CARTAGENA. Yolanda Muñoz ya es historia. Ayer presentó una dimisión como presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena que estaba más que cantada, después de que hasta sus compañeros de partido pidieran su salida. Solo había que esperar que cayera como fruta madura y en la tarde de ayer, comunicó que se apartaba; presentó su dimisión. "Lo hago convencida de que es la mejor decisión en este momento y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad, así como de la Región de Murcia, ante aquellos que pretenden aprovechar políticamente y sembrar confusión tras las denuncias presentadas, a la vez que poder aclarar ante la justicia aquellos hechos que se investiguen", decía en una carta enviada a los medios de comunicación.
Las luces de su gestión de puertas para afuera se convirtieron en sombras dentro del magno edificio junto a Héroes de Cavite. La ya expresidenta no fue capaz de gobernar con la misma diligencia los 360 grados de su responsabilidad y los trapos sucios no los supo lavar en casa, algo que ha acabado pasándole factura, ya que ha sido desde dentro y sus propios trabajadores los que han destapado estas presuntas irregularidades que le han hecho caer en desgracia como dirigente portuaria.
Su discurso, cuando arribó a las aguas portuarias, fue esclarecedor. Decidió poner en marcha el gran proyecto con el que dejar su legado en Cartagena: Plaza Mayor. Las obras, con un presupuesto de cerca de 30 millones de euros, revolucionarán la fachada marítima de Cartagena con una idea que pretende acercar el puerto a la ciudad.
Pero, sin duda, su apuesta ha sido Barlomar: 58 hectáreas ganadas al mar y 822 millones de inversión en una nueva terminal polivalente en el puerto de Escombreras, capaz de incrementar tanto el número de barcos con destino al puerto en un 23,5%, como también la capacidad de almacenamiento, que alcanzará hasta los 180.000 metros cúbicos de cereales. También contará con una conexión ferroviaria.
Mientras los proyectos se asentaban, los tráficos crecían y se diversificaban: el movimiento de granel ganaba enteros, así como el cereal, el transporte de eólicas o las nuevas rutas que partían hacia Reino Unido, Francia o Gran Canaria. A pesar de las restricciones portuarias, la llegada de cruceristas ha aguantado muy bien el tipo y para este 2023 los contratos cerrados con las navieras alcanzan más de 160 escalas y 200.000 turistas. A ello hay que añadir las obras de mejora del muelle rebautizado como Juan Sebastián de ElCano.
A Muñoz le ha tocado una época señalada por la pandemia, pero reacciona rápida, pone en marcha, en abril de 2020, un plan de recuperación económica con 200 millones de euros, que contempla 50 actuaciones dirigidas a la ejecución de actuaciones globales de ingeniería completa en el puerto y su integración con la ciudad. Sale del escollo de dos años con restricciones en los tráficos y logra mantener el pulso superando los 30 millones de toneladas movidas.
En este pasado 2022 ha logrado batir todos los récords habidos, con más de 37 millones de toneladas, seis más que en 2021. Más concesionarios quieren trabajar en los muelles, principalmente en Escombreras. Todo parecía funcionar como un reloj suizo, y la conexión puerto-ciudad estaba más sincronizada que nunca: nuevos espacios, mejor movilidad, emprendimiento hostelero...
Pero mientras el sol brillaba en el Puerto, las nubes que anunciaban tormenta acechaban en los despachos. En el verano de 2021 un trabajador de la Autoridad Portuaria de Cartagena se negó a dar el visto bueno a un informe técnico en una licitación que servía para contratar determinados servicios informáticos. Adujo que uno de los licitantes había presentado mejor oferta que a la empresa a la que se le iba a dar dicho contrato. Su negativa le supuso la suspensión de un mes de empleo y sueldo. El trabajador decidió acudir al comité de empresa de la APC para exponer su caso y su preocupación por las supuestas coacciones que había recibido.
Mientras que de puertas para afuera todo han sido elogios y parabienes, el ambiente dentro de las paredes de la sede de la APC no dejaba de enrarecerse. El comité de empresa, al menos así lo denuncian ellos, estaba cansado de encontrarse con una jefa que no negociaba ni pretendía hacerlo, por lo que la oportunidad se la pintaban 'calva' cuando el empleado díscolo fue a verlos.
En el mes de agosto de 2021 se marcharon a la Fiscalía porque ya en ese momento, el asunto "huele que apesta", decía Diego Zaplana, miembro de dicho comité de los trabajadores. A partir de entonces, el fiscal ordenó a la Policía Judicial que iniciase una investigación de seis meses, que se amplió otros seis meses más. "La molla estaba en los testigos, quienes adjuntaron las pruebas suficientes para demostrar lo que nosotros sospechábamos": las presuntas irregularidades que ahora la acusan a ella, al expresidente Antonio Sevilla y a algunos de los trabajadores.En septiembre de 2022 se traslada a Fiscalía y a comienzos de este año se comunica que se marcaba la investigación tras la denuncia.
"Esta señora funciona como lo hacían en Sicilia", sentenciaba este pasado jueves Zaplana; después, ya conocemos el desenlace.
