CARTAGENA. La inmigración ilegal y el respaldo o rechazo de las administraciones regionales y municipales se ha convertido en el caballo de batalla que Vox ha utilizado para sus estrategias políticas a medio y largo plazo. La salida del partido de los gobiernos en varias comunidades autónomas, donde gobernaba en coalición con el Partido Popular, ha llevado la atención hacia los pactos municipales donde ambos partidos aún gobiernan juntos. En la Región de Murcia, además de Cartagena, Vox gobierna con los populares en municipios como Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, La Unión, Puerto Lumbreras, Yecla y Alhama de Murcia.
En Lorca, Vox ha presionado al Partido Popular para que elimine las ayudas municipales a la organización no gubernamental Cepaim, acusándola de "colaborar con la inmigración ilegal", según afirmó el líder regional de Vox, José Ángel Antelo. Además, Antelo advirtió que romperían el pacto si se firmaba el convenio con dicha ONG. Finalmente, Vox consiguió que no se suscribiera este acuerdo. "Donde Vox está, no se colabora con la inmigración ilegal", sostiene Antelo de manera tajante. "Vox no permanecerá en aquellos ayuntamientos que colaboren con la inmigración ilegal, ya sea firmando convenios con ONGs involucradas en el tráfico de seres humanos o cediendo terrenos para centros de menores extranjeros no acompañados (MENAS), CETIs o cualquier otro centro de inmigrantes".
En Cartagena, Vox se mantiene a la expectativa, esperando a ver qué sucede, mientras que el Partido Popular sigue firme, al menos por ahora, en su intención de mantener las ayudas a las ONGs que desarrollan proyectos relacionados con la inmigración. La oposición, por su parte, observa de cerca los acontecimientos. El líder municipal del PSOE, Manuel Torres, cuestionó el pasado mes de julio si el Gobierno municipal continuará colaborando con el Ministerio de Inclusión y Migraciones, tal como se comprometió durante la visita de la directora general de Migraciones. Cabe recordar que este ministerio alberga a cientos de inmigrantes llegados a las costas de Gran Canaria en el antiguo hospital Naval de Cartagena. Accem es la ONG designada por el Gobierno de España para atender a estos inmigrantes. El PSOE buscaba saber si el gobierno local seguirá apoyando, con recursos y financiación, a estas organizaciones que trabajan con inmigrantes ilegales y, posteriormente, conocer cuál sería la respuesta de Vox y si rompería el pacto tras esta decisión.
El concejal del equipo de Gobierno, Nacho Jáudenes, respondió que la colaboración continuará y afirmó que “usted sabe”, dirigiéndose a Manuel Torres, “que no vamos a exigir al Ministerio nada que no se haya comprometido a cumplir. Imagine lo distinta y fácil que sería la política si todos nos dedicáramos a ayudar a los demás a cumplir sus promesas. Este gobierno colabora de manera leal con todas las administraciones cuando se trata de cumplir la ley y servir a los intereses de los ciudadanos. Le recuerdo que este es uno de los pocos ayuntamientos en España que ha cedido instalaciones municipales para acoger a refugiados. Eso es colaboración. Lo que no vamos a hacer es ayudar a incumplir las leyes ni a resolverle al Ministerio sus problemas. Para cumplir la ley y resolver los problemas de Cartagena, toda nuestra colaboración estará disponible".
El edil popular dejó claro, entonces, que las ayudas a las ONGs que trabajan con la inmigración se mantendrán, al menos por ahora.
¿Y qué dice Vox ante esta postura de sus socios de gobierno?
El portavoz municipal de Vox, Gonzalo López Pretel, asegura que su partido “no está en contra de la atención social a las personas necesitadas”, pero discrepa de las “políticas que favorezcan la inmigración ilegal y que provoquen un efecto llamada”. En el caso de Accem, o cualquier otra ONG, aclara que "puede tener la actividad que considere adecuada; lo que Vox no puede hacer es firmar un convenio con ellos que implique una aportación económica o material si el objetivo de ese convenio es favorecer la inmigración ilegal".
Desde Vox explican que el convenio de Accem es anterior a su entrada en el Gobierno municipal, pero advierten que cuando llegue el momento de su renovación, “veremos para qué se destinarán las partidas. El uso del dinero es lo que no podemos aceptar, no quién lo gestione; cada proyecto es distinto. Cruz Roja, por ejemplo, tiene proyectos que no financiaríamos y otros que sí; con Accem ocurre lo mismo”.
En resumen, Vox vigilará el destino de las subvenciones a las diferentes organizaciones para presionar a sus socios e interrumpir dichas ayudas o, en caso de que se mantengan, seguir el ejemplo de los diputados regionales y abandonar el equipo de Gobierno. Pronto se verá qué decisión toman.
