuntan hacia el Gobierno central. En concreto, sus diputados murcianos (entre ellos el candidato a la Alcaldía de Murcia, Luis Gestoso) registraban en el Congreso una lista de preguntas por presuntas irregularidades de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Las cuestiones registradas son las siguientes: ¿Está haciendo seguimiento el Gobierno del caso expuesto? ¿Ha autorizado el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena la realización de dos auditorías para esclarecer los hechos? ¿Ha recibido la Intervención General de la Administración del Estado la solicitud formal por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena para realizar una auditoría para esclarecer los hechos?
